Derecho a decidir… también en la economía

En 1995 pasé unas semanas en el Ecuador. Fui a visitar a mi amigo de la infancia, médico, que llevaba ya unos cuantos años perdido en la Amazonía ecuatoriana, en el río Napo, principal afluente del Amazonas. El lideraba un plan de salud con los indígenas de la zona, los naporunas.

Durante ese tiempo realizaba también diversas investigaciones sobre la extracción y los derrames de petróleo en esa zona oriental de Ecuador. Años más tarde declararía como perito en el primer juicio celebrado fuera de los EEUU contra una multinacional petrolera americana, la Texaco, por daños ambientales ocasionados también fuera de su país.

De la ciudad del Coca, en el Oriente, nos desplazamos 300 kilómetros en una canoa, para encontrarnos con las comunidades de naporunas. En Ecuador hay más de 10 etnias y naciones. Yo estuve entre los naporunas, pero conocí también a etnias como los Huaorani y Siona-Sequoya.

Descubrí algo muy interesante allí. Algunas de esas naciones y etnias, reivindicaban el derecho de autodeterminación. Y entonces pensé: “Vaya, estos también son abertzales. Se querrán separar de la República del Ecuador”. Es el caso, por ejemplo de los Tagaeri. Pero luego supe que ellos en absoluto pretendían separarse de la república.

Y entonces, me decía yo, para qué reivindican el derecho de autodeterminación. Yo no lo podía entender.

Pues bien, los tagaeri, entre otros, tenían y tienen un problema de poder, un problema de poder real. Otros que no son ellos toman gravísimas decisiones sobre sus tierras, como son los colonos, las compañías petroleras, los militares, los que cultivan la palma africana y queman la selva, o los madereros. Y como consecuencia de las decisiones que toman esos colectivos, esas empresas, ellos no pueden hacer viable su modo de vida, su cultura, adaptado al Yasuní, a su territorio, un modo de vida que han heredado desde tiempos inmemoriales.

Como comunidad, como nación, como sociedad… ellos necesitan –es cuestión de vida o muerte– poder decidir sobre cómo explotar su tierra, cómo hacer uso de ella, de su agua, de sus recursos, y hacer su vida de esa manera sostenible. Y para ellos, el derecho de autodeterminación, es la percha jurídica, el instrumento legal y democrático, para poder decidir como colectivo, como nación, como etnia, sobre las cuestiones con las que se están jugando su ser, su futuro, su presente como sociedad.

Para ellos el derecho de autodeterminación por tanto no es un derecho para separarse de nadie, sino un derecho para unirse y comprometerse más  y mejor entre ellos mismos y con su tierra; el derecho de autodeterminación no es un derecho para dividir a la comunidad, sino precisamente para hacer posible su cohesión, en sí misma y con la naturaleza; el derecho de autodeterminación no es para ser irresponsables, sino precisamente para responsabilizarse y tomar las riendas de su presente como comunidad, para decidir responsablemente sobre las condiciones vitales suyas y de sus descendientes.

Para mí aquella experiencia, aquel viaje, fue del todo reveladora. Me permitió desde entonces entender de una manera distinta lo que tiene que ver con el derecho a decidir y el derecho de autodeterminación. Y me permitió, por primera vez en mi vida, hacer coherente el principio de democratización radical y lo que tiene que ver con la justicia social. Aquellos miles de kilómetros recorridos, políticamente, no fueron en balde. Aprendí algo muy importante: que el derecho de autodeterminación es tan sólo un instrumento, para decidir como comunidad sobre las cuestiones que nos afectan. Ni más ni menos.

No sé si conocéis una obra de Joseba Sarrionandia que se llama Moroak gara behelaino artean. En esa obra monumental, Sarri utiliza una imagen, una metáfora tomada de la Grecia clásica: dice que es preciso vaciar la plaza pública, para que los ciudadanos y ciudadanas podamos ocuparla, y de esa manera ocuparnos de lo que nos afecta, tomar las riendas de nuestra vida, colectivamente. Es preciso echar de la plaza a los poderosos, a los corruptos, a los violentos, a los que nos amordazan y amenazan, para que como ciudadanos ocupemos la plaza pública.

Me parece una imagen muy sugerente. De eso se están ocupando los Tagaeri, tratando de ocupar su plaza, el parque natural Yasuni, ganando su soberanía a los madereros, petroleros, militares o colonos que no les respetan. Porque de lo que se trata es de recuperar la soberanía, ante los que nos han robado la soberanía sobre nuestra propia vida, sobre los medios para garantizar nuestra propia vida.

