En Colombia, el pueblo no se rinde, ¡carajo!
Eztabaidaezina da gizarte-mobilizazioak bere fruituak ematen dituela eta proposatzen diren herri-helburuetako batzuk lortzen dituela; hala ere, Kolonbiako gizarte eragileak alertak daude kaleak berriro hartzeko, beren eskakizunei erantzuten ez bazaie.
En los últimos 30 años, el Gobierno y la élite de poder político colombiano han impuesto una serie de reformas que han obligado a millones de ciudadanos a vivir en condiciones indignas de pobreza y exclusión.
Es así cómo el sistema de salud, por ejemplo, se privatizó con la Ley 100 de 1993. A través de dicha ley, el Gobierno entregó a los mega-empresarios del sistema financiero colombiano y multinacional “la gallina de los huevos de oro”, para que ellos, sin mayor esfuerzo, crearan empresas de recaudo de las cotizaciones conocidas como Empresas Promotoras de Salud “EPS”; y toda la infraestructura, es decir, más de 300 clínicas y hospitales públicos fueron “feriados” o vendidos a muy bajo precio. Lo único que han hecho las EPS (propiedad de los banqueros) es recaudar los aportes de los trabajadores (el 12% del salario recibido) y hacer negocios con el dinero de la salud, que mes tras mes están obligados a pagar todos los trabajadores y empleadores. La precarización de todos los servicios de salud han sometido incluso a la muerte a cientos de miles de colombianos.
Si se revisa el sector de la educación, desde 1992 han privatizado el 78% de la educación superior, así como el 64% de la educación básica y media, al tiempo que la mayor proporción del incremento presupuestal se le ha entregado a las instituciones educativas del sector privado.La educación pública se ha deteriorado dramáticamente para los niños, niñas y adolescentes de los sectores más pobres de la población colombiana que, en una gran mayoría actualmente no tienen acceso a ella. Simultáneamente, se ha inflado la burbuja de endeudamiento por créditos educativos
Lo mismo sucedió con los otros derechos de la población, como es el derecho al trabajo en condiciones dignas, porque con la Ley 50 de 1990 se impuso la más brutal reforma de flexibilización laboral de toda la historia republicana: acabó con la estabilidad en los puestos de trabajo, permitió la temporalidad en la contratación laboral, se robó la retroactividad de las cesantías, permitió la creación de empresas de tercerización laboral, acabó el pago de dominicales y festivos, redujo el pago de horas extras o trabajo suplementario; y lo peor es que desde 1990 el Congreso de la República ha legislado a favor de los empresarios, creando seis (6) leyes con graves reformas laborales para darle todas las gabelas a los empleadores, precarizando muchísimo más cada día las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, al punto que según datos del propio Gobierno, en 2021 el empleo informal, conocido también como autoempleo, supera el 60% y el desempleo supera el 18%, situación que le impide aspirar a un buen empleo a cualquier persona joven.
Radiografía idéntica sucedió con el sistema general de pensiones, ya que desde 1993 dejó de ser público. El gobierno de turno, con esa misma Ley 100 de 1993, entregó a los banqueros más ricos de Colombia el “negocio de las cesantías y pensiones”, para que ellos, sin ser los dueños del dinero y sin haber hecho mayores inversiones, simplemente abriendo oficinas administradoras de pensiones y cesantías, recauden los aportes que hacen trabajadores y empleadores. Además, puso una cantidad de condiciones traumáticas que hoy le impiden recibir su pensión a la gran mayoría de colombianos cuando cumplen la edad para ello, porque aumentó la edad de jubilación, aumentó las semanas de cotización, disminuyó el monto de las pensiones que reciben los colombianos y acabó con los regímenes de pensiones que los sindicatos habían logrado a través de la negociación colectiva.
