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Mikel Noval
Mikel Noval

Hacienda somos todas y todos

2015/06/04
El Fiscal Superior del País Vasco ha archivado las diligencias abiertas tras la denuncia persentada por ELA para que se investigase la actuación de las Haciendas Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que tardaron 8 años en cumplir la sentencia que les obligaba en 2006 a recuperar las denominadas vacaciones fiscales. Como su nombre indica, las vacaciones fiscales eran un régimen fiscal muy favorable aplicado a determinadas empresas, a las que se eximía de pagar impuestos. O sea, un regalo a las empresas.

El Fiscal ha dado por acreditado que “es incuestionable que se produjo un incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, lo que ha conllevado una multa de 30 millones de euros, que ya ha sido pagada”. Según la Fiscalía, “los responsables de las haciendas de los tres territorios obraron incorrectamente tras ser requeridas para el cumplimiento íntegro de la sentencia.., lo que al final ha sido pagado por la Hacienda, es decir, por el dinero común de los ciudadanos...”

La Fiscalía ha archivado las diligencias cuando estaba a punto de cumplirse un año desde que ELA presentó la denuncia. La aceptó a trámite, y solicitó informes a las Diputaciones, al Gobierno Vasco y a la patronal. Estos informes, solicitados a las partes denunciadas, trataban de justificar que las haciendas habían actuado correctamente. Es de suponer que nadie esperaba una autoinculpación de las propias haciendas o un reconocimiento de Confebask de que, como declaró en su día el Diputado de Hacienda de Bizkaia, las Diputaciones “habían hecho lo que les pidió Confebask” (es decir, no solicitar la devolución del dinero ahorrado por las empresas).

La cuestión de fondo es que por beneficiar a las empresas hemos tenido que pagar 30 millones de multa entre quienes contribuimos a Hacienda (es decir, sobre todo hemos pagado los trabajadores y trabajadoras). Es inaceptable que nadie haya asumido ninguna responsabilidad política. Y también es inaceptable que una actuación de este tipo (yo la lío y no pasa nada, que hacienda somos todas y todos), se salde sin responsabilidad de ningún tipo. Es una muestra evidente de cómo el sistema protege a quienes llegan incluso a incumplir la ley para ponerse al servicio de la patronal.

El archivo de las diligencias se basa en que no era tan fácil recuperar las ayudas, que era una cuestión compleja. Es imposible creer que las haciendas incumplieron su obligación de recuperar el dinero sin saber que cometían una infracción. El propio Fiscal lo reconoce implícitamente, al señalar que cuando en 2013 el Tribunal Europeo estableció que se iba a imponer una multa cuya cuantía aumentaba día a día si no se recuperaba ese dinero, las haciendas se pusieron manos a la obra, y en unos pocos meses sí pudieron conseguir que las empresas devolviesen ese dinero. Lo que era imposible se hizo posible por arte de magia.

Pero el tema no va terminar con este archivo. Al final las empresas han tenido que devolver el dinero, con importantes intereses, lo que les ha llevado en varios casos a interponer demandas ante las haciendas. Está por ver el resultado final de las mismas. Habría estado bien que el Fiscal, sin duda conocedor de estas demandas, hubiese llamado a declarar a los responsables de las empresas para conocer si las Diputaciones les habían solicitado la devolución en su día, si les habían dicho que estuviesen tranquilos. Na vaya a ser que hubiese habido quienes querían devolver el dinero y se hubiesen encontrado con la ventanilla de hacienda cerrada para ese ingreso.