Cuidar: ¿cuestión de Estado?
Diamante en bruto
Elizalde-San Miguel explica que cuando surgen necesidades de cuidados, como cuidar a menores o personas dependientes a nuestro cargo, las decisiones que tomamos no pueden entenderse sólo desde una perspectiva individual. “Parece que la manera en la que cuidamos responde a decisiones individuales: puedo o quiero dejar mi empleo para cuidar, me puedo permitir una reducción de jornada o no, soy hombre o soy mujer... Pero lo cierto es que esas decisiones que parecen individuales responden a unas lógicas colectivas que se enmarcan dentro unas estructuras sociales”, afirma. Menciona un concepto para entenderlo: la organización social de los cuidados.
“Los cuidados se estructuran y se organizan socialmente, y es dentro de esa estructura que tomamos las decisiones que podemos”. Explica que se trata de un concepto que existe desde los años 90, pero hay un momento, en 2007, cuando la acádemica Shahra Razavi se refiere a él como ‘el diamante de los cuidados’, una estructura formada por cuatro ejes que son los encargados de producir, gestionar y distribuir los cuidados en las sociedades actuales: las familias, los Estados, los mercados y la comunidad. Pero esa estructura, al igual que un diamante, es desigual. Aún hay mucho que pulir.
La familia (no) basta
Elizalde-San Miguel explica que, al igual que en otros países del sur de Europa, procedemos de una tradición familiarista. “Las familias han asumido el rol de cuidadoras principales. El bienestar de las personas recae, todavía hoy, principalmente sobre ellas”. Tal y como recoge en su artículo ¿Femenino e informal? El modelo tradicional de cuidados a examen desde una perspectiva demográfica, el 80% de las personas que cuidan siguen siendo familiares. “Hemos generado pocas demandas colectivas el Estado; exigimos poco, porque hemos interiorizado que es la familia quien nos debe cuidar”. Claro, matiza. “Cuando hablamos de familias estamos utilizando un eufemismo, porque en realidad hablamos de las mujeres, que son las que históricamente han cuidado”.
Estamos, por tanto, ante un sistema de cuidados feminizado. Sin embargo, en la década de los 90, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo formal empieza a generalizarse, algo que desestabiliza el sistema. “Las personas que ostentaban el rol tradicional de cuidar ya no están tan disponibles. Al margen de entrar en valoraciones sobre si procede o no, si quieren o no, la cuestión es que han asumido otra responsabilidad en el ámbito de lo público, en la estructura social”.
¿Qué ocurre?, añade: que ese fenómeno de generalización del empleo femenino coincide con el envejecimiento de la pirámide poblacional. “Por un lado, quien cuidaba hasta ahora está menos disponible, y por otro lado, cada vez hay más personas mayores a cuidar. Si eso se junta con que el Estado, el mercado y las comunidad todavía tienen una participación precaria en la tarea de cuidar, el que era el polo del diamante, el que ostentaba más peso, empieza a caerse; no puede asumir la responsabilidad principal de los cuidados”.
Estado: ¿Hay alguien ahí?
La población envejece a gran velocidad y la realidad nos exige desfamiliarizar los cuidados, ¿pero asume el Estado su responsabilidad? ¿Hay alguien al volante? Elizalde-San Miguel lo tiene claro. “Con una mirada muy estratégica y de poner los cuidados en el centro, no. La incorporación de las políticas familiares y de cuidados llega muy tarde en España. También tiene raíces históricas. Tenemos una herencia franquista que hizo del concepto de familia identidad nacional. Además, era una imagen de familia nacional, católica, y por supuesto heterosexual, con muchos hijos... ¿Qué pasa cuándo empezamos a desarrollar nuestra democracia? Que hay, consciente o inconscientemente, una necesidad de evitar regular nada que tenga que ver con la familia porque sonaba a algo en lo que ya habíamos estado y no queríamos entrar. Entonces, las políticas familiares y de cuidados, que son fundamentales en un proceso de constitución del Estado de Bienestar, llegan tarde. Tuvieron que pasar unos años para escapar de esa herencia y para poder abordar el debate desde una perspectiva democrática y no nacional católica. Eso explica por qué se llega tarde”.
¿Cómo cuida el Estado?
Ahora bien, ¿cómo ha llegado el Estado a cubrir las necesidades de las personas en la infancia y en la vejez? En lo que se refiere los cuidados en la infancia, Begoña explica las diferentes fórmulas. “Las políticas de apoyo a la familia se estructuran en tres grandes ejes: política de “tiempo” (tiempo para cuidar), transferencias monetarias (que pretende paliar el impacto económico que tiene la crianza en las familias) y los servicios públicos (las escuelas infantiles).
