El artículo 24, 2 de la Constitución española proclama que todos tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. El artículo 15 del mismo texto establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes; en parecidos términos se expresan el Pacto Internacional de derecho civiles y políticos y el Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tratados internacionales ambos ratificados por el Estado español en los primeros años del posfranquismo.
Parece, sin embargo, que estos derechos y la privilegiada protección constitucional que su carácter fundamental les confiere, se evaporan cuando la autoridad competente decide aplicar a alguien la legislación antiterrorista. ¿En qué queda, por ejemplo, el derecho a no declarar contra sí mismo, cuando se mantiene a una persona encerrada durante cinco días en dependencias policiales, antes de llevarla ante el juez, y se le somete a continuos interrogatorios (hábiles interrogatorios se llamaban antes) con el objeto precisamente de que declare? ¿En qué la protección frente a la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, cuando la persona detenida queda sometida al poder absoluto de sus captores, sin que haya forma de controlar el uso que éstos hacen de su poder ni medios para comprobar la veracidad de las frecuentes y gravísimas denuncias por torturas y tratos inhumanos o degradantes?
En nada, o muy poco, como ha podido constatar, entre otros, el director de Egunkaria, Martxelo Otamendi.
Cuenta Otamendi que, cuando en su cautiverio tuvo la osadía de invocar su derecho a no declarar, fue respondido con un rotundo este sitio no tiene que ver con la democracia ni con la puta Constitución. Estado de excepción, por tanto, dentro del estado de excepción.
El ministro Acebes negará que tal episodio se haya producido nunca, como ha negado de plano las torturas y malos tratos relatados por el propio Otamendi y otras personas, cuyas denuncias no harían, según el ministro, sino seguir fielmente el manual etarra para estos casos.
Y sin embargo hay muchísima gente en este país, entre la que me incluyo, que da más crédito a las denuncias de Otamendi que a los desmentidos del ministro. Y piensa que Acebes, afectando indignación y profiriendo emenazas, no hace sino atenerse al manual para ministros de interior de regímenes que torturan a detenidos políticos.

German Kortabarria