Las residencias, un mundo de no derecho

Erreportajea IÑAKI LASAGABASTER - Catedrático de Derecho Administrativo (EHU/UPV)
La sociedad política se caracteriza porque las personas tenemos derechos y las autoridades y particulares actúan sometidos a normas jurídicas. Cuando se dice que las residencias han sido peores que las cárceles, se nos está diciendo que, como en éstas, ni se han respetado los derechos ni las autoridades han actuado respetando las normas o dictando las que en cada momento convenían. El término protocolo ha adquirido una importancia lúgubre destacada.

Aunque no se disponga de datos contrastados, que me temo se estén maquillando, han quedado claras para la opinión pública algunas cosas: 1) que muchas personas mayores han muerto en soledad en su habitación de la residencia, 2) que personas mayores de residencias no han sido trasladadas a los hospitales, 3) que los familiares no han sido informados de su estado de salud, 4) que han sido trasladados de residencia, en algunos casos, sin comentar a la familia, 5) que la Administración competente no ha informado del número de personas fallecidas, 6) tampoco lo hizo el departamento de salud del Gobierno vasco (excepto por una filtración periodística), 7) sin dar explicaciones sobre la política de realización de test a las personas ingresadas y las empleadas, es decir, con falta de transparencia en la adopción de las decisiones y opacidad en la aportación de datos. Tampoco se conoce el apoyo científico que las Instituciones públicas tienen, cuando se adoptan determinadas decisiones en esta materia.

Muchas decisiones han sido adoptadas con protocolos que se desconocen, no se sabe quién los ha aprobado, decidiéndose en algunos casos el traslado o no de personas enfermas a hospitales de acuerdo con esos criterios, diferenciándose situaciones según se dispusiese de seguro privado de enfermedad o no. Es necesario estudiar la política aplicada por los poderes públicos y los titulares privados de las residencias para, en un futuro, si fuera necesario, aplicar una política más democrática y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas, sin opacidad, con transparencia y participación.