El problema es, explicita, que en las escuelas infantiles públicas sólo está escolarizado el 20% de la población infantil. ¿Por qué ocurre esto? “Porque son escasas –hay muchas menos plazas que niños y niñas– y, además, son caras. La gente opta por dos opciones: una, recurrir al mercado, es decir, a una escuela privada; o acudir a esa institución con quien tenemos vínculos emocionales, aquellas personas que no nos van a dejar tirados: los abuelos y las abuelas. Volvemos a la familia, otra vez. Ante la ausencia de desarrollo de políticas públicas suficientes, asumimos que quien nos va ayudar es la institución tradicionalmente responsable: la familia”.
Una de cada cuatro, a tiempo parcial
Y si hablamos de familia, en realidad estamos hablamos de mujeres. Aporta un dato: el 72% de las personas que cuidan dentro de la familia son mujeres (dato elaborado a partir de la Encuesta de Discapacidad, 2020. INE). Algo que tiene consecuencias, también en el mercado de trabajo. Afirma que los mandatos de género, en términos de cuidado, empiezan a visibilizarse cuando aparecen los hijos. Si comparamos las tasas de empleo de hombres y mujeres entre las personas sin hijos, la diferencia es mínima. Con el primer hijo, sin embargo, las tasas de empleo entre hombres aumenta mientras la de las mujeres va descendiendo y así gradualmente. “La conclusión es que a los hombres la paternidad no les pasa factura en términos de empleabilidad, pero a las mujeres, sí. ¿Qué nos sigue enseñando la sociedad? Que la mujer es la principal responsable del cuidado. Entonces, como mi salario es inferior, salgo del mercado de trabajo. Es como una bola que se va retroalimentando y se va a haciendo cada vez más grande”.
Da un dato: un 25% de mujeres, 1 de cada 4, trabaja a tiempo parcial. Añade que “a ese 25% hay que añadirle las que se reducen la jornada –no tenemos datos porque las estadísticas son opacas– y las que salen del mercado laboral, que directamente ni se las cuenta”.
Sálvese quien pueda
Aunque sea necesario desfamiliarizar los cuidados, si no se garantizan los recursos públicos no es posible para todos los bolsillos. “El problema es que cuando tú tienes un sistema deficitario de políticas públicas para cuidados, lo que haces es fomentar la individualización de la solución. Y cuando promueves el individualismo, ahí es cuando llegan todas las lógicas de mercado y capitalistas, es decir, se lo pagará quien pueda, y quien no, mala suerte, ya tirará de abuelos y abuelas, o saldrá del mercado de trabajo... Pero, al final, vas poniendo las condiciones para que los cuidados estén cada vez más precarizados y que tengan sesgos de género y de clase social, de manera brutal”.
Comprar cuidados
Las mujeres ya no cuidan tanto como antes, el modelo tradicional es insuficiente, pero la población es cada vez más envejecida. En consecuencia, se apuesta por externalizar los cuidados. El mercado está más presente que nunca en el sector. Contrata tanto el Estado, que subcontrata, como las propias familias. En el sur de Europa la mercantilización se ha basado en la contratación de mujeres migrantes como cuidadoras, una contratación directa e individualizada que, tal y como recoge Elizalde-San Miguel en sus investigaciones, reproduce discriminaciones.
“Externalizar los cuidados en el mercado deja en evidencia que necesitamos contratar a personas para cuidar. Y se contratan mujeres, porque lo que hay es un proceso de sustitución de unas por otras. La feminización del mercado de cuidados y del empleo del hogar refleja que no ha habido una significativa entrada de los hombres en las actividades de cuidado. Y como los cuidados no tienen ningún valor simbólico ni reconocimiento social, porque no hemos hecho ninguna revisión de eso, las pagamos poco y mal y las tenemos sin derechos”.
Cadenas globales de cuidados
El concepto hace referencia a una relación entre países de norte y sur. “En los países ricos, los del norte, la generalización del empleo femenino genera la denominada ‘crisis del cuidado’: las mujeres no están tan disponibles para cuidar. Y como no hay una revisión seria del trabajo de cuidados, se empieza a subcontratar. “¿Quienes son las mujeres que están disponibles para cuidar si no son las del norte? Pues las del sur. Aprovechamos las desigualdades globales entre norte y sur y traemos a esas mujeres que viven en condiciones muy complicadas, en países muy pobres o con dictaduras, países cuyas condiciones de vida y supervivencia son muy duras. Lo hacen porque ellas también tienen hijos a su cargo y quieren darles una vida mejor. Consideran que el proyecto migratorio les puede generar ingresos, y en muchas ocasiones, dejan a sus hijos en origen a cargo, una vez más, de hermanas y de abuelas. Se genera entonces un proceso continuo de sustitución de unas mujeres por otras en el que el eslabón más poderoso es el que vive en los países más desarrollados y que tiene más ingresos. Vamos pasando la responsabilidad a la siguiente que está en la cadena de precariedad”. Todo ello porque el Estado no asume su responsabilidad.
