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El 21 de marzo de 2003 finalizó la ponencia de lucha contra el fraude fiscal de las Juntas Generales de Gipuzkoa, de la que lamentablemente, nuestra valoración es negativa.

La creación de ésta, que acogimos favorablemente, fue consecuencia del acuerdo de hace casi cuatro años entre EH y PNV-EA de apoyo en las Juntas Generales de Gipuzkoa. La razón por la que la ponencia fue creada nos hizo dudar desde un principio de la verdadera voluntad de luchar contra el fraude fiscal. Sin embargo, con la mejor de las voluntades para avanzar algo en un tema tan sangrante como el fraude fiscal, y fieles a nuestro principio de crear un órgano de control en materia fiscal, decidimos participar, conscientes de que el campo de actuación de la ponencia se limitaba al fraude fiscal. En cualquier caso, somos de la opinión de que se debería de crear una comisión tripartita permanente al margen de las Juntas Generales en la que se debatieran todas las decisiones que se tomasen en materia fiscal.

La ponencia ha estado compuesta por los partidos políticos PNV, EA, Batasuna, PSOE y PP, la Asociación de Cooperativas de Gipuzkoa, la Unión de Consumidores de Gipuzkoa, y los sindicatos ELA, LAB y UGT. La patronal Adegi se negó a participar desde un principio. Los partidos políticos eran los únicos que tenían voto en caso de toma de alguna decisión, ya que las organizaciones sociales teníamos voz, pero no voto. Al acabar la ponencia sin embargo, hemos constatado que ni siquiera nuestra voz ha sido escuchada.

La dinámica de esta ponencia ha sido floja, ya que si bien la premura de tiempo con la que se ha encontrado al final a hecho que las reuniones se realizaran con cierta frecuencia, inicialmente se perdió mucho tiempo entre reunión y reunión. Además, en un principio, las reuniones se limitaban a que el representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa explicara el documento que había preparado para esa reunión, lo que a nuestro parecer, era una pérdida de tiempo. Por ello sugerimos que esa documentación fuera mandada con antelación a los miembros de la ponencia, para que pudiera ser estudiada para la reunión siguiente y ésta sirviera para aclarar dudas o exponer ideas. Si bien esta propuesta fue aceptada y mejoró de alguna forma el funcionamiento de la ponencia, a menudo, la documentación que se iba a tratar en la siguiente reunión ha sido mandaba con muy poca antelación y en nuestro caso concreto, en alguna ocasión, ni siquiera nos ha sido enviada o hemos sido citados para alguna reunión.

Fueron 45 los temas propuestos por los distintos grupos de la ponencia, y 23 las reuniones celebradas. Los temas fueron divididos en dos bloques y el 16 de mayo de 2002 se hizo pública por parte de la ponencia las conclusiones del primer bloque, supuestamente recogidas de las aportaciones de los distintos grupos. ELA ya manifestó en aquel momento que no se sentía representada por el documento final de valoraciones.

Antes de empezar a concretar el tema, conviene recordar, para hacernos una idea de lo que estamos hablando, que según los últimos datos, en Gipuzkoa, la renta media declarada en el IRPF por el colectivo empresarial, profesional y artístico fue en 1999 de 11.470¬, mientras que la del colectivo de rentas asalariadas fue de 15.620¬; es decir, que las rentas empresariales, profesionales y artísticas declararon en 1999, 4.150¬ menos que las rentas de trabajo en Gipuzkoa. Por desgracia, la casuística es la misma en el resto de territorios de Hego Euskal Herria.

En la reunión del 21 de marzo que dio por finalizada la ponencia, se consensuó, con el voto contrario de Batasuna y el favorable del resto de partidos políticos, el documento con las conclusiones del segundo bloque de temas. Desde nuestro punto de vista, son, al igual que ocurría con las primeras, meras declaraciones de intenciones que no llevan a ninguna parte. El documento se limita a realizar algunas propuestas inconcretas, sin ninguna ambición y condenadas a morir sin pasar a la historia. Frases como profundizar en el análisis de la información, incrementar el control de las operaciones, realizar un seguimiento, profundización en los mecanismos de colaboración, promover el desarrollo de iniciativas, mejorar el servicio de asistencia,... no dicen nada si no se concretan, ni se toman medidas concretas con las que se vayan a conseguir dichos objetivos. Frases como hay que acabar con el hambre en el mundo son fáciles de consensuar y tomar, pero sirven de muy poco si no se van acompañadas de medidas concretas como por ejemplo, destinar el 0,7 del PIB para ello.

La razón expuesta por los representantes de partidos que gobiernan en la Diputación fue que el texto era inconcreto porque sería difícil llegar a concreciones entre los distintos grupos de la ponencia, y que correspondía a la Diputación concretar las sugerencias que se le realizaran desde la ponencia.

Esta inconcrección nos parece especialmente alarmante en dos aspectos. El primero, en relación a las actividades empresariales, profesionales y artísticas que tributan con el sistema de módulos. ELA ya mostró su rechazo respecto a este sistema de tributación cuando el mismo fue tratado en la ponencia, y si es imposible que deje de estar en vigor, consideramos, que permitiendo el fraude de una forma tan descarada como lo hace, se debería de concretar un porcentaje en la inspección para los colectivos que eligen este sistema de declaración. De hecho, y según información suministrada por la propia Diputación, el nivel de inspección es incluso menor en el sistema de tributación de módulos, que en el de estimación directa, hecho con el que ELA también mostró su desacuerdo.

