La desigualdad, una ideología que triunfa
Alguien podría pensar que la preocupación por las desigualdades sociales es algo moderno, propio de la política contemporánea. Y, sin embargo, allá por 1795, el protagonista del libro Los años de aprendizaje de Johann Wolfgang von Goethe ya tenía claro que “¡tres veces felices son aquellos a los que su nacimiento los eleva por encima de los niveles más bajos de la humanidad! Desde que nacen son embarcados en una nave, en la que pueden servirse siempre del viento cuando es favorable y eludirlo cuando lo tienen en contra, mientras otros han de desplazarse a nado sacando provecho de rachas de viento propicio y están a expensas de morir extenuados cuando llega el temporal. ¡Qué comodidad, qué holgura propicia un patrimonio heredado! ¡Con cuánta facilidad florece un negocio cuando ha sido fundado contando con un buen capital”. Pues bien, varios siglos después, seguimos en las mismas.
Una de las fuentes más solventes para evaluar la desigualdad social y económica es el informe anual de Oxfam, donde se denuncia que en los últimos dos años el 1% de las personas más ricas ha acumulado el doble de riqueza que el resto de la población mundial junta. Datos más concretos: Las 95 grandes empresas de energía y de alimentación a nivel mundial han aumentado sus beneficios más del doble, con unos beneficios anuales extraordinarios de 306.000 millones de dólares. Son cifras mareantes, que todavía impactan más cuando se sabe que el 84% de ese montante lo han destinado a remunerar directamente a sus accionistas.
En dicho informe se explica, según recoge la periodista Irune Lasa en un artículo publicado en Berria, que “las enormes concentraciones de riqueza y poder corporativo no son fruto del libre mercado, sino, en gran medida, de la planificación económica que los ultraricos se han dotado para sí mismos. Y eso implica también desigualdad política. Porque condicionan las políticas a través de sus medios de comunicación, lobbies, donaciones, presiones y chantajes económicos”.
No es un proceso natural
Que la desigualdad es un hecho demostrado no necesita más pruebas. De lo que se trataría es de reducirla, y de utilizar convenientemente las herramientas para ello, que básicamente son dos: la negociación colectiva (entre sindicatos y empresas o administraciones públicas) y la fiscalidad (responsabilidad política de las Administraciones; en Hego Euskal Herria, el Gobierno de Navarra y las tres diputaciones de la CAPV). En este sentido, conviene recordar las palabras de Thomas Piketty, el economista que sobre este tema mayor divulgación ha obtenido en los últimos años: “La desigualdad es una ideología; no es un proceso natural, sino que se funda en decisiones políticas”.
Al hilo de su libro Capital e ideología (Deusto, 2021), Piketty defiende que “no existe ninguna sociedad donde los ricos digan: ‘somos ricos, ustedes son pobres, fin del asunto’. Los grupos dominantes, por contra, necesitan inventar relatos más sofisticados: ‘Somos más ricos que ustedes, pero eso es mejor para la sociedad en su conjunto, porque nosotros aportamos innovación, productividad, crecimiento...”, o lo que los gurús propagandísticos del momento se inventen. Piketty, en una entrevista a CTXT (https://ctxt.es) admite que “estos argumentos no resultan del todo convincentes, pero guardan algo de verosimilitud; si fueran falsos del todo, no funcionarían”. Nadie se los creería, y ningún pobre votaría a la derecha, por ejemplo.
Hablando de relatos sofisticados, tenemos uno muy a mano: el artículo de opinión que Josu Jon Imaz (consejero delegado de Petronor) publicó el 22 de octubre en La Vanguardia y El Correo, presentándose a sí mismo como un self made man, hecho a sí mismo desde abajo, y que por eso conserva su corazoncito social. “Mi padre murió cuando yo tenía ocho años -así arranca el artículo-. Yo era el menor de tres hermanos y mi madre, viuda, sacó adelante a nuestra familia con mucho trabajo, sufrimiento y esfuerzo”.
Sin duda, esta historia es verdad, pero Imaz la utiliza como razón de peso (valiéndose de la carga emocional correspondiente) para colocarse a sí mismo y a su empresa como salvadores de la economía y el bienestar social, y a quienes no piensan como él en el “populismo”, así, con brocha gorda. “Tengo serias dudas -afirma al final del texto- de que los niños de 8 años golpeados por la vida puedan tener dentro de unas décadas las oportunidades que otros tuvimos. Me duele más todavía que su futuro se apague entre discursos demagógicos contra las grandes empresas y los ricos”.