Para muestra las cifras recogidas en sus investigaciones: el 90% de las empleadas del hogar son mujeres, y aproximadamente el 40% son de origen migrante. El número de hogares que contratan esta actividad en España es de los más altos de Europa, e incluso superior a países con una mayor población total (como Francia, Alemania o Reino Unido). A finales de 2019 el sector estaba presente en 580.100 hogares españoles.
¿Esenciales?
El cuidado en el hogar se hizo visible con el estallido de la pandemia cuando, por primera vez, las trabajadoras fueron consideradas esenciales.
Elizalde-San Miguel trae a colación una afirmación que hizo Joan Tronto (profesora de ciencias políticas en la Universidad de Minnesota), a principios de la pandemia: `los cuidados han salido del armario´. Pero con matices, apostilla. “Las empleadas del hogar fueron definidas como esenciales. Efectivamente lo son, pero es paradójico porque le estás diciendo que es esencial a un colectivo que hasta el 2011 ni siquiera estaba en el sistema general de la Seguridad Social y que, aunque después entró con las reformas legislativas, no tenía garantizado un derecho básico como es el derecho al desempleo”. Fue en 2011 cuando se aprobaron el Real Decreto 1620/2011, que modificó las condiciones laborales del sector establecidas hasta ese momento, y la Ley 27/2011, que redefinió los elementos relacionados con la protección de la Seguridad Social, incluyendo a las empleadas de este sector dentro de un sistema especial del régimen general y acabando, de esta manera, con la existencia de un régimen especial independiente. A pesar de estos avances normativos, el derecho a la prestación por desempleo no fue reconocido a las empleadas del hogar hasta 2022.
Reconoce que ha habido avances, como ver satisfecha la principal demanda colectiva: tener reconocido el derecho al desempleo. Pero añade que está limitado. “Hablamos de un sector en el que aproximadamente el 30% del empleo es irregular. Entonces, esos derechos colectivos dejan fuera a un porcentaje muy significativo de trabajadoras. Ese alto porcentaje de irregularidad indica que no consideramos el empleo del hogar y el trabajo de cuidados como una actividad laboral al uso”, explica.
Re(nace) lo comunitario
Cuando la actual organización social de los cuidados hace agua, el Estado no cubre todas las necesidades y no todo el mundo puede o quiere costearse unos cuidados privados, se hace necesario buscar alternativas. Es ahí cuando nacen, o renacen, los grupos de crianza comunitaria.
Relata que las redes comunitarias fueron perdiendo peso en el proceso de urbanización de España, entre otras cosas porque hubo, sobre todo en los 80-90, políticas explícitas que las desincentivaban. Afirma que no ha habido una promoción de los tejidos de barrio, de los tejidos comunitarios. “Durante la crisis financiera global de 2008-2009-2010, resurgieron redes comunitarias en forma de respuesta alternativa antes las políticas de austeridad. Los recortes introducidos en el ámbito de los cuidados fueron muy significativos y afectaron al desarrollo de la Ley de dependencia, los permisos por paternidad o la inversión en escuelas infantiles, entre otros aspectos”.
Añade que, dentro de los movimientos sociales que se generaron entonces, el 15M principalmente, se generó un eje muy fuerte para promover la puesta en común de los cuidados. “Fue como una respuesta: `bueno, si no tenemos otros recursos colectivos tendremos que organizarnos´. Y también como una respuesta de poner en valor los cuidados en si mismos”.
Asimismo, ofrecen otro elemento novedoso: abogan por recuperar la participación activa de la ciudadanía. ¿Hemos asumido, desde que se mercantilizaran y externalizaran los cuidados, que los y las ciudadanas poco o nada podemos aportar a este debate? “Plantean la corresponsabilidad del ejercicio de la ciudadanía, y eso es importante”, señala.
Además, subraya que en las grandes ciudades hubo un resurgir de la etiqueta comunitario para paliar la carencia de recursos públicos y para poner en valor el rol que la comunidad puede llevar a cabo en los cuidados. “Y quizá, uno de los planteamiento que hacen los movimientos comunitarios es que igual esta idea de institucionalizar a los niños y niñas desde prácticamente su nacimiento tampoco es lo ideal ni responde a sus necesidades”, añade.
