Reforma laboral, fondos europeos NextGenerationEU y la deuda que nos espera
Ahalegin handiagoa egin behar genuen pandemiaren osteko susperraldia eta eraldaketa ekonomikoa finantzatzeko, epe laburrerako eta epe luzerako Next Generation EU funts europarrek adina baldintza eta arrisku ez dituzten beste mekanismo batzuen bidez.
El debate actual entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma laboral no solo nos muestra las diferentes posiciones entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz y la dificultad de encontrar un acuerdo entre actores sociales, sindicatos y patronales sino que manifiesta otro hecho: hay que contentar a la Comisión Europea (CE). Más bien, la CE es uno de los actores más importantes en el debate actual. Sin su aprobación, el Gobierno de Pedro Sánchez no recibirá ni un euro más de los fondos europeos NextGenerationEU (NGEU). Ya en junio de 2021, Ursula von der Leyen, presidenta de la CE, anunció que la llegada de las ayudas NGEU estaban condicionadas al avance del Gobierno en las reformas laborales, de pensiones y fiscales y al cumplimiento de las recomendaciones fijadas en el semestre europeo.
Es decir, los fondos no son gratis, vienen con condiciones. En junio de 2021, la CE aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España puede’ donde el Gobierno de Sánchez pidió 69.500 millones de euros en subvenciones para invertir en la recuperación económica post-pandemia y en la modernización del tejido económico español en supuestas claves verdes y digitales. En este plan dibujó, además, 102 reformas, de las cuales algunas son muy importantes para las personas trabajadoras y el tejido social: concretamente, las reformas de las pensiones, fiscal y laboral. Las pautas generales están ya diseñadas y entregadas a Bruselas.
Por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, podemos ver en el componente 23 del plan ‘España puede’, que el Gobierno ya decidió que no iba a emplear la palabra “derogación de la reforma laboral de 2012 del PP”, sino que optó por el concepto de la “corrección de los desequilibrios estructurales” para conseguir la aprobación de Bruselas. Cuatro semanas después el Estado español recibió la primera transferencia de 9.000 millones de euros a cargo de los fondos NGEU. Así, en pleno debate sobre la reforma laboral, la CE advierte al Gobierno de que “la reforma laboral y la de pensiones deben cumplir lo pactado”, como dijo el comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni en octubre 2021 durante su visita en la Moncloa y que “la CE tiene claros los objetivos de la reforma laboral: pide que se reduzca la temporalidad, que mejore la negociación colectiva y, sobre todo, reclama que estos cambios no rebajen la flexibilidad que introdujo la reforma de 2012.“
CONDICIONANTES PREOCUPANTES
Pero si nos preocupan las condiciones que hay que cumplir para recibir los fondos NGEU, nos deberían preocupar aún más las condiciones para devolver el dinero a Bruselas. Sí, hay que devolverlo, porque la Unión Europea financia el instrumento NGEU a partir de la emisión de bonos “NGEU”. Estos bonos son deuda mutualizada, donde los riesgos serán compartidos entre los Estados miembros. Es decir, en los próximos 5 a 30 años, cuando vencen los bonos, la Unión Europea, mejor dicho las personas contribuyentes, deberán devolver el dinero a los mercados financieros.
Por lo tanto, la UE deberá haber recaudado ese dinero de los Estados miembros. La vía de recaudación más probable, según lo que pasó tras el crash global de 2008, es a través de la priorización del pago de la deuda y el recorte de los gastos públicos en servicios esenciales para la sociedad (como salud y educación). De hecho, en agosto de 2021, la ministra de Hacienda, MªJesús Montero, argumentó que cuando se activen las reglas fiscales - suspendidas por la pandemia hasta el próximo año - “habrá que presentar ante Bruselas y también ante el Congreso un plan creíble que permita certificar que el Gobierno está en una hoja de ruta de bajada del déficit y el endeudamiento”. Visto lo visto, es más que probable que no se cargue la financiación de la recuperación económica sobre las empresas y grandes fortunas a través de una reforma fiscal progresista, sino que nos impongan una nueva ola de medidas de recortes y austeridad.