Y hablando de tomar las riendas…. ¿Tenemos las riendas sobre nuestra propia vida?

Permitidme dar un salto en el tiempo. Para recordar algo: que en esta crisis de la que estamos obligados a hablar, no sólo nos están robando nuestros recursos… Nos están robando la soberanía, también como sociedad, como nación, como colectivo.

En esta crisis, nos han robado todo… y sobre todo la soberanía

Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Partimos del crack de la llamada burbuja inmobiliaria. Digo llamada, porque la burbuja en cuestión no era más que eso, una burbuja especulativa cuyo objeto no era, ni mucho menos, satisfacer una necesidad humana como es la vivienda, sino proceder, ordenadamente, a un incremento artificial de su precio a través de un endeudamiento masivo, para enriquecimiento de una minoría.

Al estallar la burbuja se podía haber tomado una decisión política: salvar las familias, a las personas endeudadas que no pueden hacer frente a sus créditos. Esto habría sido lo más barato, además de la más justo, pero se decide hacer otra cosa. Se podían haber salvado también muchas empresas. Como los bancos tienen que devolver ingentes cantidades de dinero (el que utilizaron para inflar la burbuja), y como la consecuencia inmediata del crack es que los bancos deciden no prestar ni prestarse entre ellos más dinero, lo que deciden en sede política es que conviene dar ingentes cantidades a la banca, para que esta purgue sus deudas y haga circular el crédito nuevamente.

Los estados no tienen dinero guardado para darlo de esta manera. Lo que hacen es emitir deuda, que no es más que un papel, un papel que se vende por una cantidad determinada, y por el cual el estado se compromete a dar un determinado beneficio al cabo de un tiempo. Los ahorradores, o mejor, la propia banca y los fondos de inversión, compran esa deuda y se garantizan el compromiso público de que les será devuelto con un determinado interés.

Es decir, la decisión política fue cubrir una enorme deuda privada (la de la banca) con emisión de deuda pública. Se podía haber salvado, insisto, a las familias insolventes. Se podía haber abierto líneas de crédito para las empresas. Pero nada de eso se ha hecho. Lo que se hace es poner ingentes cantidades de dinero en la banca para que cubra su deuda. ¿Y qué creéis que ha hecho la banca? Pues ha hecho lo previsible… En vez de poner ese dinero en circulación, lo que ha hecho es, por un lado, ir saldando sus deudas con la banca internacional; y por otro, ¡comprar la deuda pública emitida para salvarles a ellos! Es decir, les damos dinero de todos a poco más del 0%, y ellos nos compran deuda que va a tener una rentabilidad marcada por la llamada prima de riesgo, ese índice criminal establecido por los mismos psicópatas que, en el caso de Grecia, llegó a superar el 15%.

¿Y ahora qué toca? Ahora toca pagar la deuda. Y para hacerlo sólo hay dos vías, como todos sabéis:

se aumentan los ingresos o

se recortan los gastos de las instituciones públicas.

Básicamente, podemos decir que se ha optado por la vía del recorte. Es cierto que se han subido los impuestos, sobre todo los más injustos, como el IVA, que pagan igual ricos y pobres. Pero el impacto de la subida de impuestos en los ingresos ha sido pequeña, por la caída del crecimiento económico. Por eso, lo más relevante han sido los recortes.

En materia de recortes no hay mucho misterio. Todos estamos de acuerdo en recortar partidas como las de la casa real, pero desde el punto de vista presupuestario eso resulta irrelevante. Las partidas que pesan sobre el presupuesto son las sabidas: sanidad, educación, salarios de los empleados en la función pública (funcionarios, laborales, interinos…), y todo el conjunto de prestaciones de la seguridad social (desempleo, pensiones de jubilación, etc.). Estas son las principales partidas, y esto es lo que se está recortando. Porque de lo que se trata es de pagar entre todos la deuda privada de la banca.

