La coherencia de Urkullu

2017/09/14
En la campaña previa a las elecciones que le llevaron a su investidura puso en circulación dos ideas que ha repetido machaconamente hasta la actualidad. La primera dice que una eventual modificación del estatus político vasco debe hacerse de manera “transversal”, que es su manera de decir que al menos uno de los dos “grandes” españoles (PSOE o PP; Podemos no existía ni existe a este respecto) deben estar en el acuerdo. La segunda idea es que para modificar ese estatus, hay que seguir un procedimiento: diálogo, negociación, acuerdo y ratificación. Es decir, que el “pueblo” soberano, sólo debe aparecer al final del proceso, para ratificar un acuerdo que debe fabricarse previamente entre élites políticas.

A nadie se le oculta lo que ambas ideas suponen en el debate político vasco. Defender esa “transversalidad” supone aceptar que nuestro eventual estatus no tendrá, de ninguna manera, algo parecido al derecho a decidir, ni a buen seguro cuestiones “menos” trascedentales para la España uniforme (legislación laboral y social, seguridad social o alguna forma de confederación con Navarra). Si uno mira a Cataluña, y sobre todo a España, no hay lugar a dudas. En cualquier caso, no deja de ser sorprendente que, antes de comenzar a hablar de autogobierno, se regale a los grandes partidos españoles (el pacto de estado) el derecho de veto. Bárbara concesión.

Por otro lado, la idea de que el pueblo sólo pueda participar al final de la negociación de élites, ha conocido posteriores desarrollos. Así, el propio lehendakari ha señalado cosas tales como que "me alarma que movimientos sociales sin responsabilidades condicionen Cataluña" o que "movimientos sociales sin responsabilidad política condicionan a los partidos que tenemos que rendir cuentas a la sociedad. Es delicado confundir democracia representativa con participativa". La hipótesis de un movimiento o una sociedad civil que acaba presionando en el ámbito institucional a los partidos para que vayan en la dirección que en principio quizá no querían, parece producirle urticaria a nuestro mandatario.

A partir de ahí, de todos y todas es conocido el discurso del lehendakari defendiendo la bilateralidad. Sería posible, a su entender y en las actuales condiciones, plantear un acuerdo de tú a tú entre la CAPV y el estado para revisar nuestro autogobierno. Lo que ha sucedido durante todos estos años no le provoca ningún desaliento. Ni el portazo al llamado Plan Ibarretxe, ni la sucesión de los acontecimientos en Cataluña desde el “cepillado” del estatut. No es extraño que la posición del lehendakari haga las delicias de toda la prensa y la canallesca española y españolizante, y muy en especial la del Grupo Vocento, cuyos buques insignias en la CAPV, El Correo y el Diario Vasco, hegemonizan la venta de prensa escrita y condicionan, en no poca medida, la agenda informativa de los propios medios de comunicación públicos.

Hace escasos días, preguntado por las labores de la comisión de autogobierno del Parlamento vasco, el lehendakari adelantó sus intenciones. En caso de que no haya un acuerdo para la revisión del estatus político vasco entre los partidos con representación en el parlamento, el propio lehendakari redactará unas bases y principios allá por 2018 o 19 para la revisión de ese estatus. Bases y principios que, como aclaró, en ningún caso será un articulado de nuevo estatuto.

El lehendakari se da tiempo, muy probablemente, para que no haya una propuesta de estatuto en esta legislatura. Es lo que se viene haciendo desde hace más de 10 años, tras el llamado Plan Ibarretxe. Alargar las legislaturas, difuminar el conflicto político y adormecer la conciencia de la ciudadanía sobre lo que verdaderamente está sucediendo con nuestro autogobierno. Cabe recordar que el propio portavoz del Gobierno vasco ha denunciado que para el estado el estatuto es una pura norma descentralizadora.

No sé qué va a pasar en relación con nuestro autogobierno. Me imagino esas bases y principios. Incorporarán, como corresponde al purismo abertzale, la reivindicación del derecho a decidir. Entonces el PSE y el PP se enfadarán, y quizá el PSE hasta abandone el Gobierno vasco de coalición, unos pocos meses antes de las elecciones autonómicas. Y entonces ya estará servida la confrontación electoral, entre los radicales nacionalistas y el cosmopolitismo socialista. Más madera, para terminar otra vez, en la siguiente legislatura, con el tripartito real que domina la política vasca desde hace décadas, la entente PNV-PSE-PP que decide sobre las “cosas de comer”, como son la fiscalidad y el grueso de las políticas públicas. Para la carnaza y la contienda quedan “asuntillos menores” como lo que dice Idoia Mendia sobre la imposición del euskera en la administración pública. Temas sin importancia.

Pero los renglones de la política no son rectos. La vida social, afortunadamente está llena de incertidumbres. Y he aquí un estado español determinado a que en Cataluña no haya una vía democrática para el autogobierno, y un pueblo, el catalán, que ha entendido que, siendo eso así, igual hay que independizarse para abrir vía a una nueva democracia.

Este no es para nada, el debate que Urkullu quiere. No es que al lehendakari no le ponga el autogobierno de Cataluña, que me imagino que sí. Lo que ocurre es, por una parte, que los intereses que defiende son objetivamente similares a los de las élites españolas. Lo que ocurre es que es un hombre de orden, que no va a permitir que la sociedad marque el paso y el horizonte de esas élites. Lo que ocurre es que para garantizar ese “orden” hace falta un estado que (como el Reino Unido) esté a la altura de esa bilateralidad que el lehendakari reclama. No existe ni el estado ni el rey de España que pueda dar ninguna salida ni a Cataluña ni a Euskal Herria en términos de bilateralidad. Esto es lo que el lehendakari no quiere concluir, porque eso le obligaría a cambiar de estrategia, de alianzas y de horizonte, tanto a su gobierno como a su partido. El gobierno que mutila su autonomía fiscal pactando el techo de gasto y que recibe el apoyo del PP para sus presupuestos; el partido, el PNV, que sostiene los presupuestos del Rajoy en el estado.

Por eso me entristecen las declaraciones de esta mañana del propio lehendakari, diciendo que en Cataluña, siendo sinceros, no se dan las condiciones para una consulta con garantías. Podía haber hablado de la política represiva del estado, de los alcaldes amenazados, de la sindicatura electoral ya en la diana, de las conferencias y debates públicos que se prohíben, de las amenazas de muerte que, como saben, están recibiendo políticos y políticas catalanas. No. Ha hablado de las deficiencias catalanas de procès y de quienes lo impulsan, como si estuviese en sus manos mejorar el nivel de no sabemos qué garantías. Podía haber hablado de eso, y hasta podía haber callado. Pero no la hecho, y seguirá copando los titulares laudatorios de la canallesca española… pero no sabemos para qué.

Y en el fondo, una obsesión: desconfiar de todo aquello que huele a dinámica cívica y de la sociedad civil. Exactamente igual que le pasó el 8 de abril.

De falta de coherencia está claro que a Urkullu no se le puede acusar. Eso sí, en relación con el autogobierno, el nuestro y el catalán, un auténtico fraude el suyo, una auténtica impostura.