Poner en la agenda la auditoría de la deuda y la reforma fiscal
Para hacernos una idea de la envergadura del tema, a finales de 2021 la deuda pública en el Estado español era de 1,42 billones de euros de euros, más que el valor total de la producción de ese año (equivalía ya al 118,3% del PIB). En los dos últimos años, es decir, de 2019 a 2021, el aumento de la deuda pública ha sido de 200.000 millones de euros en el estado español, mucho más, por cierto, que los 70.000 millones que se supone que va a recibir el Estado español por los Fondos Europeos, sobre los que se han generado falsas expectativas de que van a solucionar todos los males.
ELA ha señalado en diferentes ocasiones que la deuda pública es un instrumento de dominación, que sirve para imponer las políticas de ajuste y recortes sociales. Eso se ve muy bien tanto en la Unión Europea, en la que para recibir los Fondos Europeos es necesario comprometerse a aplicar determinadas políticas (recortes de pensiones, no derogación de la reforma laboral, etc.), como en otros lugares, como Argentina, donde se sigue aplicando la condicionalidad de los préstamos del FMI.
Estos días ha tenido lugar en Ciudad de México la reunión del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas de América Latina (CADTM-AYNA), previamente al Foro Social Mundial. Hemos tenido ocasión de participar en dicha reunión, junto a responsables de varios países de América Latina, y hemos constatado, una vez más, que nos encontramos ante un tema estratégico.
Construir poder popular, movilizar a la sociedad para abolir la deuda ilegítima y modificar de raíz la base del sistema, incorporando medidas como una fuerte reforma fiscal progresiva, es la tarea principal que tenemos quienes queremos cambiar esas políticas. Sin movilización social no va a haber cambios de calado, y eso lo sabemos perfectamente. Y la realidad que se ha compartido en la reunión de CADTM-AYNA nos muestra que hay experiencias muy interesantes y positivas de movilización en este tema. Nos vamos a referir a dos en este artículo.
En Argentina se ha conseguido movilizar, de manera repetida, a decenas de miles de personas en manifestaciones en distintos lugares del país celebradas mensualmente desde diciembre del año pasado para rechazar el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el FMI para devolver los 45.000 millones de préstamo, y que vuelve a incorporar medidas regresivas.
En Puerto Rico, que vive bajo un modelo colonial, desde 2016 el Frente Ciudadano por la auditoría de la deuda viene denunciado la situación. El gobierno de Puerto Rico está en un proceso judicial de quiebra desde hace 5 años, en los que una Junta al margen del gobierno toma las decisiones sobre presupuestos. Ha firmado acuerdos muy beneficiosos para los acreedores a la vez que aplica recortes sociales muy fuertes. Las movilizaciones sociales a favor de la auditoría de la deuda están siendo muy fuertes.
En el contexto económico actual, en el que se están revisando a la baja las previsiones de crecimiento económico, a la vez que ya se ha iniciado un aumento, todavía no muy significativo, de los tipos de interés, existen todos los elementos para una nueva crisis financiera generalizada, si se avanza en ese camino de subida de tipos de interés.
Sería mejor no esperar a que estalle esa crisis para poner en el centro del debate público la insostenibilidad de financiar el gasto público a través del crecimiento continuado de la deuda. Si no queremos que en los próximos años se nos apliquen nuevos recortes alegando que la deuda pública es muy elevada, tenemos que ser capaces de marcar la agenda, en la que cuestiones como la auditoría de la deuda y la reforma fiscal progresiva deben tener un lugar central.