Iparralde: Relato de una victoria en los alquileres

El problema…
El 16 de junio de 2021, la militancia del movimiento Alda ofreció una rueda de prensa en un lugar poco común. Convirtieron un apartamento Airbnb de Petit Bayonne en cuartel general de una campaña con el eslogan Alojarse, no especular. Ese apartamento estaba alquilado pocos meses antes por una joven pareja de trabajadores, y fue después transformado en un Airbnb.
Alda, que defiende a las clases populares, presentó allí el resultado de una encuesta que acababa de hacer. Las cifras eran increíbles: entre 6.000 ó 7.000 viviendas habían pasado de estar alquiladas a la población a constituirse en pisos turísticos ¡y eso solo en los últimos años! Una cifra enorme comparada con el número de viviendas privadas en alquiler de Iparralde (41.670 ¡en 2017!).
El 35% de la población de Iparralde no es propietaria de su vivienda sino que la alquila. Este suele ser el caso de las clases populares, una parte de la cual es arrendataria en el parque de viviendas sociales (con alquileres moderados); un parque infradotado pues solo responde a una de cada 6,5 solicitudes.
La hemorragia que provocan los inmuebles turísticos tipo Airbnb supone el desalojo de las clases populares lejos de sus lugares de trabajo, con las consecuencias sociales, humanas y ecológicas que ello conlleva, incluido el abandono del País Vasco.
El impacto del estudio realizado por Alda y la rueda de prensa fue muy importante: población, medios y electos tomaron conciencia de un problema de suma importancia que no había sido identificado y que no estaba en la agenda ni de las autoridades ni de las organizaciones sociales.
La solución...
El 7 de julio de 2021, 30 militantes de Alda conformaron una hilera de tiendas de campaña entre la sede de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco (CAPB) en Urruña y la sede social de la Sociedad Poplidays, filial de la empresa Carmen Inmobilier. Sólo esta sociedad tiene alquiladas 750 viviendas durante todo el año como residencias turísticas para estancias de corta duración. Alda interpeló a la CAPB para que estas viviendas fuesen alquiladas para la población local, especialmente para las clases populares, para poder continuar viviendo en Euskal Herria. Alda pidió una reunión con el Presidente de la CAPB y le propuso una medida: la compensación. Ésta obliga a todo propietario que quiera transformar una vivienda de alquiler en alquiler turístico a adquirir en el mismo municipio locales de superficie equivalente, no destinados a vivienda (oficinas…) y convertirlos en viviendas de alquiler ordinario, no turístico. Esta medida supone, a menudo, que la operación pierda interés financiero y, así, parar la hemorragia del parque de alquileres. Pero había un problema: esta medida se aplica, desde 2018, solo en las ciudades de más de 200.000 habitantes.
Alda había redactado un memorando que demuestra que la medida podía implementarse en zonas inmobiliariamente tensionadas con un continuo urbano de más de 50.000 habitantes, como es el caso de los 24 municipios de la costa vasca, donde reside la mayoría de la población de Iparralde. La CAPB remitió el trabajo a sus servicios jurídicos, que lo validaron, y dieron una cita al grupo para el 20 de julio. Ese día, la delegación de Alda mantuvo una larga reunión con el presidente de la CAPB (Jean-René Etchegaray), el vicepresidente encargado de Turismo (Daniel Olçomendy), el vicepresidente de Hábitat y vivienda (Roland Hirigoyen), el asesor de Ordenación del territorio (Philippe Aramendi) y varios jefes de servicios técnicos concernidos. La reunión concluyó con el compromiso formal de los representantes de la CAPB de someter, lo antes posible, a debate y votación de los 232 representantes electos del Consejo Comunitario de la CAPB un nuevo reglamento que estableciese la medida de la compensación.
Del 20 de julio al 5 de marzo de 2022
Comenzó entonces un largo proceso de trabajo y debate entre los 24 municipios interesados. Se realizaron no menos de 23 reuniones entre funcionarios electos o responsables de servicios. Se consideraron 3 escenarios con niveles de ambición y efectividad previsible diferentes.
Al mismo tiempo, la presión social fue in crescendo. La CAPB encargó a la agencia de urbanismo Audap la realización de un estudio para hacer un diagnóstico preciso e incontestable de la situación. Sus resultados dejaron huella: ¡eran 11.000 viviendas las que se habían transformado en residencias turísticas permanentes del tipo Airbnb! Alda ya había precisado que solo daba las cifras que había podido demostrar con sus medios militantes, pero que la realidad sería aún más grave. El estudio de Audap mostró un aumento del 130% solo de 2016 a 2020. También muestra que esta práctica ha elevado el precio de la vivienda.
