¿Qué pasa con las pensiones?

2018/03/15
Decenas de miles de pensionistas salen a la calle para rechazar la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones. Subirlas solo un 0,25% (como imponen quienes aprueban los presupuestos del gobierno español) supone empobrecerles aún más.

Las personas pensionistas sufren también los recortes de las prestaciones sociales. Por ejemplo, los presupuestos del Gobierno Vasco (con los votos del PNV, PSE-EE y PP) recortan la cuantía de la RGI casi el 20% con respecto a lo que resultaría de aplicar la ley que regula la propia RGI. Hay que recordar que, de las 60.000 familias que perciben la RGI en la CAPV, 15.000 (una de cada cuatro) son pensionistas. Esta política de recortes que protagoniza el Gobierno Vasco castiga más a quienes tienen ingresos más bajos, sean o no pensionistas.

El 27 de enero de 2011 la mayoría sindical vasca realizó una huelga general contra la intención del Gobierno de Zapatero de retrasar la edad de jubilación a los 67 años y de recortar la cuantía de las nuevas pensiones (por ejemplo, aumentando el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión). Recuerdo perfectamente como esa misma mañana, en plenas movilizaciones, tuvimos conocimiento de que Zapatero había “acordado” esa reforma con CCOO, UGT y la CEOE. El denominado “diálogo social” avalaba, una vez más, un grave recorte de los derechos sociales asumiendo las posiciones que defendía Zapatero: bajar impuestos era de izquierdas, y también lo era bajar las pensiones.

En 2013 convocamos otra huelga general, entre otras cosas por el anuncio, esta vez de Rajoy, de una nueva reforma de pensiones que recortaba las posibilidades de la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Ese año acabó con otra reforma que eliminaba la garantía de subida de las pensiones en función del IPC y establecía la entrada en vigor para 2019 del factor de estabilidad. Este “factor” significa, básicamente, que la cuantía de las nuevas pensiones se tiene que reducir si aumenta la esperanza de vida. Casi nadie quiere recordar ahora que ese factor de estabilidad se recogía en el acuerdo de 2011, según el cual el sistema se revisaría cada cinco años en función de la esperanza de vida, abriendo la puerta a recortes automáticos en la cuantía de las nuevas pensiones. Es decir, lo que Rajoy aprobó en 2013 era la concreción de lo acordado en 2011 por Zapatero, CCOO, UGT y la CEOE.

El ataque a las pensiones se basa en un proceso de recortes permanentes a través de tres vías: retraso de la edad de jubilación (de 65 a 67 años, dificultando cada vez más la jubilación anticipada y la jubilación parcial); recorte de las nuevas pensiones (todas las medidas que se toman suponen que las nuevas pensiones, de media, sean más bajas); y eliminación de la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo (se ha pasado de tener garantizado el IPC a subidas anuales miserables de un 0,25%). El Pacto de Toledo y el “diálogo social” estatal han sido los marcos utilizados para dar cobertura a esos recortes.

Las personas pensionistas, y no solo ellas, están hartas de sufrir en sus propias carnes las políticas de empobrecimiento. Saben que es necesario cambiar radicalmente esa política. Y saben que hay que forzar la voluntad política para lograrlo. Por eso salen a la calle.

ELA comparte la vía de la movilización, y hace un llamamiento a su militancia a seguir por ese camino. Luchar merece la pena. Es un orgullo, no solo para quienes participan directamente, ver cómo tanta gente está dispuesta a pelear. Seguro que esa participación tiene que ver con ser una generación consciente de lo que costó conseguir esos derechos y, precisamente por eso, se resiste a perderlos y a que quede una sociedad más empobrecida para sus hijos e hijas.

Lo que sucede con las pensiones no es nuevo; nos conocemos hace mucho tiempo. La batalla va a ser dura y van a ser muchas las piedras que pondrán para cortocircuitar la reivindicación social. Creemos que es hora de seguir demostrado que existen alternativas, que pasan por:

Primero, dar marcha atrás en los recortes aprobados en los últimos años (garantizar el poder adquisitivo, edad máxima para la jubilación a los 65 años, mejora de la cuantía de las nuevas pensiones).

Segundo, aprobar la Iniciativa Legislativa Popular que llevamos adelante en la Carta Social, que demanda una mejora sustancial de las cuantías de la RGI en la CAPV y de la Renta Garantizada en Navarra para poder tener unos ingresos que faciliten llevar a cabo una vida que merezca la pena ser vivida. El Gobierno Vasco, que insiste en la necesidad de “subir los salarios”, tiene una gran oportunidad para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de las personas perceptoras de la RGI (entre otras, muchas pensionistas) y, de paso, mandar un mensaje eficaz a la patronal sobre la subida de los salarios. Los salarios también se suben si aumentan las prestaciones sociales. Y, subiendo los salarios, aumentan las cotizaciones sociales que permiten financiar las pensiones.

Y tercero, decidir en Euskal Herria nuestro propio sistema de pensiones. Llevamos mucho tiempo defendiendo que las políticas laborales y sociales se deben decidir aquí. Es nuestro derecho. Pero es que, además, el sistema español nos condena a un proceso permanente de recortes.

ELA desea subrayar la relación directa entre las pensiones, los salarios y las prestaciones sociales. El canciller alemán Gerhard Schröder defendió que “era imposible bajar salarios si no se bajaban las prestaciones sociales”. Es lo que están haciendo: peores salarios, peores pensiones, peores prestaciones. Más beneficios empresariales, más desigualdad social. Todo está siendo atacado a la vez. Si dejamos que esas políticas continúen destrozarán cualquier rasgo de cohesión social. Vamos a evitarlo.