El Gobierno Vasco recorta derechos y prestaciones sociales

Iritzia Sheila Fernández, Gorka García y Alfredo Castro (miembros de la plataforma Berri-Otxoak)

El Gobierno Vasco ha presentado a lo largo de 2022 un nuevo texto para reformar las prestaciones que gestiona a través de Lanbide: Incentivos al Empleo, Renta de Garantía de Ingresos, Complemento de Pensiones y Prestación Complementaria de Vivienda. Después de la publicación de esta ley para reformar el sistema de protección social vasco, se han sucedido las noticias que califican este nuevo documento como un avance respecto a la ley anterior, escondiendo los recortes y la vulneración de los derechos más básicos a la clase trabajadora.
Recortes y vulneración de derechos
La primera conclusión que se puede extraer es que nuevamente el Gobierno Vasco recorta los derechos de las personas y familias más vulnerables. En concreto, de las unidades de convivencia compuestas por una sola persona, pensionistas y de las familias con menores a cargo afectadas por una separación, divorcio o desahucio.
El nuevo borrador para reformar la ley, que pretende mutilar el actual sistema de protección mantiene, en un primer momento, los recortes de entre un 20% y un tercio aplicados desde el año 2012 a las cuantías de las prestaciones sociales que pretende regular: Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Incentivos al Empleo, Complemento de Pensiones y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
Asimismo, se retira la actual indexación de la cuantía de la RGI al 100% del SMI para la personas pensionistas o del 88% para el resto de unidades de convivencia. Cuantía que se establecerá sin ningún criterio claro, al albur de lo que crea conveniente el Gobierno Vasco de turno, y muy lejos de la adecuación a los aumentos que pueda sufrir el IPC.
Según la actual legislación, la RGI debería situarse en 1.026 euros mensuales (en 12 pagas); sin embargo, la nueva normativa la sitúa en 737 euros, lo que supone dejar de percibir 289 euros mensuales.
Las familias pensionistas o con personas dependientes verán recortados sus derechos y las cuantías de las prestaciones que les corresponden por la actual normativa en 233 euros mensuales. En concreto, el complemento de pensiones que gestiona Lanbide debía ser, según la legislación en vigor, de 1.167euros (en 12 pagas), y se establecerá, según el nuevo proyecto, en 934 euros mensuales.
Además, esta propuesta de reforma de ley contempla uno de los principales recortes introducidos en el año 2012. Así, se penaliza a las personas que comparten pisos de alquiler “cuando en un mismo domicilio resida más de una unidad de convivencia, sea beneficiaria o no de alguna prestación social, la cuantía se recortará aplicando un índice corrector a la baja del 15%”, castigando de esta manera a las personas y familias más vulnerables y precarias que son las que se ven obligadas a compartir piso.
Además, este proyecto de reforma conserva los recortes a las ayudas al alquiler aplicados desde hace una década: los 320 euros de 2011 de la Prestación Complementaria de Vivienda serán 275 euros mensuales con la nueva redacción. Esa cuantía no cubre ni el precio medio de una habitación en alquiler.
Por otra parte, este texto de reforma mantiene el último recorte realizado a las familias monomarentales perceptoras de las prestaciones de Lanbide cuando son acogidas por sus familiares producto de una separación, divorcio o desahucio y si sus menores superan una determinada edad, que con la nueva redacción serán los 3 años.

Egungo legediaren arabera, DSBE 1.026 eurokoa izan beharko litzateke hilean (12 ordainsari); hala ere, araudi berriak 737 euroan kokatzen du, hau da, hilean 289 euro jasotzeari uzten dio.


Se continúa en la senda de la criminalización de la pobreza
El anteproyecto de ley insiste en el empleo de sistemas biométricos, como la huella dactilar y reconocimiento facial. Se estigmatiza, de esta manera, a las familias usuarias de Lanbide y acogidas al sistema de protección social como proclives al “fraude”, cuando éste es irrelevante: no llega ni al 0’4% de todas las prestaciones gestionadas. Es más, se llega a definir qué personal de Lanbide podrá “acceder al domicilio de las personas titulares de las prestaciones”.
El Gobierno Vasco ahonda en la brecha digital al demandar que la tramitación de los Incentivos al Empleo, la Renta de Garantía de Ingresos, el Complemento de Pensiones y la Prestación Complementaria de Vivienda sea por medios telemáticos.
Según la memoria económica, esta reforma de la RGI -y demás prestaciones sociales- supondrá un coste de 42 millones de euros. El ahorro del Gobierno Vasco a cuenta de la gestión del Ingreso Mínimo Vital será de 188 millones de euros. El Gobierno Vasco recorta el sistema de garantía de ingresos cuando se va a “ahorrar”, como mínimo, 146 millones de euros. Esto es: existen recursos para revertir los recortes aplicados durante la última década y ampliar los derechos sociales.
En el actual contexto de debate sobre las consecuencias de esta reforma del sistema de protección social vasco cabe recordar que en sus 33 años de historia ha sido incapaz de salvaguardar a todas las personas en riesgo de pobreza y exclusión ya que, cada año, aproximadamente un tercio de la población en riesgo de exclusión social no accede al sistema de garantía de ingresos (54.197 personas en 2020), y las personas que acceden a la RGI no salen de la pobreza (67.306 personas en 2020).

“Erreforma horrek ez ditu aintzat hartzen egoera prekarioenean dauden pertsonak, gutxien duena are gehiago pobretuko du”.


Esta nueva ley se redacta cuando las situaciones de pobreza se han visto agravadas por el actual contexto bélico y estos años de pandemia y crisis social. Cabe destacar que los recortes recogidos en esta nueva propuesta de reforma repercuten de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. En concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco” señala que un 19’9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.
Asimismo, el Gobierno Vasco señala que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años: 92.000 niños y niñas en la CAPV están en peligro de pobreza, principalmente en hogares encabezados por mujeres.
Solo cabe concluir que esta reforma se hace a espaldas de las personas y familias más vulnerables y precarizadas, empobreciendo aún más a quienes menos tienen.