Euskara en Navarra: abrir puertas, aprovechar ocasiones

12/04/2017
Juan Pedro Urabayen, Puy Remírez, Pablo Azpiroz, Oihana Goiogana, Ainhoa Fernandez
ELA entiende que el Decreto Foral por el que se regula el uso de las lenguas propias se queda corto pero es un avance importante de cara a la normalización del euskera, y es el único sindicato que lo ha apoyado, para aprovechar las pocas ocasiones que tiene Nafarroa para avanzar en la normalización lngüística

El sí crítico y en solitario de ELA al decreto foral consensuado por el cuatripartito y presentado por el Gobierno de Navarra es una apuesta por aprovechar la tercera oportunidad que se nos presenta desde la muerte del dictador para garantizar el derecho de los euskaldunes a ser atendidos en su idioma por su propia administración. Las dos anteriores no llegaron tan lejos como ésta y fueron muy efímeras, tanto la del primer decreto de Alli (DF 70/1994), que UPN le obligó a sustituir por otro más restrictivo a los 4 meses, como el plan de mejora del tripartito de 1995, que cayó en 1996 y nos trajo lustros de retroceso, con la gran coalición que sostuvo a UPN en el poder hasta hace dos años.
El derecho a regular el uso de las lenguas propias, a garantizar que sus hablantes puedan utilizarlas en una comunidad lingüística cada vez más rica, y a que el euskera alcance el objetivo que fija la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 7 de julio de 1992 del Consejo de Europa, de “proteger y promover las lenguas regionales o minoritarias en tanto que aspecto amenazado del patrimonio cultural europeo”, ha padecido larguísimos períodos de dejación. Ahora estamos ante una oportunidad que no hay que dejar pasar.
Sabemos que falta muchísimo para que la botella esté medio llena, pero apostamos por ir llenándola siquiera con el gota a gota que permite el grifo de esa Ley del Vascuence (1986), cuya imprescindible modificación está todavía pendiente de acuerdo. ELA cree que el decreto es un avance en un campo importante, pues la Carta Europea antes citada destaca que “una lengua completamente excluida de la relación con las autoridades públicas sería negada de facto como tal, puesto que la lengua es un medio de comunicación pública y no puede ser reducida únicamente a las relaciones privadas. Por otra parte, una lengua sin acceso a la vida política, jurídica ni administrativa, perderá progresivamente todo su potencial terminológico y pasará a ser una lengua incapaz de formular los aspectos de la vida en colectividad”.

Oportunidades perdidas ha habido muchas, y todos deberíamos sacar enseñanzas después de hacer autocrítica de los errores del pasado. La nunca refrendada LORAFNA (Amejoramiento del Fuero) de 1982 no recogió la resolución del Parlamento de Navarra de 1980, que decía: “El castellano y el euskera serán lenguas oficiales de Navarra. Dicho principio se incorporará a las Bases de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, así como la competencia plena del Parlamento Foral para su regulación por medio de una Ley”. El artículo 9 del Amejoramiento, sin embargo, dio pie a los autores de la Ley del Vascuence para establecer la zonificación. La votación de 1994 para extender la zona mixta a toda la Ribera unió en el 'no' a los del 'nada' y a quienes querían el 'todo ya'.
Y nos quedamos con nada. Hasta 2015.

También ha habido en todos estos años alguna oportunidad aprovechada, la más destacable de ellas es la Ordenanza del vascuence de 1998 de la Mancomunidad de Iruñerria, que dio pasos adelante regulando de modo uniforme los derechos lingüísticos independientemente del municipio de empadronamiento. En esta línea hay que desarrollar el actual decreto, del que valoramos que ha sido consensuado por una mayoría parlamentaria transversal (que si no llega a los dos tercios de los escaños es por el antivasquismo en el que sigue empecinado el PSN). El decreto incorpora una acción positiva y proactiva incluso en la zona no vascófona; que los servicios centrales no estarán determinados por la zona; y que en él han sido recogidas numerosas alegaciones de los sindicatos, además de ser garantista con los derechos adquiridos de los actuales funcionarios.

Dada la correlación de fuerzas sociales y políticas, la vía basada en el reconocimiento de derechos y su ampliación progresiva es por ahora el camino más útil, frente a un Régimen que históricamente ha impuesto una lengua y ha prohibido la otra, y que pretende representar a la mayoría que aún no conoce el euskara para que lo vea como un peligro para sus intereses, y no como una oportunidad.