“Con el sueldo que tengo ahora, cuando los niños empiezan el curso no llegamos a fin de mes”. 

“En mi caso, no llego a fin de mes ningún mes, me pasa todo el año”.

“Yo ando recortando todo el año: alimentos, luz, teléfono… Recortar para sobrevivir”.

“Yo ando pensando todo el año que no haya imprevistos, que no se nos averíe un electrodoméstico”.

“Antes en el súper compraba para llenar un carro; ahora, medio carrito”.

“Sueño con poder disfrutar un poco de la vida, que no sea todo trabajo”.

“Un cartero, en Euskal Herria, no puede llevar una vida digna con su sueldo”.

No son frases de un anuncio, ni afirmaciones teóricas, ni reclamos pensados para lanzar una campaña sindical. Son los testimonios directos –en este orden– de Carlos Alberto González, Elvira López, José Mari López, José Mari Otxoa, Deisy Herrera, Abdelkrim Ledraa, William Flor, Urko Caneco y Belén Bernaras, trabajadoras y trabajadores que sufren en la Euskal Herria de hoy la precariedad de salarios y condiciones laborales.

Lo que en muchos medios de comunicación son cifras macroeconómicas (positivas, en su mayoría) o datos alarmantes pero muy generales (el aumento de la pobreza o de los accidentes laborales graves y mortales), en el contacto con la clase trabajadora y sus problemas cotidianos y reales se convierte en la sangrante realidad a pie de calle y en muchos hogares: la brecha socieconómica se ceba con personas inmigrantes, con los jóvenes, con las mujeres y con quien tiene diversidad funcional.

Más allá de la estadística, esta enumeración basta para comprobar algo obvio: esos colectivos suponen más de la mitad de la población. Euskal Herria no va bien, no es ningún oasis, y miles de personas, con un rostro concreto y una vida, y una historia, y una identidad concreta… lo sufren cada día.

El mundo no se va a arreglar en un día, ni con solo una medida, ni todo tiene solución a corto o medio plazo, ya se sabe. Pero si hay una medida concreta, inmediata y alcanzable para avanzar en esa dirección, esa es el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No basta con eso, evidentemente, pero a algún objetivo posible hay que apuntar, y éste está a mano. Y se puede conseguir, que se aumente y que se decida aquí, más cerca de la gente y con más opciones para presionar a los Gobiernos de Gasteiz e Iruña para que lo incrementen cada año.

17M, huelga general

Las subidas del SMI no pueden depender de los vaivenes de la política madrileña, ni de los intereses propagandísticos de La Moncloa o de sindicatos como CCOO y UGT, que se guardan ese as en la manga para simular que los 1.221 euros del SMI actual son mérito suyo, conseguidos con la mera foto protocolaria de cada cuesta de enero. Eso sí, cerrando a cal y canto la negociación en un despacho de Madrid para que la presión social no llegue a donde tiene que llegar.

Para dar respuesta todo ello, el 17 de marzo hay una convocatoria ineludible, una huelga general que contiene en sí misma la reivindicación de un mundo más justo -como todas las huelgas generales- pero que en este caso se ha decantado por hacer fuerza en una cuestión concreta, el SMI, que debe ser el nudo donde confluyan todas las demas luchas, todas necesarias, todas inaplazables. Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, con el respaldo de decenas de colectivos sociales, llaman a la huelga general ese 17 de marzo: ‘Mejorar salarios para repartir la riqueza’ es un lema que, aquí y ahora, se condensa en la reivindicación concreta de un SMI de 1.500 euros por 14 pagas. Y que su actualización anual se decida en los parlamentos de Gasteiz e Iruña.

Ahí van unos datos para complementar las experiencias de esas personas trabajadoras que ponen la piel, la carne y los huesos a unos números que siempre son fríos, pero que ayudan a entender algunas cosas y, sobre todo, algunas causas.

Desde 2008, el peso de las rentas del trabajo ha disminuido. Es decir, de la riqueza que se produce (y toda la produce la clase trabajadora), cada vez una parte menor se destina a los salarios. Y cada vez, una parte más grande de la tarta se la quedan los empresarios, en forma de beneficios. En la CAPV, las rentas del trabajo han pasado de representar el 49,3% del PIB al 47,8%, mientras que en Navarra han descendido del 48,5% al 46,6%.