Pues bien, en estricta aplicación de esa doctrina del shock, el discurso a partir de 2010 ha cambiado radicalmente. Mientras que antes estaba claro que la culpa de la crisis estaba en el comportamiento de las instituciones financieras, ahora se ha conseguido cambiar el discurso para poner la atención, básicamente en los salarios. Quiero subrayar que cuando digo salarios, me refiero a la totalidad de los capítulos del salario: al neto mensual (1) que es el sustento diario de los y las trabajadoras y sus familias; a las cotizaciones (2), es decir, los derechos de protección social de presente y de futuro, tanto de los activos como los inactivos (mayores, niños, incapacitados); y a los impuestos (3), básicamente el IRPF, es decir, el sostenimiento de los servicios públicos de interés general. Para completar el ataque al salario, se ha procedido, en el curso de tres años a tres reformas laborales (modificación a la baja de la legislación laboral); a dos reformas de pensiones; y a dos reformas de la negociación colectiva, que, casi sin que se dé cuenta la sociedad, han dejado el mercado laboral a los pies de los leones.

Y, por si todo esto era poco, se está entregando a la banca, la mitad del negocio financiero del estado, que estaba en manos de las cajas de ahorro. Quedaba poco por privatizar. Yo no voy a hacer una defensa de lo que ha sido la gestión de las cajas, donde han abundado los ejemplos de corrupción, pero eso no justifica la decisión política de entregar ese capital acumulado por generaciones de trabajadores, familias y empresas a las entidades financieras privadas.

Las consecuencias estas políticas de shock que se han puesto en marcha son conocidas: paro, pobreza, y un incremento increíble de las desigualdades. Ahora, estas semanas, se está poniendo mucho énfasis en cualquier indicador macroeconómico que pueda interpretarse como una buena noticia. Pero abundan los datos que están certificando el incremento de la pobreza, la falta de protección social la caída salarial y, sobre todo, el aumento increíble de las desigualdades.

El recorrido que hemos hecho, pretende, esa era mi intención, subrayar en que se podían haber seguido otros caminos en la gestión de la crisis. Como se señalado, se podía haber optado por salvar a las familias y a las empresas, y solventes estudios económicos indican que habría sido no sólo mucho más barato, sino que además habría permitido no enviar al paro a tanta gente. Se podía haber publificado la banca rescatada: si pagamos el rescate ¿por qué no podemos ser colectivamente los propietarios? Se podía haber optado por subir las cotizaciones y los impuestos, y éstos de manera progresiva (pagando más quien más tiene), pero se ha hecho lo contrario. Se podía haber incrementado el gasto social, en vez de rebajarlo… y en vez de modificar la “inmutable” constitución española que obliga al estado a pagar antes a los acreedores que a los ciudadanos y ciudadanas necesitadas de servicios públicos.

No habría sido posible gestionar esto así sin un ataque brutal a la democracia

Llegados a este punto surge una pregunta inevitable: ¿cómo se ha conseguido desmontar en 3-4 años lo que ha costado más de 35 años construir?

Pues bien, yo creo que todo esto no habría sido posible si al mismo tiempo, no se hubiese puesto en marcha un programa sistemático de destrucción de la propia democracia. Creo que esta reflexión es importante. Yo no voy a hacer una defensa de la democracia que conocemos o hemos conocido desde la transición política: una democracia tutelada por poderes fácticos y de muy poca calidad.

Lo que quiero señalar es que era aún empeorable, y que están en ello. Yo entiendo por democracia un sistema que interpone resistencias a las prácticas arbitrarias y violentas del poder político y económico. Esos mecanismos son bien conocidos: la separación de poderes, el sufragio popular, el imperio de la ley (igual para todos), la existencia de medios de comunicación públicos y la regulación de los privados, las libertades (huelga, sindical, de opinión….). Los mecanismos de participación social y política forman parte también del entramado democrático.

La propia crisis además tienen un efecto antidemocrático que no se subraya lo suficiente: el empobrecimiento y el paro obliga a millones, por necesidad y miedo, a acatar en silencio las mayores vejaciones, humillaciones y explotación laboral. Hay que recuperar para nuestro acervo que la crisis pone en crisis la propia democracia, o que no hay libertado política sin un mínimo garantizado de bienestar social y económico.

Pero además de ello hemos de subrayar, como decía, otras averías que están teniendo lugar. Yo voy a citar cuatro:

• La primera en el propio parlamento, a partir de la generalización de la figura del decreto (figura legislativa excepcional) como el procedimiento ya ordinario para ejecutar las reformas que tienen que ver con recortes de derechos sociales.

• En segundo lugar, la progresiva, acelerada, concentración y privatización de los medios de comunicación hegemónicos, mayoritariamente en manos de entidades financieras.

