ELA denuncia que el favoritismo a UGT y CCOO cuesta más de dos millones al Ayuntamiento de Iruña

ELA considera que la decisión adoptada en Pamplona-Iruña por UPN, PSN, PP e I-E de adjudicar arbitrariamente suelo público para la construcción de vivienda es un disparate sin otra explicación que la de favorecer el clientelismo y el acostumbrado trato de favor a UGT y CCOO. Desde la defensa de lo público, ELA no comprende la postura de I-E, que debe reflexionar sobre su adhesión a esta continua práctica clientelista de los distintos gobiernos.

Se trata de una operación sin rentablidad social, ya que tras la eliminación de los requisitos para el acceso a VPO, se trata en la práctica de la construcción de viviendas libres. Hay que recordar que las promotoras de los sindicatos CCOO y UGT están constituidas, incluso en uno de los casos, como sociedades mercantiles, por lo que no es cierto que se trate de empresas ajenas al ánimo de lucro.

Por otro lado, tampoco es cierto que la operación no tenga coste para el Ayuntamiento, ya que las arcas públicas van a dejar de ingresar al menos dos millones de euros en esta operación, algo inasumible para una entidad con 97 millones de deuda. El trato de favor a UGT y CCOO llega al punto de que el Ayuntamiento no va a recuperar lo abonado en su día como cargas de urbanización, ya que estos sindicatos no van a satisfacer la diferencia (como mínimo esos dos millones) que supone la recalificación.

Es evidente que no hay nada de desinteresado detrás de todo esto y que la vivienda sigue siendo tratada por estos sindicatos como un elemento de reclamo ante los trabajadores y como otro área de gestión de dinero público más.

ELA recuerda que la gestión de una demanda social de primer orden como es la vivienda no debe recaer en organizaciones sindicales, sino que debe ser la Administración la que se encargue de la gestión y adjudicación de la vivienda protegida, a fin de conseguir la mayor transparencia y equidad posible en las adjudicaciones.

Para finalizar, ELA reitera su compromiso en la defensa del derecho al acceso de una vivienda digna para todas las personas. Asimismo, ELA subraya la necesidad de aumentar el gasto público en vivienda y que se realice una apuesta por la vivienda protegida en régimen de alquiler y por la recuperación de las viviendas vacías para el mercado inmobiliario.