Fondos Next Generation: pintar la guerra de ‘verde’
El régimen de guerra extiende sus alas, con innegable y explícita participación europea. La lógica amigo-enemigo en las relaciones internacionales se impone absolutamente sobre el marco de derechos humanos, impregnando el relato y la práctica política europea. Pese a que la paz, las libertades y los derechos humanos han sido el imaginario que ha recubierto el proyecto de la Unión Europea desde su nacimiento, la realidad es completamente antagónica.
La UE aplica una agenda corporativa y mercantilista: austeridad, política agraria común en favor de la agroindustria, devaluación salarial, control de los presupuestos estatales, rescates bancarios, prioridad y chantaje para el pago de la deuda, virulenta ofensiva con tratados comerciales, extractivismo colonial, necropolítica migratoria, etcétera.
En esta línea se inscriben los Fondos Next Generation (NGEU), cuyo impacto ha sido analizado en un informe elaborado por OMAL (Observatorio de las Multinacionales en América Latina) y publicado por el sindicato ELA, bajo el título UE: Agenda verde oliva y digital al servicio de las empresas transnacionales. En resumen: más dinero público para asegurar los beneficios de las grandes empresas.
Fondos... para la guerra
Frente al mito de la paz como su seña de identidad, la Unión Europea se ha convertido en ariete del régimen de guerra y de la militarización, hasta el punto de que la escalada armamentística se presenta como una salida a la crisis económica. Así lo han venido explicando Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate y Gorka Martija (ambos de OMAL). Estos fondos públicos europeos, lejos de ser unas subvenciones “a fondo perdido que vienen de Europa”, están condicionados a su devolución (en la parte correspondiente a los créditos) y además obligan a los Estados receptores a imponer medidas profundamente antisociales: reformas laborales; recorte de las pensiones; fiscalidad a favor de grandes empresas y fortunas, y límites a la contratación y a las políticas públicas. En definitiva, vuelta a las políticas de austeridad, que estarán de nuevo en vigor de forma efectiva desde 2025.
En este sentido, regresan el 3% en el déficit y el 60% en la deuda como pilares de esta política. En este año valle se pondrá especial énfasis en el seguimiento del déficit, aunque la atención en la deuda no decae, sobre todo para países como el Estado español, que supera ampliamente el 90%, porcentaje considerado como “muy elevado” por la UE. En definitiva, el enfoque restrictivo nunca se fue, siempre estuvo ahí, solo se adaptó a un contexto crítico: inflación, limitación del gasto, contracción del déficit y la deuda pública como objetivos; lo verde, lo digital y lo militar como apuestas prioritarias; y el tutelaje del proyecto europeo como garantía de sometimiento.
El desmantelamiento de lo público y la austeridad en políticas sociales, por tanto, regresan con fuerza inusitada.
Los fondos NGEU, ¿quién reparte y quién recibe?
La CAPV ha sido uno de los territorios donde más claramente se ha dado la simbiosis entre administración, grandes empresas y consultorías corporativas. En julio de 2020 el Gobierno Vasco contrató a PwC para adaptar su Estrategia Vasca de Crecimiento Sostenible a las prioridades marcadas por Bruselas. La polémica suscitada dio lugar a una rectificación obligada, presentándose el 29 de diciembre de 2020 una nueva propuesta elaborada también por PwC. Esta consultora recibió otro encargo muy similar en septiembre de 2020.
Además, a lo largo de 2023 Deloitte y, de nuevo, PwC han sido adjudicatarias de tres contratos por valor de 2 millones para la gestión de activos de Osakidetza30, proyecto financiado a través de NGEU para la digitalización de su estructura y operativa.
De momento, la CAPV ha recibido 2.339 millones de euros, desglosados en 1.152 millones asignados al Gobierno Vasco para su gestión, y 1.187 millones en iniciativas de gestión estatal directa. A esto se le suman 426 millones en el marco del programa React EU: en conjunto, más de 320 convocatorias resueltas.
Nafarroa, donde parece haber una menor presencia de las consultoras internacionales, ha recibido 950 millones, desglosados en 542 millones que gestionará la Comunidad Foral, y 408 millones en iniciativas de gestión estatal. A esto se le suman 148 millones de euros en el programa React EU. En total, más de 155 convocatorias resueltas.
En todo caso, el informe elaborado por OMAL revela que los fondos Next Generation van dirigidos a las grandes corporaciones multinacionales, con un peso abrumador de la automoción: Volkswagen, Mercedes, Gestamp, Irizar... Los Gobiernos de España, CAPV y Navarra se han volcado en rescatar el sector para salvaguardar sus volúmenes de negocio, obstaculizando de facto la reducción del vehículo privado o el fomento del transporte público.
También se analiza el reparto de fondos destinado a otros sectores. Destaca que se destinan ingentes cantidades a engrosar burbujas tecnológicas (greenwashing) como el hidrógeno (Petronor en Bizkaia, Acciona en Tudela...) o a enfocar la energía eólica en una lógica neocolonial y extractivista (generalizando la instalación de grandes parques en régimen de monopolio corporativo).
En el sector de cuidados, por ejemplo, los fondos Next Generation destinan al menos 119 millones para una supuesta mejora de las residencias, pero abordando las carencias del sector como nicho de negocio y con el fin de aumentar su mercantilización y la llamada cooperación público-privada.
El informe recoge el detalle de otros sectores (agroindustria, etc.), y en definitiva concluye que el objetivo de este plan es recuperar la tasa de beneficio para las grandes empresas gracias al dinero público, a costa de aumentar la precariedad laboral y la conflictividad ecosocial.
A la vista del informe, queda claro que este “capitalismo verde oliva y digital” debe combatirse con un rearme teórico y una gran movilización por parte de la izquierda política, social y sindical, al tiempo que se impulsen alternativas factibles, dentro y fuera de las instituciones. La emancipación de los pueblos de Europa pasa por plantar cara sin ambages a la arquitectura de dominación y explotación que representa hoy la UE.
Recortar pensiones para gastar en armas
ELA ha hecho su propio balance, sacando a la luz que recibir los Fondos Europeos obliga al Gobierno español a imponer recortes del 6,1% en las pensiones a partir de abril de 2025 (unos 11.300 millones de euros anuales). “Quienes aprobaron la reforma de pensiones trataron de ocultar que estaban imponiendo recortes futuros”. La Comisión Europea publicó en abril el Informe sobre Envejecimiento: la reforma de pensiones aprobada en 2023 recogía que, cada tres años, se revisarían las pensiones para adoptar nuevos ajustes. “Los Fondos Europeos –denuncia ELA– son un mecanismo de intervención de las políticas estatales. La responsabilidad es de todos los partidos que posibilitaron la reforma de pensiones, entre los que se encuentran PNV y EH Bildu, que dieron la espalda a la demanda de las organizaciones para rechazar la reforma”.
“El belicismo –denunció hace unas semanas Mitxel Lakuntza– está hoy en el centro de la política: más gasto militar a la vez que se recorta el gasto social. Quieren recortar las pensiones para comprar armas, así de simple. Esta es la Europa de los Fondos Europeos, una mentira para favorecer los intereses de las grandes multinacionales. Las actuales políticas europeas ni son verdes, ni sociales, ni están orientadas a la paz. ELA no quiere esconder lo que sucede, y denunciar lo que está pasando es fundamental para trabajar a favor de otra Europa”.