• En tercer lugar, la financiación de los partidos. Permitidme una pequeña provocación. Todos hemos escuchado lo del caso Bárcenas y lo de los sobresueldos de los dirigentes del PP. Pues bien, que los políticos tengan sobresueldos no pone en crisis la democracia. No digo que esté bien ni que no haya que perseguirlo. Lo verdaderamente grave, y sobre lo que no se está poniendo la luz, es el origen de ese dinero. ¿Por qué las empresas dan dinero a los partidos? No tiene nada que ver con la militancia política. Las empresas dan dinero porque en sede política se deciden las adjudicaciones públicas; los concursos; las privatizaciones; y de esa manera se engrasa la llamada puerta giratoria, es decir, el trasvase bidireccional entre cargos políticos y empresariales. Dan dinero también porque en sede política se regula, por ejemplo lo que tiene que ver con las energías, etc. Que más de treinta exministros además de otros muchos cargos también en nuestro país estén en las empresas energéticas no es casualidad. Estaremos de acuerdo.

• En cuarto lugar, entorpecer a tope el espacio de la protesta y de la acción reivindicativa. Ahí está la ley de seguridad ciudadana, y ahí están las modificaciones que se han hecho en el plano de la negociación colectiva, para limar la efectividad, la eficacia del sindicalismo.

Si esto es así, estaremos también de acuerdo, en que nos encontramos en la misma tesitura que los Tagaeri, y nos vale también la metáfora de Sarrionandia: es preciso que ocupemos la plaza pública, echar también de nuestras plazas a los madereros, petroleros, y demás gentuza que nos roba la soberanía.

No se trata sólo de que el estado nos niega el derecho a decidir nuestras relaciones con el estado, sino que estamos inmersos en un proceso terrible de asalto a la soberanía de los pueblos.

No todo es negativo… Grecia, Cataluña, Escocia

La mayoría de la gente que se ha unido a la iniciativa Gure Esku Dago ha mirado o está mirando de una manera u otra a Cataluña y Escocia y no con poca envidia. Creo que algunos menos miramos a Grecia.

Yo creo que tenemos que dar mucho valor a lo que ha pasado o está pasando en Grecia.

Yo no soy especialmente optimista, pero es un hecho que por primera vez en la historia de Europa, un pueblo, el pueblo griego, ha mandatado a su gobierno a que termine con las políticas de austeridad. Eso significa que por primera vez en la comisión europea se va a sentar un gobierno que rechaza la doctrina dominante.

Nadie sabe lo que va a pasar en Grecia. Yo no sé si el pueblo griego va a ganar. Sé que las amenazas son enormes: de Alemania, del BCE, del FMI… Pero también sabemos que allí hay una situación de emergencia humanitaria, que Grecia no puede pagar la deuda que le han imputado, y sabemos que para la UE también es un enorme problema expulsar a Grecia

Lo relevante es que millones de personas han decidido que otra política debe ser posible y que en Grecia han empezado a hacer otras políticas. A mí no importante quién está en el gobierno. Lo que nos importa es lo que ha conseguido la lucha popular.

Pero si miramos a lo acontecido en el último año en Grecia, Cataluña y Escocia vemos que en los tres casos coexisten reclamaciones diferentes como la identidad nacional, la democracia y la justicia social. Pero la aspiración a mayores cotas de justicia social constituye el elemento más central y más cohesionador de las amplias movilizaciones que se han producido en esos tres países. El cambio político y social al que esos países aspiran tiene un leitmotiv compartido: dotarse de todos los instrumentos para decidir sus políticas de bienestar y cohesión. Esto es muy evidente, ha sido muy explícito en Grecia y en Escocia, pero también en Cataluña, aunque de allí nos vienen también otro tipo de análisis.

Yo creo que la experiencia que se están viviendo en estos tres países, nos obliga a hacernos una pregunta: ¿con qué políticas creemos que debe hacerse un proceso de construcción nacional?

Difícilmente la respuesta a ese interrogante será la política neoliberal.

Por decirlo de un modo telegráfico: sólo me interesa la decisión es para mejor vivir, y sólo con un mejor vivir la reivindicación de la decisión concitará la adhesión de las mayorías sociales necesarias.

Sólo se reconoce a Euskal Herria, para aplicar la política de austeridad

Esta interrogante es del todo pertinente si tenemos en cuenta que el Estado español sólo reconoce a las instituciones vascas cuando de lo que se trata es de acordar la aplicación de las políticas económicas y sociales defendidas por la Troika. La “negociación” que nuestras instituciones han realizado sobre el cupo, la del concierto-convenio, las políticas de empleo o los límites presupuestarios asumidos así lo demuestran. Aparte de eso, la política del Estado para con Euskal Herria esrecentralizadora en el autogobierno, uniformizadora en lo cultural, y represiva, muy represiva, en el capítulo de la paz y la normalización política. A todos los efectos, en nuestra relación con el estado español, estamos en plena involución.