Es decir, en 18 años, nada menos que 1.933 millones de euros han sido transferidos de los salarios a las rentas altas y al capital, solo en la CAPV y Navarra. Y al mismo tiempo, el PIB real ha crecido un 13,2 %. Es decir, la clase trabajadora ha seguido generando riqueza, pero recibe una parte cada vez menor. Por todo ello, en el reparto global de la riqueza, cada persona asalariada percibe de media 1.471 euros menos en la CAPV y 1.782 euros menos en Navarra. Además, entre 2008 y 2025, los salarios han crecido por debajo del aumento de los precios, lo que ha supuesto a cada persona asalariada una pérdida de alrededor de 14.000 euros (en poder adquisitivo).

Al mismo tiempo, las grandes empresas aumentan sus beneficios: Iberdrola, Repsol, BBVA, Kutxabank, Tubacex, Sidenor, Viscofan, Acciona, la Corporación Mondragón, así como los principales grupos empresariales de la siderometalurgia, la automoción, la industria agroalimentaria, la distribución (supermercados) o los cuidados (propietarios de residencias...). La riqueza se acumula, cada vez más, en manos de los más ricos.

La pobreza se extiende y se agudiza

Las consecuencias sociales de esta situación son graves. Una de cada cinco personas –alrededor de 600.000 personas en Hego Euskal Herria– se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone 137.758 personas más que en 2008. Y la brecha es muy concreta: son las personas migradas, la juventud y las mujeres quienes padecen de forma más intensa sus efectos.

Con este panorama, los gobiernos de Hego Euskal Herria —y en particular el PNV, el PSE-EE y el PSN— no solo no han promovido alternativas para hacer frente a esta situación, sino que ni siquiera han aceptado debatir las iniciativas planteadas con ese objetivo. Ejemplo de ello es lo ocurrido en la CAPV con la Iniciativa Legislativa Popular del movimiento de pensionistas. El Parlamento de Gasteiz rechazó una proposición de ley respaldada por 145.142 firmas, cuyo objetivo era complementar las pensiones mínimas hasta equipararlas al salario mínimo, con los votos en contra del PNV, el PSE-EE y Vox.

Del mismo modo, se ha bloqueado la propuesta sindical para decidir el salario mínimo aquí, en Euskal Herria. Por un lado, las patronales Confebask y la CEN se han negado a negociar el Acuerdo Interprofesional que lo haría posible (en Navarra, UGT y CCOO han adoptado la misma postura, plegándose una vez más a la patronal). Además, el Parlamento de Navarra ni siquiera ha permitido la recogida de firmas mediante una Iniciativa Legislativa Popular, y el Parlamento de Gasteiz ha rechazado debatir una ILP respaldada por 138.495 firmas, por decisión del PNV, el PSE-EE, el PP y Vox. Las causas y los responsables, por tanto, están claros.

El vicelehendakari, Mikel Torres (PSE), a falta de otros argumentos para oponerse, dice que el SMI actual solo afecta al 3% de las personas asalariadas de la CAPV. El mismo argumento se convierte en un dato a favor de aumentar su cuantía a 1.500 euros: actualmente, 305.000 personas cobran menos. De ellas, unas 165.000 trabajan a jornada completa, por lo que un SMI más elevado tendría un impacto directo e inmediato sobre mucha gente. Esto significa que un SMI propio de 1.500 euros, decidido en Euskal Herria, tendría la capacidad de sacar de la pobreza a 165.000 personas.

Además, esta medida no solo afectaría a los salarios más bajos, sino que empujaría al alza el resto de los salarios, ampliando las posibilidades de mejora de las condiciones laborales y de vida de todo el mundo. En la misma empresa, mejorar los salarios de las categorías más bajas, por ejemplo, conlleva una base más sólida para negociar las demás.

En cualquier caso, no solo el vicelehendakari se inventa argumentos que no existen. Hay incluso quien afirma que los 1.221 euros del SMI español son una cifra homologable en Europa. Pues tampoco: en Alemania el SMI alcanza los 2.054 euros; en Francia, 1.767 euros; en el Reino Unido, 2.231 euros; en Bélgica, 2.071 euros; en Luxemburgo, 2.571 euros; en los Países Bajos, 2.134 euros; y en Irlanda, 2.134 euros.

