Declaración de la sectorial de prisiones de ELA

En repetidas ocasiones la Sectorial de Prisiones de ELA ha denunciado la política penitenciaria que el Gobierno español aplica a las personas acusadas o condenadas por su relación con ETA; esta Sectorial se ha pronunciado por el fin de la dispersión, por la excarcelación de las personas presas afectadas por enfermedades graves o incurables, por una aplicación no arbitraria de la clasificación penitenciaria y la libertad condicional y, en general, por el respeto cabal de los derechos que todas las personas presas tienen reconocidos.

Por otra parte la denuncia de la política penitenciaria nunca ha sido obstáculo para que esta Sectorial, como el conjunto de los órganos de ELA, haya denunciado la estrategia violenta de ETA y condenado sus actos criminales. Y es que, por mucho que el llamado "pacto antiterrorista" se empeñe en lo contrario, estar contra ETA no implica la adhesión a la estrategia diseñada por el Partido Popular respecto del conflicto vasco, ni la aceptación acrítica de cualquier medida que se justifique por la lucha contra el terrorismo; tampoco implica, en el ámbito que en cuanto Sectorial de Prisiones nos es más propio, la aprobación de una práctica penitenciaria que acentúa los aspectos más represivos y vulnera libertades y derechos fundamentales de las personas afectadas.

Esta Sectorial se siente, por tanto, en la libertad y la responsabilidad de hacer su propia valoración y de reclamar, en consecuencia, un cambio de rumbo y una humanización de la política penitenciaria. Reivindicación que, por otra parte, coincide con lo que piensa y quiere muy mayoritariamente la sociedad vasca.

El Gobierno español no está -lo demuestra una y otra vez- ni por el respeto de los derechos ni por la humanización de las condiciones de vida de las personas presas. Por eso ha vetado cualquier iniciativa tendente a buscar soluciones, ha negado legitimidad a las demandas sociales y a los pronunciamientos institucionales que se han dado en la materia y ha optado por acentuar la represión, también en el campo penitenciario, como única estrategia.

Lamentablemente esta estrategia es secundada por el primer partido de la oposición, el PSOE, que ha avalado las ultimas modificaciones legislativas que establecen un régimen de cumplimiento de penas intrínsecamente cruel.
La intensa actividad legislativa de los últimos meses en materia penal y penitenciaria consolida un determinado modelo de prisión -en el que prevalece la venganza y el sufrimiento- y nos aleja de otro modelo, el que se preocupa de las condiciones y calidad de vida de las personas presas y respeta su dignidad humana, que la prisión no puede anular. Son exponentes de especial gravedad del modelo de prisión como venganza el incremento indiscriminado e irracional de las penas y la consagración del principio de su cumplimiento "íntegro", la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria "que se convierte en un nuevo tribunal de excepción"- y la prohibición de cursar estudios a distancia en la


Universidad del País Vasco, institución a la que, de paso, se criminaliza política y mediáticamente.
En el cumplimiento de esta estrategia el Gobierno español no ha permitido posiciones que no fueran de adhesión incondicional y no ha tenido reparo en actuar contra los profesionales que no han estado de acuerdo con su nuevo modelo de prisión, como se ha manifestado en el cese de responsables, la instrucción de expedientes disciplinarios para castigar el simple ejercicio de la libertad de opinión o la implacable persecución profesional y personal que se ha practicado contra los miembros del cuerpo judicial que han aplicado criterios no coincidentes con las directrices dictadas por el Gobierno, con grave quebranto de la independencia judicial.

Frente a esta realidad, la Sectorial de Prisiones de ELA defiende una política penitenciaria garantista y respetuosa con los derechos de las personas, en la que los principios de igualdad y proporcionalidad no se quiebren. Algo que no es posible cuando la política penitenciaria se convierte en instrumento de hostigamiento de un determinado colectivo, se actúa contra los profesionales comprometidos con los derechos democráticos y se desprecia la demanda de medidas de humanización que plantea nuestra sociedad.

Por último, con ocasión de este nuevo pronunciamiento, la Sectorial de Prisiones de ELA reitera la demanda de transferencia de la administración de los establecimientos penitenciarios a las instituciones de Euskal Herria, a la vez que denuncia la involución que en esta materia se está produciendo, ya que, no sólo no se da cumplimiento a la transferencia pendiente, sino que desde la administración penitenciaria se obstaculiza la participación de los profesionales penitenciarios en órganos consultivos de la administración vasca, imposibilitando así la integración de su trabajo en las redes normalizadas de intervención e inserción social.

Julio de 2003

SECTORIAL DE PRISIONES DE ELA