Estáis aquí personas que os habéis movilizado por el derecho a decidir. Hablamos de decidir básicamente sobre el estatus político.

Pero lo cierto es que no existe entre los abertzales un diagnóstico compartido sobre esta involución, sobre esta política del estado. Y ese diagnóstico es aún más urgente si constatamos que todas las vías ensayadas hasta la fecha para nuestro reconocimiento nacional están definitivamente agotadas. El estado español no reconoce a las naciones que cohabitan en su seno. Y en nuestra casa, se ha revisado y abandonado definitivamente la lucha armada, pero no se ha revisado  la opción estatutista.

Es cierto que se ha hecho una lectura crítica sobre el grado de cumplimiento por parte del estado sobre lo establecido en el Estatuto de Gernika. Pero el problema actual del autogobierno vasco no es sólo ni principalmente un problema normativo. Existe, efectivamente, un problema normativo: ahí están las leyes de base, las sentencias del Tribunal Constitucional, o la interposición permanente de recursos a la actividad legislativa de las administraciones vascas liderada por el delegado de gobierno de la CAPV. Para ELA, sin embargo, el problema fundamental del autogobierno es una cuestión de pulso y posición política. Porque hace mucho tiempo que la gestión del autogobierno carece de la tensión suficiente en relación con el Gobierno español. La confrontación del Gobierno Vasco se limita a presentar demandas  ante el Tribunal Constitucional, cuando hace más de veinte años que este gobierno afirmó que no volvería a presentar más recursos por considerarlo un tribunal de parte. No pocas veces, se recurren, creemos, leyes básicas con cuyo contenido se está de acuerdo, para dar una falsa imagen de tensión y confrontación política. Por lo demás, la misma falta de tensión se ha manifestado, por ejemplo, en la respuesta dada en la CAPV a la Lomce y otras leyes básicas.

Por todo ello, resulta muy difícil entender la posición política que apela al mutuo reconocimiento y lealtad entre España y Euskal Herria –lo que algunos llaman “bilateralidad”– como punto de partida y principio inspirador de una eventual modificación del estatus político vasco. Yo creo que esa pretendida “bilateralidad” tiene más que ver con un programa económico y social compartido con las elites empresariales, financieras y políticas madrileñas, elites muy refractarias a todo lo que suene a soberanía vasca. A pesar de las apariencias de controversia y confrontación, lo cierto es que en las materias de cierta enjundia económica se acuerda todo o casi todo: déficit y pago de la deuda (en este caso también con las diputaciones), Kutxabank, el TAV, la política fiscal…

La competencia domina las relaciones entre los favorables al derecho a decidir

Lamentablemente, la competencia domine en todos los órdenes los códigos de relación entre las fuerzas que se reclaman favorables al derecho a decidir. Este es hoy uno de nuestros mayores handicaps. Desde una perspectiva de oportunidad política, esta incapacidad para el acuerdo carece de sentido, habida cuenta de la crisis que atraviesa en este momento el pacto de estado sostenido por PP y PSOE.

En este escenario de oportunidad que naciones como Cataluña y Escocia están aprovechando, lo deseable sería que todas las fuerzas sociales y políticas que compartimos la reivindicación del derecho a decidir compartiésemos un diagnóstico y una estrategia en lo que tiene que ver con el derecho a decidir y la normalización política. Y si esto no es posible, lo realista es trabajar entre quienes podemos compartir un diagnóstico en relación con el proceso soberanista.

Necesidad de movilización popular

Necesitamos cambiar las políticas neoliberales, que rompen a la sociedad y a los colectivos.

Necesitamos políticas de solidaridad que ilusionen al conjunto de la sociedad por una sociedad decente.

Necesitamos ligar nuestra lucha por la soberanía a la lucha social, para que está esté al servicio de las mayorías sociales, para que el derecho a decidir gane también las mayorías que necesita para poder realizarse

Pues bien, difícilmente todo esto podrá hacerse sin movilización popular.

Creemos que para que esta movilización sea masiva y eficaz, el movimiento social por el derecho a decidir debe ser capaz de fortalecer su propia autonomía respecto de las disciplinas partidarias.

