¿El debate es la regeneración?

Resulta sorprendente que Sánchez no haya presentado una hoja de ruta clara o hitos específicos para esa regeneración, especialmente si consideramos que hace apenas unos días parecía dispuesto a retirarse de la actividad política. Resulta también llamativo que temas tan graves solo parezcan figurar en la agenda del presidente del gobierno cuando comienzan a afectar a sus familiares (algo absolutamente condenable, faltaría más), como si los problemas a regenerar no hubieran afectado durante décadas a miles y miles políticos y ciudadanos del estado español, comenzando por Euskal Herria y pasando por Cataluña, la operación Podemos y otras muchas.

Creo además que la noción de regeneración que Sánchez propone puede dar lugar a varios malentendidos. En primer lugar, parece insinuar implícitamente que hemos experimentado una democracia de calidad que ahora se ha deteriorado y necesita ser restaurada. En segundo lugar, da a entender que la democracia española es comparable a otras que de vez en cuando necesitan reformas. En tercer lugar, parece que el único camino hacia esta regeneración está indisolublemente ligado a su persona y a su partido político. Y, en cuarto lugar, aunque no lo diga, parece comprometer al actual bloque de gobernabilidad (PSOE, más Sumar, Podemos y los partidos soberanistas) para llevar adelante esa eventual agenda renovadora. Hablamos en este caso de una precaria alianza pegamentada sobre todo por el temor a un gobierno de la derecha extrema que acecha y que sumó en las pasadas elecciones generales el 45% del voto emitido.

Desde mi perspectiva, España se distingue y mucho de otras democracias. Esta diferencia no se debe solo a que cada democracia es única, sino a que la democracia española, sancionada por la Constitución de 1978, fue prefigurada y delineada con una serie de imposiciones y tabúes antidemocráticos, exigida por los franquistas y respaldada precisamente por el Partido Socialista Obrero Español. Entre estas restricciones se incluyen: la asunción de la jefatura del Estado –en aplicación de la ley franquista de sucesión– por Juan Carlos de Borbón como cabeza además de las fuerzas armadas; el establecimiento en consecuencia de una monarquía parlamentaria; una ley de amnistía que con la excusa de amnistiar a los presos políticos prohíbe prohíbe juzgar los crímenes franquistas resultando una ley de punto final; la negativa a reconocer el derecho de autodeterminación de las naciones del estado; el concordato con la Santa Sede que establece el régimen de privilegio de la iglesia católica; o la ausencia de una depuración en las instituciones del estado, la función pública y fuerzas de seguridad del estado a la salida del franquismo. Estas imposiciones, algunas preconstitucionales, junto a otras, que componen lo que se ha denominado el “régimen del 78”, constituyen un corsé que no solo limita el desarrollo político del estado, sino también cualquier posibilidad de regeneración futura.

Lo que realmente me preocupa de la situación actual no es lo que el PSOE hizo durante la transición política, un periodo en el que, como muchos otros, tuvo que operar bajo una correlación de fuerzas muy desfavorable. Más bien, mi inquietud radica en que, 50 años después, ni el secretario general y presidente del Gobierno ni los miles de militantes que lo apoyan muestran ninguna incomodidad con los elementos que hacen de España una democracia tan imperfecta y claramente susceptible de mejora.

No espero una revolución en Ferraz a estas alturas, pero tal vez las fuerzas soberanistas, políticas y sindicales, especialmente las vascas, deberíamos plantar una reflexilón en este momento. Empezaría destacando algo evidente: el Partido Socialista ha sido un pilar del llamado régimen del 78 desde la Transición y ha liderado la reconstrucción y la relegitimación del Estado tras la severa crisis multifactorial que comenzó en España después de 2009. Esta crisis incluyó una recesión económica y social sin precedentes, recortes drásticos en derechos sociales y coberturas, el procés catalán, la abdicación del rey, una crisis de representatividad, el surgimiento de Podemos y una reacción sistemática para promover a Ciudadanos, además de episodios de corrupción y la condena del PP. Desde que Rajoy fue desplazado por la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia en 2018, el PSOE ha encabezado este proceso de relegitimación del Estado en solitario, enfrentando la feroz oposición del PP y Vox, pero también con el apoyo en el gobierno y en el parlamento de las izquierdas estatales y las fuerzas soberanistas.

