Biden y el FMI adelantan a la izquierda en fiscalidad

No es buena señal que Joe Biden, flamante presidente de EEUU, y el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI) se hayan convertido en la referencia mundial para una reforma fiscal con sus ideas de un impuesto de solidaridad que grave las rentas altas o de aumentar sustancialmente el impuesto sobre sociedades. Eso quiere decir que la izquierda política –de todo el planeta, lo que en Euskal Herria se traduce en unas siglas muy concretas– está a otras cosas, todas ellas menos importantes y, lo que es más grave, menos eficaces para combatir las desigualdades y caminar hacia la justicia social.
“Resulta muy significativo –subraya Mitxel Lakuntza (secretario general de ELA)– que el Gobierno de EEUU haya adelantado por la izquierda no sólo al Gobierno vasco y al foral sino también a la propia izquierda”. Mientras que ELA lanza propuestas concretas (tipo mínimo del 25% en el impuesto sobre los beneficios empresariales, por ejemplo), Urkullu, Chivite, los diputados generales y los partidos de ambos gobiernos (PNV-Geroa Bai y PSE-PSN) repiten constantemente que “no es momento para cambios fiscales”.
Si ahora no es el momento, ¿cuándo? Precisamente ahora es cuando se necesitan más ingresos públicos y un efectivo reparto de la riqueza, un objetivo que choca con los intereses económicos que defienden estos partidos.
¿Y de ahí hacia la izquierda? Pues la preocupación principal de EH Bildu y Elkarrekin-Podemos en el ámbito económico ha basculado desde su oferta de apoyo presupuestario (fallida en la CAPV y efectiva en Navarra) hasta la participación en el reparto de los fondos europeos, sin cuestionar ni por un momento la naturaleza de esta iniciativa de la Unión Europea ni las servidumbres que acarreará: más recortes en las pensiones, otra reforma laboral contra la clase trabajadora y dinero público para asegurar los beneficios de las grandes empresas de siempre.
Lo más claro y sencillo es lo más difícil de aplicar, precisamente porque el efectivo reparto de la riqueza exige un primer paso ineludible: obtenerla de donde está. Así, aplicar un recargo de entre el 1 y el 10 % al Impuesto sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas permitiría recaudar 2.000 millones de euros en la CAPV y 500 millones en Navarra en un año. Se trata de que la gente y las empresas con más dinero aporten una pequeña parte de su capital para paliar los efectos de la COVID-19 y poder sostener los servicios públicos, las prestaciones sociales... Es una cuestión de justicia.