A partir de ahí, Alda fue entregando memorandos técnicos a la CAPB, a los servicios técnicos y a los 24 alcaldes de la zona de tensión inmobiliaria, notas detalladas que arrojaron luz sobre otros aspectos del problema. También hacía recomendaciones para que la futura normativa fuese ineludible y lo más efectiva posible.
El movimiento fue, asimismo, realizando ocupaciones de apartamentos que evidenciaron los aspectos más condenables del fenómeno Airbnb, haciéndolo cada vez más impopular a los ojos de la población y los electos.
Estas acciones denunciaron, por ejemplo, la violación sistemática de la legalidad vigente por parte de Airbnb. Alda demostró que la mayoría de los inmuebles que anuncia no están registrados en los ayuntamientos, eludiendo así cualquier control, autorización y el pago de impuestos. Alda, junto a otros colectivos del Estado francés, realizó también una rueda de prensa frente a la sede nacional de Airbnb en París y se reunió con el gabinete del Ministro de Vivienda.
Finalmente, la multinacional Airbnb terminó doblegándose ante la determinación de esta campaña y aceptó regularizar sus inmuebles, primero en Baiona y Angelu, y luego en Biarritz y muchos otros municipios de la costa vasca, lo que le supuso la pérdida de miles de anuncios. Alda consiguió alquilar ¡el ayuntamiento de Angelu! en la plataforma Airbnb. Denunció y demostró así la falta de control en los registros municipales. Se ocupó también un apartamento cuyo inquilino fue desalojado por un comprador parisino que pidió prestado dinero para convertirlo en su segunda vivienda, devolviendo el préstamo gracias al alquiler de Airbnb. Cada acción tuvo un efecto pedagógico que permitió comprender, poco a poco, los diferentes aspectos y el meollo del problema.
Al mismo tiempo, Alda y una treintena de organizaciones de Iparralde lideraron una campaña de movilización por el derecho a vivir y a la vivienda en el país. Esta campaña culminó con una multitudinaria manifestación en Baiona el 20 de noviembre. Participaron 8.000 personas, incluido gran parte del ejecutivo de la CAPB. Esta movilización ha sido la mayor sobre este tema de los últimos 25 años en Francia, donde la vivienda nunca ha logrado movilizar multitudes, al contrario que la seguridad social o las pensiones, y ello a pesar de que constituye la principal partida de gasto de los hogares.
Una victoria decisiva
El 5 de marzo de 2022 se presentó al Consejo Comunitario de la CAPB la versión más ambiciosa y restrictiva de las tres versiones del reglamento sobre la Compensación. Tras el debate, el resultado de la votación fue demoledor: ¡173 votos a favor y 8 en contra! La CAPB se convierte, de esta manera, en el primer territorio de Francia que, sin ser una metrópoli de más de 200.000 habitantes, ha establecido la compensación. Alda aplaudió una victoria tanto social (ya que protege la vivienda de las clases populares) como ecológica, porque buena parte de las 11.000 viviendas podrán recuperarse sin hormigonar ni artificializar nuevos suelos.
El reglamento entrará en vigor el 1 de junio de 2022, pero su impacto ha comenzado. Los bancos ya han dejado de prestar dinero a los compradores que pensaban reembolsar la compra con los ingresos de Airbnb. Y nadie se siente tentado a comprar un alojamiento de alquiler ordinario para convertirlo en un Airbnb. Si extrapolamos las tendencias desde 2016, podemos estimar que la votación del 5 de marzo permite evitar la transformación de 20.000 nuevas viviendas de alquiler en alojamientos turísticos permanentes.
Podemos cambiar las cosas
En poco más de un año de existencia, el nuevo movimiento Alda ha demostrado una eficacia extraordinaria, desmintiendo así la resignación dominante, el “no vale la pena, nada cambiará nunca”. Organizándonos colectivamente, con visión estratégica y determinación ¡sí, podemos cambiar las cosas!
Alda está trabajando en todos los frentes para luchar contra la especulación y la crisis inmobiliaria: por la limitación reforzada de los alquileres, contra los contratos de alquiler fraudulentos que precarizan la situación de los inquilinos, contra los desahucios para la venta, contra los retrasos en la obtención de vivienda social que se alargan, contra la insalubridad de muchas viviendas... Alda se ha convertido rápidamente en un verdadero “sindicato de inquilinos”.
El movimiento ya ha anunciado públicamente que se presentará en noviembre a las elecciones de representantes de los inquilinos de vivienda social.