Tresna pertsonalak

Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Mikel Noval
Mikel Noval

Se pueden crear 100.000 puestos de trabajo en los empleos verdes

2016/02/09
Todos los datos apuntan a que va a seguir aumentando la precariedad en el empleo. Esto significa más temporalidad (la tasa de temporalidad está creciendo con fuerza), más empleo a tiempo parcial (el 16,8% de la población ocupada lo es a tiempo parcial; este porcentaje llega a casi el 30% entre las mujeres), más flexibilidad laboral, menos derechos, generalización de los empleos con bajos salarios y consiguiente incremento del colectivo de trabajadoras y trabajadores pobres.

Esta situación afecta en especial a los colectivo que socialmente son más vulnerables: las mujeres, las personas jóvenes o las personas inmigrantes.

Por su parte, las instituciones (incluídas todas las de Hego Euskal Herria) han destruido miles de puestos de trabajo, empeorando la calidad de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación.

Además, las sucesivas reformas laborales no han tenido como objetivo crear empleo, sino que buscan un aumento de los beneficios empresariales a costa de una reducción de los costes salariales. En Euskal Herria pasa lo mismo que denuncia Intermón Oxfam en su último informe: un incremento de las desigualdades, un enriquecimiento injustificado de una minoría y un empobrecimiento de la mayor parte de la población. Para ello se ha dado un poder creciente a la decisión unilateral de las empresas. Como consecuencia de ello se produce la precarización del empleo mencionada en el punto anterior.

ELA ha puesto sobre la mesa sus propuestas para crear empleo de calidad y transformar el sistema económico desde una perspectiva social y ecológica. Hay que reducir de manera importante la jornada laboral; acabar con la precariedad (por ejemplo, llevamos a cabo una ILP para garantizar la subrogación en las subcontratas públicas y evitar la licitación a la baja, que se hace a costa de empeorar las condiciones de trabajo); invertir en sectores que supongan empleo y bienestar (sanidad, educación, servicios sociales); se pueden crear 100.000 puestos de trabajo en los denominados empleos verdes.

Todas estas propuestas son factibles, pero ni gobiernos ni patronal quieren avanzar en la dirección adecuada, ya que hacerlo supondría cuestionar el paradigma actual de que hay que aumentar la competitividad empresarial a costa de recortes salariales.

Sabemos que nadie nos va a regalar nada. Por eso ELA también plantea la organización de la clase trabajadora para la lucha por una distribución de la riqueza justa y por un nuevo sistema económico y social.

Las instituciones no han desarrollado políticas para dar respuesta a la crisis. Lo que han hecho son políticas que han generado y agravado dicha crisis (el fomento de la especulación, la desregulación bancaria, la comandita con los poderes económicos y financieros, las políticas de ajuste, de recortes presupuestarios, etc.).

En realidad, han aprovechado la crisis para debilitar aún más el poder de la acción colectiva, el poder de las organizaciones que representamos los intereses colectivos (sean sindicatos u otros movimientos sociales). Han recortado los derechos laborales y sociales, debilitado el valor de la negociación colectiva, avanzado en la criminalización de la protesta laboral y social. Su objetivo, obviamente, no ha sido dar respuesta a la crisis, sino establecer de cara al futuro unas relaciones de fuerzas más desequilibradas en las que se reduce el poder de las clase trabajadora y se privilegia al poder económico y financiero.

ELA va a seguir defendiendo y organizando a los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones de trabajo y para hacer frente a la precariedad laboral en sus distintas vertientes. Para ello va a analizar cuál es el ámbito que mejor responde en cada caso a ese objetivo. En todo caso hay que recordar que entre los cambios producidos en las reglas de juego de la negociación colectiva se encuentra que es posible no aplicar en las empresas el convenio sectorial. ELA no va a firmar convenios que no tengan garantías de aplicación.