ELA exige al Gobierno Vasco la devolución de la paga extra suprimida en el año 2012 al personal de justicia
Tras las diferentes sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo de la CAPV, Sevilla, Valencia, Canarias, que dictaminan que la supresión de la paga extra realizada a los funcionarios y funcionarias de Justicia se hizo de forma “anómala e ilegal” y es contraria a derecho y de ver cómo en estos territorios se ha hecho el abono de la citada paga extra a todos los trabajadores y trabajadoras de Justicia, ELA ha vuelto a exigir que sin más dilación se abone ya la totalidad de la paga extra de 2012. (la última vez el 22 de enero por medio de escrito dirigido al Consejero Erkoreka.)
Desde ELA hemos venido solicitando de forma reiterada al Gobierno Vasco el abono de la paga extra de 2012 completa a todos los empleados y empleadas públicos, denunciando además de que su no pago era cuestión de la nula voluntad política de hacer frente a los recortes, ya que en otras Administraciones (Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, y diferentes ayuntamientos como el de Bilbao) ya lo han pagado.
ELA como en otros sectores también en justicia, ha venido denunciando y movilizándose desde el año 2010,ante los recortes que se han producido que han supuesto entre otras cuestiones, la destrucción de empleo y una pérdida del poder adquisitivo de más del 20% al colectivo, recortes que han afectado gravemente al servicio de justicia. También el colectivo se ha movilizado para exigir que se cumpla el acuerdo de equiparación (al resto del personal de la administración autónoma).
En el caso de la paga extra de 2012, las diferentes sentencias a aplicar al personal de Justicia dictaminan que la tardía reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitía proceder a la supresión de la paga extra entró en vigor el día 29/12/2012, fecha en la que ya se había devengado la totalidad de la paga extra por todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Hay suficientes argumentos legales para abonar la paga íntegra al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la CAPV, así como al resto de empleados/as públicos/as dependientes del Gobierno Vasco, pero, además se trata de tener voluntad política.
Los 2.500 trabajadores y trabajadoras de Justicia de la CAPV, no se merecen un gobierno que aplica los recortes que vienen de Madrid, y que “mira para otro lado” cuando hay sentencias jurídicas que están avalando que esos recortes “no son conformes a derecho”. ¿O está esperando avalancha de sentencias en la CAPV?