Un tema de voluntad política

Otra falsedad que se repite: no es posible fijar salarios mínimos distintos dentro de un mismo Estado. La realidad internacional desmiente esa afirmación. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Rusia, Brasil, Indonesia y otros muchos aplican salarios mínimos en función de provincias, comunidades autónomas, estados federados u otras estructuras territoriales.

Por tanto, cuando se afirma que “no se puede”, en la mayoría de los casos lo que realmente se está diciendo es que no se quiere. Cuando existe voluntad política, la puerta se abre. En el caso del SMI, basta con modificar el artículo 27 del Estatuto de los y las Trabajadoras, en un solo punto: que las comunidades autónomas adquieran la competencia que ahora es exclusiva del Gobierno central. Y según la propuesta que impulsa la huelga general del 17 de marzo, con un matiz importante que desarma los argumentos de partidos como IU, Sumar, etcétera: cada CCAA solo podrá subir el SMI, nunca recortarlo por debajo del suelo estatal.

Con ese mensaje, ELA, CIG, LAB, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI se reunieron el 12 de febrero en Madrid con PSOE, Sumar, Podemos, Junts per Catalunya, ERC, PNV, EH-Bildu, Compromís y BNG. Es decir, los sindicatos de las naciones sin Estado llevaron al Congreso de los Diputados una propuesta que reunió en la misma mesa a todos los partidos políticos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez. Y suman mayoría. Puede que cambiar el artículo 27 del Estatuto de los y las Trabajadores no sea sencillo, pero es bastante simple. Y se puede conseguir. Aquí y ahora.

Que la huelga general del 17 de marzo sea la última estación en este viaje, antes de llegar a destino: SMI 1.500 euros. Gutxieneko soldata hemen erabaki!

“Prekaritatetik ihes egiteko tresna bat da”

Carlos Alberto González Palacios (Eibar, 51 años, Limpiezas Trejo)

“Trabajo en el sector de las limpiezas, y con el sueldo que tenemos, pues hay dificultades para llegar a fin de mes, sobre todo cuando los niños empiezan el curso escolar. Llegar a 1.500 euros mensuales sería una mejora directa, y podríamos vivir más tranquilos; que esta iniciativa no se tome en cuenta en los parlamentos demuestra que no se escucha a la clase trabajadora”.

Elvira López Francisco (Bergara, 64 años, Geslagun)

“Trabajo en el sector de la limpieza, en edificios y locales. Con los salarios que tenemos estamos bastante precarias. A jornada completa, 1.380 euros, y con eso, la verdad que a final de mes, pues se llega mal, en cualquier época del año. Si dependes de una hipoteca, tienes que pagarla durante todo el año, y no alcanza. No es un mes concreto, es todo el año. Con 1.500 euros, estaríamos en una zona de un poquito más de bienestar y sería un respiro. No me parece bien que el Parlamento no haya tenido en cuenta la ILP. Nosotras también somos votantes, y se nos debería tener en cuenta”.

José Mari López Sevillano (Portugalete, 49 años, centro Ranzari)

“Trabajo en un taller de empleo especial, y mucha gente no llegamos al SMI de 1.500 euros, y lo necesitamos de verdad. Hay mucha pobreza y no se llega a fin de mes. Si lográramos los 1.500 euros… Podríamos vivir de verdad, con buena salud, hacer frente a una hipoteca… Ahora, en cambio, hay que recortar en alimentos, la luz, el, el teléfono, el agua... Hay que recortar para sobrevivir”.

José Mari Otxoa Díaz de Monasterioguren (Agurain, 48 años, Arcelor Mittal)

“Con un sueldo bajo, en lo primero que piensas es en las facturas, en la hipoteca, que no se averíe un electrodoméstico, el coche o tengas algún incidente. Y épocas complicadas, pues las típicas de la cuesta de enero, el comienzo del curso de los hijos...

Conseguir los 1.500 euros, por lo menos sentaría una base mínima, un poco más acorde a lo que es la vida en Euskal Herria. Aun siendo todavía bastante mínimo, pero bueno, arreglaría algunas de las facturas o de los imprevistos. Podríamos dedicar un poco más de nuestros sueldos a un poco de ocio, vacaciones o alguna historia así. Lo de los Parlamentos es una vergüenza y un poco autoritario. Lo mínimo es prestar atención a la gente: que descarten la ILP así de plano, pues es una vergüenza”.

