La parte de la riqueza destinada a servicios públicos y prestaciones sociales es cada vez menor

El debate presupuestario debería ser, por tanto, un debate eminentemente político, en el que se confrontasen los distintos modelos de sociedad que se defienden. Y ese debate, obviamente, no puede quedar circunscrito a los grupos parlamentarios. La sociedad organizada (sindicatos, movimientos sociales, etc.) tiene mucho que decir sobre ello.

El Gobierno Vasco ha presentado su proyecto de presupuestos para 2018. Vamos a tratar de resumir en 10 puntos lo más importante, a nuestro juicio, de dicho proyecto:

1. Es un proyecto condicionado por la regla de gasto. El 11 de julio en el Congreso se aprobó (con los votos del PP, Ciudadanos y el PNV) la denominada regla de gasto, por la que en 2018 “el gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar el 2,4%” el de 2017. Es decir, se topa el aumento del presupuesto de todas las instituciones, incluídas las de Hego Euskal Herria. Sin el voto del PNV este límite no existiría. El 19 de julio el Gobierno Vasco y las 3 Diputaciones de la CAPV acordaron con el Gobierno de Rajoy el cumplimiento de esa regla.

2. Los ingresos de las Diputaciones están aumentando más de lo previsto. Ello podría dar lugar a un aumento de las dotaciones presupuestarias. En vez de ello la aplicación de la regla de gasto supone seguir con los recortes, a la vez que se prevé tener superávit (478 millones en 2017). Hay dinero, pero la opción es no destinarlo a cubrir las necesidades sociales.

3. La regla de gasto es un ataque frontal a la capacidad de las instituciones vascas de decidir sus propios presupuestos, que en realidad se deciden en Madrid. El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales (al igual que el Gobierno de Navarra) deberían explicar porqué lo han acordado.

4. Lo único que se prioriza es el pago de la deuda. A esta partida el Gobierno Vasco pretende destinar el año que viene 1.346 millones, 310 más que en 2017. En 2009 el Gobierno Vasco dedicó solo 83,6 millones a deuda pública. El incremento desde entonces es, por tanto, de 1.260 millones de euros.

5. El Gobierno contará con 9.978,2 millones de euros para cubrir sus funciones (Salud, Educación, políticas de empleo, vivienda, prestaciones sociales, Ertzaintza,…). Son 200 millones menos que en 2009. Equivalen al 12,8% del PIB, frente al 15% de la riqueza que suponían en 2009. Para mantener ese 15%, en 2018 se tendrían que destinar a estas funciones 1.709 millones de euros más de los presupuestados.

6. El presupuesto destinado a Salud solo aumenta un 1,5% respecto a la previsión de cierre de 2017. De este modo la parte de la riqueza que se destina a Salud se sitúa en el 4,9%, frente al 5,2% del PIB de 2009.

7. El presupuesto para Educación baja respecto a 2017 (45 millones, un 1,4%), y equivale a solo el 3,5% del PIB, frente al 4,2% de 2009. Esta reducción se constata en todos los tramos educativos: Educación infantil y primaria; Secundaria y Formación Profesional; Educación universitaria.

8. En las prestaciones se siguen aplicando recortes: se mantiene el recorte de las cuantías del 7% que se aplica desde 2012 en el conjunto de las prestaciones. El presupuesto destinado a las Ayudas de Emergencia Social se congela en 27 millones de euros. Se muestra la voluntad de recortar enormemente la posibilidad de acceder a las prestaciones por vivienda, cuya cuantía máxima sigue fijada, un año más, en 250 euros mensuales. Y se pretende subir la RGI un 1,5%, aumentando previsiblemente el diferencial con el Salario Mínimo.

9. En lo referente a las condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración, la política también es continuista: incremento salarial máximo del 1,5%, en función siempre de lo que establezca Madrid; negación del derecho a la negociación colectiva, al imponer las condiciones el gobierno de manera unilateral.

10. Todas estas políticas tienen como resultado un agravamiento de las desigualdades sociales y de la pobreza, lo que afecta de manera especial a las mujeres, que sufren la desigualdad y la pobreza en mayor medida y que acaban haciéndose cargo del trabajo de cuidados que aumenta por las recortes en áreas como la salud, la educación o los servicios sociales.

En definitiva, este proyecto de presupuestos avanza en la dirección de destinar cada vez una parte menor de la riqueza a los servicios públicos y a las prestaciones sociales. Se continúa por la senda de desmontar poco a poco el papel del sector público en la economía, dejando cada vez más esferas al albur de lo que ocurra en el mercado.

En este contexto, y como decíamos al principio, es tiempo de confrontar los modelos sociales que cada organización defiende. En lo que afecta al debate presupuestario, quienes creemos que es necesario una transformación radical del modelo económico y social, que ponga a las personas y el planeta en el centro, en vez de los intereses del capital, no podemos aceptar como punto de partida el presupuesto presentado. Su orientación neoliberal y antisocial es muy coherente. Solo cabe su rechazo.