Redes ¿pero para todas?
A pesar de las valiosas aportaciones, no se puede negar que conlleva algunos riesgos. No en vano, las investigaciones que han analizado los grupos de crianza comunitaria en Madrid, País Vasco o Catalunya coinciden en que no revierten los roles de género. “Se impulsa la participación de los hombres, pero son grupos principalmente promovidos por mujeres y responden a un perfil de ciudadanía muy crítica que no es extrapolable al conjunto de la ciudadanía. ¿Podemos impulsar, por ejemplo, redes comunitarias que están apostando por modelos de cuidados que requieren teletrabajar? No todo el mundo puede. Hay que encontrar el equilibrio entre que la perspectiva comunitaria esté presente, pero que no vaya en detrimento de los avances en políticas públicas universalistas. El que tiene una red comunitaria la tiene, ¿pero y quien no la tiene? Al final, lo que realmente te garantiza derechos de cuidado son servicios públicos y universales”.
Ley de dependencia
Precisamente, en España, uno de los cambios promovidos por las instituciones públicas para romper con el modelo familiarista y ofrecer un servicio público fue la Ley de dependencia de 2006. Pocos meses después de aprobarse llegó la gran crisis, lo que conllevó recortes en su financiación. La Ley, que se llama en realidad Ley de Promoción de la autonomía, no garantiza la independencia que promete. No en vano, el Servicio de Ayuda a Domicilio, la principal pata de la Ley, ha aumentado su financiación, pero aún es deficitaria en su cobertura. Da una cifra clara: a los considerados grandes dependientes sólo se les da una asistencia de dos horas al día. “Es una contradicción: se le considera un gran dependiente, pero sólo se le garantiza una asistencia de dos horas. El mensaje colectivo que estamos enviando es que sean, otra vez, las familias las que asuman las otras 22 horas del día. No se ha conseguido desfamiliarizar los cuidados”.
Lo cierto es, subraya, que el derecho al cuidado no se ha constituido en un derecho subjetivo. Según los datos que aporta, en términos de dependencia tenemos una financiación muy baja, estamos en el 0,8 del PIB. La media de los países europeos es el 2,5 y los países más avanzados están por encima del 3. “Tenemos una deuda histórica. En esta última legislatura se ha intentado, por lo menos, revertir los recortes que hicieron los anteriores gobiernos. Ha sido una legislatura de políticas feministas muy fuertes, pero la dependencia se ha dejado de lado y eso es ignorar que ésta se gestiona aún en base a lógicas de género muy fuertes. Tanto desde una perspectiva de las personas mayores y de propios derechos, como desde una perspectiva feminista, hay que hacer una revisión muy profunda de la Ley de dependencia”.
Ley de Familias
En otro intento por equilibrar los cuidados nace, no sin opiniones encontradas, la Ley de Familias. Considera que ésta, en términos simbólicos, ha intentado promover dos cuestiones importantes. “En primer lugar, dar una regulación normativa a la diversidad familiar. Y ese es, quizá, unos de los principales avances. Es importante dar esa cobertura porque si no, la inercia social hace que sigan siendo familias de segunda”. También ve flecos. “Las familias monomarentales o monoparentales siguen teniendo unos permisos por nacimiento equivalentes a los de un único progenitor o progenitora y eso me parece una carencia. Garantizar permisos de cuidado es un derecho del menor, porque tiene que ser cuidado. Poner los cuidados en el centro pasa por entender que son derechos de ciudadanía, no derechos familiares. Estamos asumiendo la familia como una institución pura sin conflictos que va a garantizar los cuidados. Lo que ha pasado con los permisos monomarentales y monoparentales tiene que ver con eso, son permisos familiares que no se centran en los derechos de los y las menores como ciudadanas”.
Otra cuestión importante ha sido el debate público sobre la ampliación de permisos, para que éstos no se centren sólo en el momento del nacimiento, sino que superadas las 32 semanas, podamos cuidar en caso de enfermedad... “En términos simbólicos han mandado mensajes importantes, pero el resultado final, como que no todos los nuevos permisos serán remunerados, resulta insuficiente. Volvemos a dejar la responsabilidad de la decisión última en las familias y en las mujeres, y eso tiene consecuencias de género”.
En términos generales, considera que en lo que respecta a los cuidados no hay una alternativa desde un punto de vista colectivo. “Habrá que hacer una inversión pública y revisar los servicios sociales que se le ofrecen a este segmento poblacional”, concluye.