Deisy Herrera (Ribaforada, 26 años, Cooperativa San Blas)

“Con el actual salario no podemos hacer muchas cosas, nos tenemos que someter a los alquileres. En cuanto a los chicos del cole, nos restringe un poco los gastos. En cambio, si nos aprueban lo de la subida del SMI, tenemos muchos más beneficios en cuanto a los alquileres, y podremos aspirar a nuestras propias casas, pagando hipoteca. Yo, por ejemplo, soy extranjera, y tendría oportunidad de viajar más a mi país, unas vacaciones más dignas, más seguidas. Además, pensando más a futuro, nos ayudaría mucho con la pensión”.

Abdelkrim Ledraa (Ribaforada, 53 años, Cooperativa San Blas)

“El alquiler y los gastos de la familia se lo llevan casi todo. Si se sube el sueldo, por lo menos podremos viajar a ver mi país, a comprar cosas que no podemos comprar... Podremos ayudar a la familia y todo eso. Incluso comprar un pequeño terreno, por ejemplo”.

William Flor (Tudela, 43 años, Aramar)

“Los alquileres están cada vez más altos, la cesta de la compra está subiendo y lo que no sube es el sueldo. Entonces, te pones a pensar y dices: ‘Oye, pues cada día, con lo que compraba un carrito, ahora compro la mitad de un carro’. Nos hemos quedado estancados. Esta reivindicación es para una vida más digna. Queremos poder meternos una vivienda, una hipoteca, disfrutar un poco de la vida, no es solo todo trabajo. Y poder sacar a nuestros hijos, llevarlos a algún lado, sin estar pensando: ¿llegaré a fin de mes? Esta iniciativa me parece genial. Hemos llegado a este punto porque aquellos que fueron elegidos por el pueblo están ignorando totalmente al pueblo, a la clase trabajadora, y esta huelga es una forma de reivindicar nuestros derechos, porque no hay manera, no nos han dejado otra manera”.

Urko Canseco (Zestoa, 44 urte, Correos)

“Gutxieneko soldata hemen erabakitzeak ate asko irekiko lizkiguke. Esaterako, postari hasiberri batek egun duen 21.000 euroko muga gainditzeko aukera emango liguke. Azken finean, prekaritate handian bizi gara. Postari batek Euskal Herrian ezin du bere bizitza egin bere kabuz, soldata baxu horrekin. LGS altuagoak lan baldintzak hemen negoziatzeko aukera emango liguke. Enpresarekin hitz egin eta muga hori gainditzeko erreminta bat emango liguke, finena”.

Belen Bernaras (Irura, 57 urte, Correos)

“Momentu honetan, enpresarekin hitz egitera joaten garenean esaten digute guztia Madrilen negoziatu behar dela. Gutxieneko soldata honek aukera emango liguke hemen negoziatzeko eta hemen erabakitzeko gure soldata. Horregatik goaz grebara”.

Burujabetza egunero irabazten da

Burujabetza kontzeptu abstraktoa izan daiteke, edo etorkizuneko irudi mitiko bat, edo… egunero eraikitzen den zerbait. Azken aukera hau da M17ko greba orokorrak landuko duena. Gero eta errealitatearen alor gehiago hemen erabakitzen badira, Euskal Herriko burujabetza handitzen doa, de facto (eta de iure, bide batez). Orain dela gutxi lortu zen Langileen Estatutua Madrilen aldatzea lurralde hitzarmen kolektiboak Estatukoen gainetik jartzeko (prebalentzia autonomikoa). Zergatik ez da orain lortuko LGS propioa, Langileen Estatutu bera aldatuz?

Testuinguru honetan, galdera saihestezina da: nola uler daiteke Euskal Herriko alderdi politiko guztiek kontzertu edo konbenio ekonomikoa sutsuki defendatzea, baina Lan Harremanetarako eta Babes Sozialerako Esparru propioa ez defendatzea? Nola justifikatu daiteke bata bai eta bestea ez, klase interesek tartean esku hartzen ez badute behintzat?

Edo, bestela esanda, agian alderdi batzuei kontzertu edo konbenio ekonomikoa erabilgarria zaie enpresen eta aberatsenen interesak babesteko, baina Lan Harremanetarako eta Babes Sozialerako Esparru propioa ez; eta horregatik ez dute azken hau lotzeko benetako borondaterik?