Yo creo que en el seno de la movilización Gure Esku Dago, se están poniendo mucho empeño en garantizar la pluralidad de la iniciativa. La pluralidad es importante. Claro que lo es. Pero para mí lo determinante en esta fase, y lo que más credibilidad le puede dar a este movimiento no es la pluralidad (que en gran parte hoy es imposible) sino su autonomía.

Creo que en Euskal Herria tenemos una lectura de la sociedad a veces algo autocomplaciente. Y sin embargo, yo creo que esta ha sido una sociedad muy disciplinada por sus referentes políticos partidarios. A buen seguro esto es consecuencia de nuestra corta historia democrática. Yo creo que la movilización en pos de derecho a decidir va a conseguir la fuerza y la pluralidad que necesita, precisamente en la medida en que vaya madurando, fortaleciéndose su capacidad de análisis autónomo, fuera de las disciplinas partidarias, para acabar, como en Cataluña, interpelando y poniendo en un brete al sistema político.

Diciendo todo esto no estoy discutiendo, ni mucho menos, el papel fundamental que corresponde a los partidos en el proceso nacional, y mucho menos cuestionar su plena legitimidad como representantes de la soberanía popular. Lo que defiendo es que se pueda ir articulando una sociedad crecientemente empoderada y movilizada para ir deshaciendo los bloqueos del presente. Sólo con una sociedad movilizada podremos superar las enormes restricciones a las que se enfrenta hoy en día la actividad política convencional en el plano institucional.

Por un nuevo populismo

Me gustaría, para finalizar, hacer una defensa del populismo, y en parte como homenaje a la obra que he citado de Joseba Sarrionandia.

El populismo está en boca de todos. Cada vez a más fuerzas e iniciativas se les llama populistas. Lo más paradójico (y bien significativo) es que se llama populistas a aquellos que estamos criticando las medidas que durante estos años se han tomado contra los pueblos y contra el pueblo. Los que se han especializado en empobrecer a la mayoría social, a la mayoría del pueblo, tachan populistas a los que tratan de hacer valer los derechos del pueblo.

A partir de ahí, en la categoría de populista entra todo y su opuesto: el chavismo venezolano, el frente xenófobo francés, el berlusconismo o los que pedimos otra política fiscal. La socialdemocracia, los liberales y la democracia cristiana están de acuerdo: populistas son el resto, los que no son ellos, que representan la moderación, la razón, lo posible.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu decía que el término “pueblo” como término político fue desapareciendo del discurso político a partir de la segunda guerra mundial, igual que el término “clase”. Y decía Bourdieu que los términos políticos no son puros instrumentos, sino auténticas conquistas en la guerra de posiciones políticas. En el tiempo de la guerra fría, occidente se adueñó de la palabra “libre”y oriente de la palabra “popular”.

Como dice D´Eramo, en el presente, el sentido despectivo de la palabra “populismo” crece en la misma medida que desciende el uso de la palabra “pueblo”, ahora en beneficio de palabras como “clases medias”, o “ciudadanía”.

Por eso yo quiero reivindicar un nuevo populismo. Un populismo que diga que lo único totalitario es defender que no hay alternativa.

Dice Sarrionandia que hacer política es perder el miedo a los poderes. La política de verdad es el fin del miedo y de la ignorancia.

En tiempos de Bush, en la administración americana se hicieron fuertes hombres como Donald Rumsfeld, alumnos del filósofo austriaco Leo Straussen. Esta gente defiende que los pueblos, la gente normal no puede estar en el secreto de las cosas. Que es preciso ocultar a los pueblos la verdadera política, porque no podrían soportar la verdad. Es el mismo argumento que utiliza Jack Nicholson, en la película Algunos hombre buenos:

“¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros tienen que estar vigilados por hombres armados. (…) Tú no quieres la verdad porque, en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro”.

A nuestro alrededor, y por encima de nosotros, hay muchos que han decidido ocultar al pueblo lo que verdaderamente ocurre. También, sobre todo, en el plano social y económico.

Movilizarse por derecho a decidir, es decidirse a saber y a tomar las riendas de nuestro presente y nuestro futuro.

Hay miles de razones, lingüísticas, económicas, sociales, políticas, históricas, para aspirar a nuestra soberanía. Pero no tengo tan claro que realmente queramos ser soberanos. Tampoco sé si tenemos un buen norte al que dirigirnos…

Todo está por hacer, eso es lo que creo, sinceramente. Y si eso está en manos de alguien, está en nuestras manos…

Gure esku dago.

Mila esker.