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La nueva Renta Garantizada de Navarra recortará la prestación a casi la mitad de las unidades perceptoras

20/10/2016
La nueva ley supondrá una mejora para las unidades con mayor número de familiares, sin embargo, si se aumentase la partida con 5 millones de euros más de gasto, no sería necesario recortar en esta prestación. ELA denuncia que el 14,5 % de la población en Navarra está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, tras haber aumentado un 68,6% desde el 2008, y el 52,8% de las personas en paro no recibe ningún tipo de prestación por desempleo.

El Proyecto de Ley de Renta Garantizada aunque mejora la prestación actual en algunos aspectos importantes, sigue siendo insuficiente. El 14,5 % de la población en Navarra está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, tras haber aumentado un 68,6% desde el 2008, y el 52,8% de las personas en paro no recibe ningún tipo de prestación por desempleo. Una nueva ley debería dar respuesta a esta situación.

La nueva ley no garantizará que todas las personas necesitadas accedan a esta prestación, ni garantiza tampoco que esta prestación sea suficiente, aunque mejore la Renta de Inclusión Social en algunos aspectos; no exige que quien quiera optar a esta prestación deba tener una situación administrativa regulada, podrán solicitarla personas mayores de 65 años, o que se elimina el límite de duración de 36 meses.

No obstante, el Gobierno de Navarra pretende llevar a cabo graves recortes en algunos aspectos. Uno de ellos es que se recorta la cuantía de la prestación a las unidades familiares unipersonales y se elimina la referencia del SMI.

El Gobierno de Navarra pretende recortar la cuantía de la prestación a las unidades familiares unipersonales de 655,2 euros a 600 euros, para lo cual también elimina la referencia al Salario Mínimo Interprofesional.

Hay que destacar que casi la mitad de las unidades familiares perceptoras de la prestación son unipersonales.

Por otro lado, se imponen trabas a las personas entre 18 y 24 años para poder cobrar la Renta Garantizada (actualmente la RIS se exigen 25 años para poder cobrar esta prestación).

El principal problema de esta prestación es no aumentar más el gasto: con 5 millones de euros más de gasto, no se recortaría la cuantía a nadie.

ELA es muy crítico con la política fiscal del Gobierno de Uxue Barkos, y es en estas cuestiones donde más claro se ve el porqué: un fiscalidad que recauda poco e injustamente, imposibilita llevar a cabo el gasto social necesario. El cambio fiscal es parte del cambio social.