COMUNICADO DEL COMITÉ NACIONAL DE ELA SOBRE LA PROPUESTA DE ESTATUTO POLÍTICO DE LA COMUNIDAD DE EUSKADI

El Gobierno vasco ha aprobado el pasado sábado una Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi y lo ha presentado ante el Parlamento para su tramitación por la cámara autonómica. Las líneas generales de esta propuesta fueron anunciadas hace algo más de un año, en el debate de política general del 27 de septiembre de 2002, cuando el lehendakari de la CAPV, Juan José Ibarretxe presentó ante el Parlamento vasco su propuesta para la normalización política y la convivencia.

Hay que recordar que este Comité nacional saludó aquella propuesta como "una nueva referencia política que puede situar el debate en un escenario cualitativamente distinto al limitado por el actual autogobierno, otorgado y precario". Para ELA la propuesta abría un escenario distinto y más positivo, aunque no exento de interrogantes.

En particular el Comité nacional de ELA se interrogaba sobre lo que consideraba una cuestión fundamental: las "alianzas políticas y sociales" en las que el lehendakari se proponía sustentar el proceso. Para ELA la ampliación de tales alianzas era "condición necesaria para dotar al proceso de la extensión, el arraigo y la solidez" requeridos.

ELA consideraba, por otra parte, que la iniciativa del lehendakari ofrecía la oportunidad de iniciar un debate político y social que, en relación dialéctica con aquella propuesta, diera lugar a una síntesis de mínimos que sirviera de referencia común a cuantas fuerzas abogan por que "se deposite en los ciudadanos de Euskal Herria la última palabra respecto de la conformación de su futuro" (Declaración de Lizarra-Garazi).

El año transcurrido desde aquella primera propuesta del lehendakari no ha sido fácil. En el ámbito político, el estado ha privado del derecho de participación política y excluido de las instituciones a un sector del movimiento abertzale, y ha desatado una ofensiva, sin precedente en las últimas décadas, contra la iniciativa del lehendakari Ibarretxe. Por su parte ETA sigue activa y el estado acentúa la represión llevando al extremo la estrategia de venganza contra las personas encarceladas bajo la acusación de terrorismo; el estado se escuda, además, en el antiterrorismo para actuar contra proyectos del ámbito cultural, social o político fundamentales en clave de construcción nacional. El estado de derecho, la separación de poderes, el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas se encuentran bajo mínimos.

Lo cierto es que por la dificultad de las circunstancias y, a nuestro entender, también por la falta de voluntad suficiente, no se ha dado "el proceso abierto y promovido en el conjunto de la sociedad vasca, con la máxima participación de los agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y culturales" que según el mandato contenido en la resolución del Parlamento vasco de 12 de julio de 2002 debiera dar lugar a la formulación de un nuevo marco.

En cuanto al texto de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi que el Gobierno vasco ha aprobado para su debate parlamentario, el Comité Nacional de ELA manifiesta su valoración sobre las líneas generales de la propuesta y las circunstancias en que se produce, sin entrar a una valoración pormenorizada de cada uno de sus extremos.

1. El Comité Nacional de ELA considera que el texto aprobado por el Gobierno vasco contiene importantes elementos positivos: la formulación de los principios sobre los que se basa el derecho de autodeterminación de la nación vasca, la opción por un modelo política y socialmente avanzado (que, todo hay que decirlo, no se corresponde con la práctica política del propio Gobierno) o las líneas generales del diseño competencial. Por otra parte, la formulación de una propuesta articulada acelera el debate político y lo sitúa en parámetros más concretos y difícilmente reversibles.

2. La propuesta del gobierno vasco es ciertamente resultado de un consenso: el de las tres fuerzas políticas que conforman al Gobierno autónomo. Con todo, para el Comité Nacional de ELA sigue siendo un consenso insuficiente. Y no porque la propuesta no sea legítima, que lo es sin duda alguna, sino porque aborda un tema crucial y pretende sentar las bases de la resolución del conflicto político y la convivencia democrática para mucho tiempo. Por ello, para ELA, la propuesta debiera contar con el acuerdo, al menos en sus líneas básicas, de cuantas fuerzas compartan el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

3. ELA conoce muy bien las dificultades que para las distintas fuerzas supone la consecución de estos acuerdos básicos. Pero considera que sin ellos el proceso que se inicia con la propuesta del Gobierno vasco renuncia a fuerzas necesarias y se limita en gran medida en sus objetivos de normalización política.