No quiero precipitarme; deseo ser perfectamente claro. No estoy diciendo que no se deba apoyar al PSOE en Madrid, ni mucho menos que se deba impulsar a la derecha. Mi preocupación es que el Estado está en un proceso de recomposición y relegitimación. El nuevo monarca se ha legitimado decisivamente, recordemos su papel el 3 de octubre de 2017, una fecha que marcó un antes y un después en su liderazgo. La estrategia contra Podemos, sumada a sus propios errores orgánicos y estratégicos, ha sido efectiva. Cataluña ha negociado recientemente una amnistía y parece favorecer un diálogo político. La pulsión nacional vasca es débil a pesar de la amplia mayoría soberanista en Hego Euskal Herria, y no hay signos claros de polarización o demandas políticas contundentes al Estado desde nuestra nación. Sánchez cuenta con el respaldo parlamentario de todas las fuerzas soberanistas. Las grandes corporaciones españolas no parecen mostrar gran preocupación por el clima político y los indicadores macroeconómicos son estables. El peso de las izquierdas en el bloque de gobernabilidad además se ha reducido. La derecha no ayuda directamente al PSOE, pero sí lo hace indirectamente, ya que ninguna fuerza soberanista puede concebir, a corto o medio plazo, una alianza con esta derecha. Además, si excluimos a Cataluña y Euskal Herria del mapa político español, la derecha domina ampliamente en el Estado, ocupando el poder en casi todas las autonomías. En resumen, el régimen del 78 goza de mucha mejor salud ahora que hace ocho años y el PSOE está dirigiendo con maestría el programa de relegitimación del Estado, integrando a las fuerzas políticas soberanistas en la gobernabilidad.

La pregunta inmediata es: ¿qué pensamos nosotros, los soberanistas, de todo esto? A riesgo de parecer un aguafiestas, permítanme señalar algunos aspectos preocupantes:

• El acoso a nuestro idioma en los tribunales es evidente y está en aumento, mientras que los actores euskarófobos están plenamente integrados en el juego institucional y en las políticas de alianzas.
• No se ha revertido ningún aspecto significativo de la «erosión silenciosa» que el Estado español (incluidos gobiernos, la abogacía del Estado y el Tribunal Constitucional) ha estado infligiendo sobre nuestros poderes competenciales. Esta erosión ha sido detalladamente descrita en un libro publicado por el Gobierno Vasco.
• La centralización también se está extendiendo a las relaciones laborales, un área en la que nuestro pueblo ha expresado de manera contundente y durante décadas su rechazo a ser considerado un subsistema de España.
• El derecho a decidir sigue siendo criminalizado, y lo que es más grave, alguna fuerza soberanista ya no lo trata como un derecho democrático, sino que lo considera simplemente una reivindicación particular.
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Que cada uno enriquezca el diagnóstico sobre el pulso nacional en nuestro país. Se trata de saber cómo nos va, pero sobre todo se trata de saber cómo nos irá. Porque si el Estado continua en su senda de relegitimación y fortalecimiento… ¿cabe pensar que nuestro futuro como nación va a ser más halagüeño? ¿se va a revertir la centralización? ¿van a cesar en las políticas genocidas para con las lenguas de las naciones sin estado? ¿va a haber alguna forma de reconocimiento nacional?

No sé si el debate que nos interesa es la regeneración. Puede que sí. Pero necesitaríamos en cualquier caso llenarlo de otro contenido, pensando en nuestro presente, y sobre todo nuestro futuro. Y mucho me temo que las cosas no tomarán otro cariz si no hacemos algo distinto.