El proyecto de Ley de Formación Profesional somete la educación a las necesidades y deseos de las empresas

13/04/2016
ELA considera grave que el Gobierno Vasco sacrifique la razón de ser de la educación para someter al alumnado, profesorado y trabajadores haciendo uso de dinero público.

ELA ha comparecido hoy en el Parlamento de Gasteiz para emitir su parecer sobre el anteproyecto de Ley de Formación Profesional.

En opinión del sindicato, el anteproyecto de Ley utiliza como coartada la crisis, el desempleo y el abandono escolar temprano para, al igual que sucede con Heziberri, someter la Formación Profesional a las necesidades y deseos de las empresas. Abandonando la formación integral de las personas y la sociedad, razón de ser principal de la educación.

Primero en el IV Plan de Formación profesional y ahora en el anteproyecto de Ley, se menciona una y otra vez que “la Formación Profesional se debe orientar a satisfacer las necesidades actuales y futuras de las empresas y mejorar su competitividad”. Para ello, adecua la educación a las necesidades del mercado, incluido el perfil de salida del alumnado. Se incrementa la vinculación del centro con la empresa, poniéndolo a su servicio, profundizando en la colaboración público-privada. Las empresas podrán participar e interferir en la organización y el curriculum de los centros para que la formación se adecue a sus necesidades específicas. La investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas también se canaliza, en gran medida, a través de los centros de FP.

La tantas veces mencionada FP “dual “ recibe un fuerte impulso en la ley, pero sin las medidas necesarias para proteger al alumnado, profesorado y personal de las empresas. Con esta modalidad de estudio y trabajo, se corre el riesgo evidente de que el alumnado se convierta en mano de obra barata, incluso sustituya al personas de las empresas de manera gratuita por medio de becas.

En la enseñanza pública la ley concede, prácticamente, al centro la posibilidad de elegir al profesorado, poniendo en entredicho los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

En los centros privados y empresas, sin embargo, no existe control público suficiente y es evidente la falta de coordinación entre el Departamento de Educación y Lanbide lo que pueda dar pie a casos de fraude y corrupción.

Por último, se instaura el marco lingüístico trilingüe, ofreciendo un trato preferente al inglés. Formalmente se ofrece la posibilidad de cursar toda la oferta en euskara, implantando el modelo B en la FP, pero sin tomar medidas reales para reforzar su uso. Desgraciadamente, la FP seguirá siendo una excepción en la nomalización lingüística del sistema educativo.