Al pensar en posibles escenarios futuros, es imprescindible tener en cuenta la deuda que generan los fondos NGEU y pensar cuáles serán los impactos para las futuras generaciones y personas trabajadoras. La CE anunció que emitirá bonos por valor de 800.000 millones de euros hasta 2026 para financiar la recuperación económica. Recientemente, anunció que emitirá 250.000 millones de euros en bonos verdes para financiar los fondos NGEU. Realmente, lo que sabemos a fecha de hoy es que hay 6 bonos NextGenerationEU – en corto bonos “NGEU” – ya emitidos en el mercado financiero, con un valor nominal de 66 mil millones de euros.
LOS FONDOS DE INVERSIONES, TENEDORES DE LOS BONOS
De momento no hay datos disponibles sobre los tenedores de estos bonos NGEU, que se pueden consultar de manera pública. La CE publicó en la subasta inicial para los primeros 5 bonos únicamente los datos de los compradores por sectores y región geográfica. Según estos datos, el 76,60% de los bonos NGEU fue comprado por inversores privados como fondos de inversiones, bancos comerciales, aseguradoras, fondos de pensiones y “hedge funds” y el 23,4% fue comprado por bancos centrales. El grupo mayoritario de compradores fueron los fondos de inversiones (36,80%) y, en general, la mayoría de los inversores provinieron del Reino Unido (27,60%) y Alemania (14,80%).
La opacidad y falta de transparencia del mercado financiero dificulta la lectura sobre los acreedores de la deuda comunitaria. La pregunta de a quién tenemos que devolver lo prestado en 2026, 2028, 2031, 2037, 2041, 2051 -cuando vencen estos bonos que actualmente se intercambian en el mercado financiero-, en este momento solo se puede adivinar. Si se mantiene el % del día de la compra, podemos prever que 19.872 de los 66.000 millones de euros (emitidos actualmente) tendremos que devolverlos a los fondos de inversiones, como pueden ser HSBC (Reino Unido) o Alianz Group (Alemania). Si se vende la deuda a los poderosos fondos estadounidenses, vamos a deber a BlackRock, Vanguard o Fidelity Investment.
MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN
¿Por qué nos debería preocupar? Primero, porque es una cuestión de justicia intergeneracional: es la futura generación la que tendrá que devolver en los próximos décadas lo prestado a estos acreedores. ¿Les hemos preguntado si las políticas actuales de recuperación económica -y también las reformas relacionados con ello- son en su interés? Diría que no.
Segundo, en el contexto actual de sobreendeudamiento, caída del PIB, recesión económica y futuros costes relacionados con la emergencia climática, es bastante improbable que podamos generar a través de nuestra economía productiva la riqueza para devolver todo lo prestado a los mercados financieros en su tiempo acordado. Dado el gran poder que ejercen los inversores privados, como BlackRock, en nuestro sistema político-económico actual, no es muy probable que las instituciones europeas se enfrentaran a ellos, pidiendo, por ejemplo, una reestructuración o cancelación de la deuda. La UE refinanciará su deuda comunitaria, es decir, nos endeudaremos más para devolver la deuda antigua, convirtiéndola, así, en una deuda perpetua.
Si ahora recordamos las palabras de Ursula von der Leyen, que presentó en julio de 2020 los fondos europeos NGEU como “instrumento temporal”, con razón nos entran dudas sobre la coherencia de estas palabras. Igual deberíamos haber puesto más esfuerzo en financiar la recuperación post-pandemia y transformación económica a través de otros mecanismos que no tengan tantas condiciones a corto y riesgos a largo plazo.
Esperamos que el Gobierno tenga esto en cuenta cuando comience con sus próximos deberes: la reforma fiscal.