La elevada deuda externa, las costosísimas consecuencias de la Pandemia de la Covid 19 y la corrupción que anualmente desangra las finanzas públicas han llevado a Colombia a una situación fiscal gravísma. El gobierno impuso en menos de 18 meses dos nefastas reformas tributarias, y desde el segundo semestre de 2020 radicó un cúmulo de proyectos de Ley para que el Congreso de la República apruebe en la presente legislatura otra reforma tributaria, una reforma al sistema de salud y una reforma al sistema general de pensiones, entre otras. Todo ello configura un inhumano ajuste estructural que deja a los colombianos sin ninguna posibilidad de bienestar.
ESTALLIDO SOCIAL
Fue por ello que el Comando Nacional de Paro, conformado por el movimiento estudiantil, organizaciones del sector de la salud, sindicatos, centrales obreras, mujeres, indígenas, campesinos, jóvenes y otras organizaciones sociales y académicas, analizaron y socializaron las nefastas consecuencias del pretendido ajuste gubernamental, se convocó a un gran paro nacional que empezó el 28 de abril y se prolongó por más de 3 meses, en el cual participaron más de 8 millones de ciudadanos/as en todas las ciudades y pueblos del país.
Lo que empezó como un Paro de un día se convirtió en el más grande paro de la producción y los servicios que se haya realizado en Colombia desde 1977, con la característica de que fueron los jóvenes quienes lideraron las multitudinarias marchas y manifestaciones pacíficas, con expresiones musicales, culturales y lúdicas, que enriquecieron y fortalecieron el movimiento en todo el país.
Sin embargo, por orden del gobierno uribista, las manifestaciones pacíficas fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas armadas oficiales (policías y ejército), por grupos paramilitares que se han fortalecido en el actual gobierno y por sectores mafiosos. Se militarizó ilegalmente el país y se dieron facultades extraordinarias a los comandantes de las fuerzas armadas, que salieron a disparar con armas de fuego y no convencionales en contra de los manifestantes. Así mismo, el Gobierno intentó convencer a la comunidad internacional de que solo reprimieron a los infiltrados, a los vándalos y a las disidencias de las FARC y del ELN.
Argumentos desmentidos por centenares de videos e imágenes existentes y que circulan aún en las redes sociales; y que están en poder de muchos Gobiernos del mundo y autoridades multilaterales defensoras de los Derechos Humanos. Hoy no queda duda que el Estado ha masacrado sin compasión a la población pacífica y desarmada que protesta en las calles de Colombia. Hay reportes de más de 1.000 manifestantes desaparecidos (cuerpos de algunos de los cuales han aparecido desmembrados y descompuestos en ríos y fosas comunes del país), más de 40 asesinados por las balas de policías uniformados y de civil que han atacaron a la población indefensa en Cali, en Pereira, en Ibagué, en Medellín, en Cartago, en Yumbo, en Armenia; en Tunja y en otras muchas ciudades del país. Las fuerzas militares también detuvieron y judicializaron a más de 1.500 ciudadanos que pacíficamente se manifestaban.
VICTORIA POPULAR
El estallido social en Colombia logró que el Gobierno colombiano retirara varios de los proyectos de Ley ‘antisociales’ que tenía radicados para su aprobación en el Congreso de la República, además se vio forzado a aceptar la negociación de los pliegos de peticiones que diversos sectores sociales le presentaron desde hace más de 2 años y a declarar gratuidad de la educación para los estratos uno, dos y tres; así mismo, las centrales obreras y otras organizaciones sociales radicaron más de 17 proyectos de Ley que actualmente se discuten en el Congreso de la República (aunque, sin la presión social, corren el riesgo de ser hundidos por los legisladores gobiernistas).
Es indiscutible que la movilización social da sus frutos y logra algunos de los objetivos populares que se proponen; no obstante, el Comité Nacional de Paro, los camioneros, los estudiantes, los trabajadores y usuarios de la salud, los sin futuro, entre otros grupos poblacionales están alertas para tomarse de nuevo las calles si sus reclamos no son atendidos.