La paga extra, símbolo del no-cambio

En este tema hay una clara intención de crear opinión y consolidar la idea de que la extra ya se pagará, de que hay cosas más importantes que abordar con el escaso presupuesto con el que se ha encontrado el nuevo Gobierno; algunos piden solidaridad a los trabajadores públicos, como si el dinero que se va a destinar a devolver el 7% del sueldo sustraído en 2012 (eso, y no otra cosa, es la extra) fuera el único recurso para mejorar la salud o la educación.

Es cierto, el presupuesto es inferior a lo esperado; tampoco este Ejecutivo ha hecho nada ambicioso para cambiarlo: la presión fiscal es irrisoria (40 millones más de recaudación frente a 1.800 millones si se aplicara la media europea). Además, sigue destinando dinero a partidas tan injustificadas como los convenios de UGT, CCOO y la CEN (más de 5 millones), la Clínica Universitaria (5 millones también) y las cesantías para los ex altos cargos (casi 1 millón de euros). Además, este Gobierno aún no ha reclamado los 2 millones de euros que los y las navarras pagaron en concepto de Tasas judiciales al Estado el primer año de vigencia de esta ley injusta.

Pero lo que más nos llama la atención es que no vayan a aplicar la ley 28/2012 que el Parlamento aprobó para resarcir a los trabajadores públicos de la pérdida de poder adquisitivo relativa a esta paga extra. Gracias a dicha ley, aprobada por 3 de los 4 partidos que sustentan el Gobierno actual (a excepción de Podemos, porque no estaba en el Parlamento) y el PSN, los trabajadores y trabajadoras del Parlamento cobraron la extra y también los y las trabajadoras de 63 Ayuntamientos de Nafarroa. Cuando hay voluntad, se puede.

Si las pagas han sido adelantadas, “¿qué problema hay?”, pueden opinar algunos muy a la ligera. Las pagas se han adelantado a los trabajadores funcionarios fijos. Al 40% de la plantilla de Osasunbidea, al 30% de Educación y al resto de interinos del Gobierno de Navarra se les ha sustraído ese dinero y punto. A ningún empleado de Justicia se le ha adelantado nada. A todos los que se han jubilado, tampoco. A los trabajadores de empresas públicas, UPNA, resto de Ayuntamientos, lo mismo. Además, a los trabajadores que tenían vacante y se les finiquitó con la parte proporcional generada de la extra de diciembre de 2012, se les retiró de la nómina esa parte o se les envió una carta para que devolvieran lo cobrado: al paro, y encima debiendo dinero.

Con todo, lo más incoherente es que el nuevo Gobierno anunció el 16 de septiembre que iba a devolver lo que faltaba de la extra en dos plazos, entre diciembre y enero, algo que los sindicatos aplaudimos, ya que cumplía con lo que prometido cuando eran oposición. Ahora que son Gobierno, argumentan lo mismo que Barcina, es decir, que no hay dinero. ¿Qué diferencia hay? Cuando hay voluntad de cambio se cambia, pero si el pago de la deuda, los convenios mencionados y las cesantías, entre otros, son prioritarias respecto a las condiciones laborales de los y las trabajadoras, pues no existe el cambio.

No hay que olvidar que el grueso de la Administración está en los niveles E y D y que estos salarios nada tienen que ver con los miles de euros que cobra por ejemplo, un ex alto cargo, por estar cesado. Hablamos de sueldos netos que no alcanzan los 1.000 euros en el caso de niveles E y de los 1.200 en los casos de niveles D.

Históricamente, los trabajadores públicos han abanderado las mejoras en las condiciones laborales y ahí se miran los trabajadores del sector privado a la hora de negociar sus convenios. Si el sector público sigue precarizándose, ¿qué va a suceder con el sector privado? ¿Cuántas empresas han recortado salarios con el argumento de que “hasta los funcionarios han perdido la extra”? Defender aquel 7% de 2012 es defender el salario de todo el mundo, no solo el de los trabajadores públicos.

Por lo demás, destaca la repentina y sobreactuada beligerancia de algunos sindicatos con este tema, y que con el anterior Gobierno, que fue quién eliminó la extra, no fue para tanto. Ahora se empeñan en aparecer como los grandes garantes de las condiciones laborales de los y las trabajadoras, pero ni lo eran entonces, ni lo son ahora.

ELA continúa en su línea: defendiendo las condiciones laborales de los trabajadores y reivindicando la capacidad de decidir en Nafarroa, sin hacer seguidismo de lo que marca Madrid, algo a lo que hemos estado acostumbrados en anteriores legislaturas. Si el problema es el dinero, habrá que priorizar y ser valiente, entendiendo la prioridad y la valentía como un modo de hacer política que nos lleve al cambio, sin recortes, con políticas audaces en materia fiscal y laboral.

Ainhoa Fernández Arenaza,

responsable de Servicios Públicos en ELA-Nafarroa