El segundo tema inconcreto que nos parece más preocupante aún que la primera, es la que hace referencia al nivel de inspección. Para ELA, la inspección es la vía más eficaz para acabar con el fraude fiscal. Tema propuesto por ELA, ha sido debatido hacia el final del segundo bloque, lo que muestra la poca relevancia que la mayoría de los grupos políticos presentes en la ponencia, dan a este tema.

Al tratar el tema de la inspección, la documentación que fue presentada, lejos de parecer un documento elaborado para la ponencia de lucha contra el fraude fiscal, parecía uno elaborado para la comisión de control de gasto. Y es que no hay dinero para aumentar la inspección; pero sí la hay para bajar el tipo del IRPF a las rentas altas y del capital! Sí la hay para dejar de recaudar debido al fraude cantidades ingentes cada año! Y si la hay para otros tantos conceptos que desde una perspectiva social, estarían mejor empleados en infinidad de usos alternativos.

Las rentas que defraudan, las empresariales, profesionales y artísticas, tienen una posibilidad de tan sólo el 1,2% anual de ser inspeccionadas, según información suministrada por la propia Diputación. Hace falta ser un santo o santa para ver este porcentaje y no arriesgarse a defraudar. De los otros 3 territorios ni tan siquiera tenemos datos, ya que ni siquiera han creado una ponencia contra el fraude fiscal, pero nada nos hace pensar que el panorama sea mejor. ELA viene proclamando una inspección del 100% en el periodo de prescripción para el colectivo de rentas no asalariadas, de forma que siendo este periodo de 4 años, se inspeccione anualmente al 25% de este colectivo. De todas formas, creemos que un periodo de prescripción de 5 años, y una inspección del 20% anual sería más deseable. Esta es una realidad en otros lugares de Europa, como Bélgica o Alemania, y que son muestra de que es un planteamiento perfectamente asumible. Es cuestión, tan sólo, de tener voluntad política. Nuestra propuesta de aumentar el nivel de inspección, fue contestada con que la inspección no es un tema eficaz y que por ello no se iba a contemplar en el documento.

En la documentación presentada para debatir la inspección, se trata además de confundir conceptos de inspección, gestión, etc., y tratar de convencer de que la inspección no es un modo de actuar efectivo en la lucha contra el fraude fiscal.

Algunos resultados cuantitativos como indicadores de lucha contra el fraude.

2001
Número liquidaciones Importe recaudado Plantilla
Inspección 1.688 31,1 50
Gestión 73.611 66,9 250
Total 75.299 98 300

Esta tabla fue presentada por la Diputación, de donde se puede concluir que:

- Con el 2% de actuaciones de inspección, se recauda el 32%
Con el 98% de actuaciones de gestión, se recauda el 68%

- Con el 16,7% de la plantilla en labores de inspección se recauda el 32%
Con el 83,3% de la plantilla en labores de gestión se recauda el 68%

Estos datos muestran que desde una perspectiva de recaudación, la inspección es más eficaz que la gestión.

ELA aportó estos argumentos por escrito, pero en vano, ya que la documentación presentada para las reuniones ha estado en todo momento encaminada a hacer del fraude fiscal un mal menor y sin solución en nuestra sociedad.

Para realizar semejante cantidad de inspección, la Hacienda Gipuzkoarra dispone de una plantilla de 35 efectivos. La propuesta de ELA de aumentar la plantilla, tampoco fue contemplada.

A nuestro parecer, tanto el dato de nivel de inspección como el de la plantilla, son claro indicio de la importancia que realmente se le da a este tema desde la Diputación gipuzkoarra, así como la intención de erradicar el problema, ya que estos datos se contemplan desde un punto de vista de absoluta normalidad y ni se llega a pensar en algún tipo de cambio.

Participar en la ponencia ha sido positivo en el sentido de que nos ha permitido ver la posición de las distintas partes sobre el tema, y sobre todo, porque nos ha permitido obtener información relevante sobre el tema, que de otra forma, nos hubiera sido imposible obtener.

Además, al hablar de fraude, no sólo se trata de dejar de recaudar dinero; se trata sobre todo, de equidad social, solidaridad, el tan en moda cumplir con la legalidad, y muchos otros conceptos que no se pueden contabilizar en términos monetarios por ser demasiado valiosos.

Desde nuestro punto de vista, si durante casi los dos años y medio que ha durado la ponencia no hemos sido capaces de llegar a acuerdos concretos y realizar propuestas concretas, no hemos conseguido nada. Y la voz de los agentes sociales, por lo menos el nuestro, además de no tener voto, tampoco ha tenido voz. Creemos que hemos sido parte de la ponencia porque nuestra presencia fue requerida como condición al negociar la puesta en marcha de la misma, y que de paso, nuestro nombre ha sido utilizado en provecho de la ponencia, con el fin de dar una imagen de democrática y consensuada. Este es el motivo de este escrito, para dejar claro que no hemos sido considerados a lo largo de la ponencia, que nuestra voz ni siquiera ha sido escuchada y que no nos sentimos representados por las conclusiones a las que se ha llegado en la misma.