Una réplica a Iñaki González

2023/10/09
Xabi Anza
Me ha dejado atónito la columna publicada en Deia por su director, Iñaki González, el pasado 7 de octubre. Creo que hay que situar el artículo en línea con las declaraciones que dirigentes del PNV (Ortuzar, Egibar, Atutxa) y, sobre todo, el lehendakari, vienen dedicando a ELA estas semanas, condenando las movilizaciones y las huelgas en nuestro país. La reflexión de González pretende dar, creo, un poco de lustre político a la longaniza mediática, tratando de dar luz sobre lo que él llama «procedimientos homologables para hacer política en democracia«. Un propósito nada desdeñable para una sola columna, todo sea dicho.

En democracia (dice González) «la legitimidad nace de la representatividad del sufragio universal y su ausencia no la compensa la lícita cualificación que otorgan a un sindicato sus afiliados» (…) «De ahí que la función de los partidos políticos y de los sindicatos sea claramente diferente«. El sindicato «no está sometido al contraste del conjunto de la sociedad«. «El argumento contrario se deshace por la mera cuenta del número de afiliados sobre el conjunto de los ciudadanos mayores de edad«. Por si fuera poco, concluye, «cuando Lakuntza habla de hacer contrapoder, (bebe) del anhelo marxista-leninista de sustituir el modelo (…) legitimarse en la ausencia de libertad y derechos«.

Creo que hay que comenzar diciendo que no es cierto que la única legitimidad política nazca del sufragio universal. Sí es cierto que la ciudadanía, en cuanto pueblo, construye un línea de legitimidad a través del sufragio, con el que elige a sus representantes y constituye los poderes, como el legislativo y el ejecutivo. Eso es innegable. Pero, igualmente, esa misma ciudadanía, en cuanto sociedad, y mediante el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, construye otra línea de legitimación, dando lugar a lo que llamamos la “sociedad civil organizada”: sindicatos, ONGs, movimientos sociales, medios de comunicación, patronales, confesiones religiosas… Esta línea de legitimación construida por la sociedad busca, en muchas ocasiones, influir en la otra legitimidad, en la llamada sociedad política. ¿Por qué si no, por ejemplo, editorializa un periódico, o se moviliza un sindicato o da una rueda de prensa la patronal? Para influir en política, lógicamente. Siendo esto así, resulta más que chocante, que el director de un medio de comunicación que informa, opina y editorializa todos los días (también sobre cuestiones políticas) ¡se niegue a sí mismo la legitimidad de hacerlo!. ¿Cómo se puede poner en cuestión la legitimidad de la sociedad civil para opinar y movilizarse también sobre cuestiones políticas? ¿No es capaz de ver el señor González que el argumento que utiliza para criticar al sindicato mayoritario corta de raíz la legitimidad misma del medio que él dirige?

El autor de la columna aporta dos argumentos a la tesis: 1) que el sindicato no está sometido al contraste de toda la sociedad, no siendo la cuenta del número de afiliados un escrutinio suficiente y 2) que la función de un sindicato y un partido es claramente diferente.

Desde mi punto de vista, la argumentación del director de Deia no puede ser más desoladora.

En primer lugar: ¿quién define la “función” de una organización de la sociedad civil? En democracia, incluso en la escasamente modélica democracia española, los sindicatos (y cualesquiera otras organizaciones) son organizaciones soberanas, dueñas de sí mismas para establecer su ideología, estrategia, programa, opinión… Si se lee, por ejemplo, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, resulta evidente que lo único que el Estado exige a una organización es que los mecanismos de toma de decisiones sean democráticos. A partir de ahí, nadie sino el mismo sindicato puede decidir sobre cómo organizarse o sobre qué materia puede emitir opinión o movilizarse. Otra cosa es que, desde el momento en que lo hace, se vea sometido al escrutinio público: toda organización es susceptible de ser criticada tanto por la sociedad política como el resto de organizaciones de la sociedad civil, como puede ser la prensa. Así, los sindicatos no tienen “una función” que otro agente o poder puedan definir. Ellas deciden sobre su función soberanamente. De la misma manera que el Grupo Noticias o Deia decide sobre su línea editorial. Ni más ni menos. En el caso del sindicato, sí que tiene en el entramado legal un reconocimiento singular por defender a los y las trabajadoras. Pero ese reconocimiento no es limitativo para el ejercicio de otros derechos, como es, por ejemplo, el de criticar las políticas públicas de los gobiernos.

En segundo, lugar, no es cierto que el sindicato no esté sometido al contraste de toda la sociedad. Está sometido a él desde su constitución, y través de múltiples mecanismos: las elecciones sindicales, el número de adherentes, la información que de él dan los medios, su reconocimiento institucional, las réplicas del resto de agentes de la sociedad civil (patronales, por ejemplo) o los azotes que la clase política le otorga. Ese escrutinio y crítica es permanente, y es una parte consustancial del juego democrático. Exactamente igual que si un obispo habla de la Ley del aborto o la patronal sobre la fiscalidad: ¿alguien puede poner en cuestión el derecho a opinar de estos agentes, y el derecho del resto a criticarlos? Por lo demás, el apunte de González al número de afiliados resulta esperpéntico: ¿es que si Deia vende menos de 10.000 periódicos y ELA tiene 103.000 afiliados entre los 2,8 millones de habitantes de Euskal Herria, tenemos que concluir que las opiniones del ELA gozan de 10 veces más de legitimidad que las de Deia? Yo particularmente no lo creo, porque no creo que la democracia se mida de esa manera. Dicho eso, aprovecho para sugerir que tampoco el director de Deia debería despreciar a una organización con 103.000 afiliados y afiliadas, que duplica él solo, por ejemplo, la tasa de afiliación sindical general en Francia.

En tercer lugar, González sugiere que la voluntad de ser contrapoder y defender otro modelo de sociedad manifestada por ELA, supone, ¡agárrense!, abogar por “la ausencia de libertad y derechos”. Lo dice tal cual ¡en la misma columna que niega la legitimidad de opinar sobre política al sindicato! En los Principios de 1976, aprobados por su III Congreso, ELA manifestó “que el sistema capitalista se opone a la liberación y promoción colectiva de los trabajadores y de los pueblos”. En su último Congreso, ELA abogó por “una transformación social, ecológica, democrática, feminista y antirracista del sistema, como única alternativa posible«. Que esta transformación y cambio de modelo sólo sea posible, en la mente de González, mediante el recorte de derechos y libertades, dice muy poco de ELA y mucho de la adhesión incondicional del autor al sistema económico y social vigente, y en concreto, el construido por la gobernanza jeltzale de los últimos 40 años. Tiene bemoles, en cualquier caso, que el director de un periódico que se dice abertzale despache el historial democrático de un sindicato de 112 años de historia con un slogan anticomunista digno de mejor causa.

Iñaki González dirige un grupo mediático cercano a la visión e intereses del PNV. Que un partido político tenga un conglomerado mediático que propague su visión es algo absolutamente legítimo en democracia. Y, desde luego, tiene todo el derecho para criticar a ELA y no debería costarle encontrar argumentos para ese ejercicio. Pero un hombre con semejante responsabilidad no debería ni pervertir los principios más elementales de la ciencia política y la democracia, ni mucho menos proceder al más infantil de los mecanismos de manipulación mediática, como es el de poner en boca de la organización objeto de la crítica aquello que ni es ni ha dicho.

Mal vasallo… y peor señor.