El TTIP y la Agenda Reguladora, dos caras de la misma moneda

29/05/2015
La responsable del área internacional de ELA, Laura González de Txabarri, ha escrito un artículo de opinión sobre el TTIP en el número 205 de Landeia. Según denuncia en el mismo, el TTIP y la Agenda Reguladora de la Unión Europea pretenden facilitar el camino a las multinacionales, debilitando las normas que protegen nuestros derechos.

 

Una de las prioridades de la Comisión Europea presidida por Jean Claude Juncker es la llamada Better Regulation Agenda (Agenda para Legislar mejor). Esta iniciativa parte de la premisa de que existe demasiada regulación europea innecesaria e ineficiente que supone una traba para el desarrollo del mercado único. A partir de ahí, el objetivo es acabar con ese exceso de regulación simplificando el entramado legal y reduciendo las cargas burocráticas.

El problema, una vez más, es que lo que se vende como una mera cuestión de simplificación y eliminación de regulaciones innecesarias busca, en realidad, eliminar normas esenciales que garantizan derechos sociales, laborales, medioambientales, etc... del pueblo y de la clase trabajadora europea. Las cargas burocráticas son sólo la excusa. Lo que de verdad molesta y constituye un obstáculo para los intereses de los grandes grupos económicos son nuestros derechos.

Grupo de expertos. En la Comunicación hecha pública este 19 de mayo, la CE propone, entre otras medidas, la creación de un Grupo de expertos –Regulatory Scrutiny Board– compuesto de 7 miembros (funcionarios de la CE y expertos externos) que deberá dar su aprobación a cualquier propuesta legislativa de la CE y que, de facto, dispondrá de capacidad de veto, antes, incluso, de que la propuesta llegue al Parlamento Europeo o al Consejo.

Un Parlamento que cada vez tendrá menos poder, dado que la Comunicación de la CE también establece que toda modificación sustancial que propongan el Parlamento y el Consejo será objeto de análisis de impacto adicional, lo cual, además de alargar el proceso legislativo, permitirá eliminar cualquier mejora introducida en aras al interés general si resulta perjudicial para los intereses de los grandes poderes económicos.

La Comunicación habla, también de favorecer una mayor transparencia y consulta pública en todo el proceso de toma de decisión, desde el principio y durante todas sus etapas. Sin embargo, todo esto, en realidad, sólo beneficiará a los lobbies industriales, que son los que disponen de medios para participar e influir, y no a la sociedad en general.

Otra de las medidas propuestas plantea eximir a las pymes y a las microempresas de algunas de las obligaciones derivadas de las normas europeas, lo que redundará en perjuicio de los derechos de los/as trabajadores/as de esas empresas, así como del cumplimiento de otras normas, por ejemplo medioambientales, por parte de las mismas.

No es difícil ver que estas medidas, de ser aprobadas, supondrían un serio ataque contra nuestros derechos y contra la misma la democracia. Se otorgaría un enorme poder a los grandes lobbies de la industria, que podrían interferir en el proceso legislativo para evitar la adopción o modificar sustancialmente cualquier norma susceptible de perjudicar sus intereses.

Exactamente lo mismo que pretende el TTIP con su capítulo de cooperación regulatoria. En ambos casos, se busca eliminar los obstáculos que suponen las normas protectoras de nuestros derechos. En ambos casos se invoca la transparencia del procedimiento de elaboración de normas y la participación en el mismo de las partes interesadas para dar entrada a los grandes lobbies empresariales. En ambos casos se crean órganos compuestos de miembros no electos, que no responden ante nadie, con un enorme poder para decidir sobre el alcance y la pertinencia de las normas ya existentes y sobre las futuras; en base, claro está, a su impacto en sus negocios. En ambos casos la democracia se convierte en papel mojado y nuestros derechos en meras barreras a eliminar. ¡Son las dos caras de la misma moneda!