Alternativas sobre la RGI

El informe del Ararteko evidencia que la actuación de Lanbide vulnera en bastantes ocasiones los derechos de las personas que se ven en la necesidad de solicitar dichas prestaciones sociales.

La problemática es diversa:

• Se denuncia el excesivo plazo de espera para la asignación de cita previa (que en algunas oficinas supera el mes).
• Se señala que el tiempo de atención en ocasiones es insuficiente para ofrecer una información de calidad, que no se informa adecuadamente, que no se motivan adecuadamente las resoluciones (por ejemplo en los casos en que se declara la existencia de una deuda con Lanbide).
• Cuando Lanbide suspende o extingue las prestaciones, el Ararteko considera que en ocasiones se trata de una interpretación que restringe derechos individuales y que no tiene amparo en el ordenamiento jurídico.
• Sobre la reclamación por los denominados cobros indebidos el Ararteko también aprecia malas prácticas en la actuación del organismo público.

Cabe resaltar que esta no es la opinión de parte. Es lo que dice el Ararteko. Parece evidente que de todo ello se debería concluir la necesidad de cambiar las prácticas restrictivas de Lanbide en la gestión de las prestaciones.

No es aceptable que un organismo público trate a las personas a las que debe dar un servicio como presuntos delincuentes y les vulneren sistemáticamente sus derechos. Estamos hablando de las personas y familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad social, en situaciones de exclusión o en riesgo de caer en ellas.

En relación a las prestaciones sociales en este momento hay dos iniciativas en marcha en la CAPV. Una de ellas es la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. ELA es parte de la misma.

Nuestra ILP defiende, en relación a la RGI, una mejora de las cuantías y facilitar el acceso a colectivos hoy excluidos de la posibilidad de acceder a esa prestación. El Gobierno Vasco reconoce que el 30% de las personas necesitadas están fuera del sistema de prestaciones sociales, por lo que es evidente que habría que ir por ese camino.

La otra propuesta es la promovida por los grupos parlamentarios del PNV y del PSE, que concreta lo recogido en su día en el documento de bases elaborado por el Gobierno Vasco. Es una propuesta deplorable. Recorta las posibilidades de acceder a la RGI; desvincula la cuantía de la misma del Salario Mínimo Interprofesional, lo que supone un fuerte retroceso respecto a lo recogido en la Ley de 2009; traslada a la ley los criterios restrictivos que denuncia el Ararteko; abre la vía a nuevos recortes de todo tipo vía reglamento; y avanza en la estigmatización de las personas en desempleo y de quienes perciben la RGI al imponer la huella digital.

Estamos en un momento clave. Nos estamos jugando el futuro sobre una cuestión básica, que es la de qué nivel de ingresos mínimos queremos tener garantizados en nuestra sociedad, y quién puede tener acceso a los mismos.

Por eso hay que optar: o se mejora, como proponemos en la ILP, o se empeora sustancialmente, como quiere imponer el Gobierno Vasco. La consejera Beatriz Artolazabal ha hecho pública su voluntad de que para septiembre este tema se haya cerrado, con la aprobación de la ley del PNV y del PSE. Quieren controlar los tiempos y cerrar el debate.

Quienes quieren seguir recortando no quieren debatir, no quieren que la sociedad opte entre las distintas alternativas existentes. Les molesta el debate y la participación social, como ha quedado de manifiesto en las diferentes comparecencias parlamentarias para abordar el tema de la RGI.

Pero no se van a salir con la suya. La ILP va a servir para extender en la sociedad un debate necesario sobre la mejora de las prestaciones sociales. Mejorar el sistema, y de manera importante, es posible y es necesario. Nos jugamos mucho en este momento, así que hay que estar a la altura del reto que tenemos.