4. Por ello, la prioridad de los próximos meses es la de llegar a un acuerdo mínimo entre las fuerzas que defienden el derecho de autodeterminación que incluya al menos:

* Un marco de solución al conflicto político que todas estas fuerzas entiendan válido y suficiente para llevar a cabo sus proyectos respectivos. En este sentido parece que debieran separarse, de un lado, el reconocimiento del derecho a la libre decisión de las ciudadanas y ciudadanos vascos y, de otro, la fórmula política concreta que cada formación propugne.

* Un acuerdo político que desde la perspectiva nacional supla las carencias de la propuesta del Gobierno vasco, limitada a su propio ámbito institucional. Como dijo este Comité Nacional hace ya más de un año con ocasión de la presentación de la propuesta del lehendakari, "es imprescindible una estrategia paralela y complementaria que contemple la perspectiva global de Euskal Herria y consolide referencias e instrumentos democráticos que doten al proceso de la necesaria dimensión nacional".

* Un acuerdo sobre formas de trabajo para la defensa del acuerdo de mínimos y su extensión social. Lo cierto es que hasta ahora el proyecto impulsado por el lehendakari se ha sustanciado en el ámbito institucional y en el debate mediático, sin que, por unas u otras razones, se haya dado la participación y la implicación de organizaciones, grupos y movimientos sociales. ELA no cree, sin embargo, que se pueda hacer frente a las dificultades que ya han empezado a plantearse, sin una sociedad concienciada, organizada y movilizada, cuya cohesión debe venir, fundamentalmente, del compromiso activo con el proceso.

5. En esta primera valoración de la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi ELA se siente en la obligación de valorar la regulación que el texto propone para dos materias que afectan directamente a las condiciones de trabajo y de vida de trabajadores y trabajadoras y constituyen, por tanto, materia de directa responsabilidad sindical: las políticas socio-laborales y de empleo y las políticas de Protección Social.

No cabe duda de que el régimen propuesto mejora muy sustancialmente la situación actual. Pero para ELA es preocupante que ya en el planteamiento inicial las materias laborales y de Seguridad social no se planteen, a diferencia de otras, como materias de competencia exclusiva de la Comunidad de Euskadi.

Dice la propuesta del Gobierno Vasco que las competencias en materia sociolaboral se ejercerán "atendiendo a los derechos y obligaciones esenciales de trabajadores y empresarios definidos en los ámbitos estatal y europeo" (Art. 53,1). En cuanto a la Seguridad Social (Art. 54) el texto recoge que sería competencia de las instituciones vascas el "desarrollo de la legislación del Estado en materia de previsión social y de seguridad social, así como la gestión del sistema público de seguridad social en su ámbito territorial" (Art. 54,2), garantizando en cualquier caso el principio de caja única al reconocer la "unidad en la titularidad de los recursos del Estado" (Art. 54,3).

Lo cierto es que los temas laborales y de protección social son cuestiones centrales para una gran parte de la sociedad, en la medida en que afectan directamente a sus condiciones de trabajo y de vida y constituyen instrumentos imprescindibles para el desarrollo de políticas de mayor justicia social. De hecho, a lo largo de estos años pocas materias habrán sido objeto de mayor conflictividad en torno al régimen del Estatuto y a su aplicación que los temas de trabajo y seguridad social. El sindicalismo abertzale lleva demasiado tiempo denunciando que incluso el manifiestamente insuficiente contenido competencial que sobre estas materias recoge el Estatuto de 1979 ha sido objeto de incumplimiento, desnaturalización o interpretación restrictiva, para dar por bueno un texto en el que las potestades de la CAPV sobre los temas laborales y sociales sean compartidas con el Estado.

Porque, si algo se ha podido constatar en los años del Estatuto, es que en las materias compartidas el estado tiene recursos para extender ilimitadamente lo que se considera regulación básica y reducir en la misma medida otros ámbitos competenciales. La prudencia más elemental lleva a exigir que estas materias se incluyan entre las políticas públicas exclusivas de régimen general.

Por último, de cara al proceso que se inicia con la aprobación de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, ELA trabajará, empezando por el propio ámbito sindical, por el necesario consenso básico entre las fuerzas que defienden el derecho de autodeterminación y será parte de las iniciativas que se desarrollen en esta clave de consenso.