Pues bien, tal y como respondió Aitor Murgia (responsable del Gabinete de Estudios de ELA), “en un intento de mostrar empatía y desde una perspectiva de superación personal, Imaz destacaba que, gracias a los servicios públicos (financiados con impuestos, por supuesto), había podido estudiar, formarse y llegar a donde está hoy, al más puro estilo de una start up americana que comenzó en un garaje y ahora es una gran empresa tecnológica. No se puede negar que ha llegado lejos, como lo demuestran su capacidad de influencia y su salario anual de 4 millones de euros”.
Por situar el debate en su contexto, lo que Imaz pretendía evitar con su artículo es la renovación del impuesto estatal a las grandes empresas de banca y energía, como Repsol, de la que cobra el propio Imaz como consejero delegado de Petronor. Pues bien, “Repsol ganó 2.500 millones en 2021, 4.250 millones en 2022, 3.168 millones en 2023 y 1.625 millones en los seis primeros meses de 2024. Sin embargo, por este impuesto Repsol ha pagado en total 800 millones en dos años (2022 y 2023), aproximadamente un 10% de sus beneficios netos. Cuesta creer –concluye Aitor Murgia- que estas cifras comprometan las futuras inversiones productivas de la compañía”.
Lo que Imaz no cuenta en su artículo es que su empresa se ha comprometido en los próximos años a repartir entre los accionistas (dividendos más recompras de acciones) un total de 10.000 millones de euros. “¿El impuesto pone en peligro el futuro industrial de un país, pero la recompra de acciones no?”, se pregunta Murgia: “¿O es que lo que realmente importa es que los dividendos sigan creciendo exponencialmente, por encima de la producción?”.
Por si fuera poco, tal y como recogía Irune Lasa, “no se puede olvidar que Repsol está recibiendo ayudas para sus proyectos de hidrógeno verde, como los 160 millones de euros para Petronor por implantar un electrolizador de 100 megavatios. En teoría, Repsol tiene congelada la inversión para ello, pero ya ha realizado los trámites para aceptar la ayuda”. Es decir, chantajea al Gobierno, pero cobra.
La teoría de la ‘lluvia fina’
Mientras Imaz afirmaba que ese impuesto pondría en peligro el futuro de los niños que, como él, “tuvieron la oportunidad de desarrollarse a pesar de las dificultades”, Murgia señala que “el futuro de las niñas y los niños depende de una redistribución justa de la riqueza, donde los dividendos tributen igual que el trabajo y las empresas contribuyan mucho más de lo que lo hacen hoy”. Puestas las cartas sobre la mesa, el PNV, al dictado de Imaz y de Repsol, cogió el testigo y en apenas unos días anunció el acuerdo con el PSOE para concertar dicho impuesto. Es decir, que lo asuman las diputaciones vascas para así poder rebajarlo o directamente inaplicarlo mediante exenciones o bonificaciones. Se trata de un ejemplo insuperable de sumisión política ante las grandes compañías, vendido como otro gran logro del autogobierno y la construcción nacional. “No podemos matar a la gallina de los huevos de oro”, llegó a decir Andoni Ortuzar.
“Esto no es el Madrid de Ayuso, pero casi”, afirmó Aitor Murgia ante las casi 4.000 personas que abarrotaron La Casilla de Bilbao el 24 de octubre: “Están ganando el relato; parece que las empresas están ahogadas en impuestos, pero cada vez pagan menos. Por eso, desde la izquierda hay que confrontar ese relato, aunque por desgracia cada vez estamos más solos”. No hay más que ver el acuerdo fiscal alcanzado por el Gobierno de Navarra y EH Bildu, o la ambigüedad de este partido ante las medidas anunciadas por las diputaciones de la CAPV.
Mitxel Lakuntza (secretario general de ELA) interpeló recientemente a EH Bildu, porque “se ofrece a acordar la reforma fiscal cuando sabe perfectamente que no hay ninguna voluntad de aprobar las medidas que hay que tomar. La izquierda debería combatir este marco y defender su alternativa en el debate fiscal, porque renunciar a esa disputa supone trasladar a la sociedad la idea de que el actual sistema fiscal es adecuado; dar por bueno lo que hay impide avanzar en las alternativas al sistema”.
Estas palabras recuerdan al diagnóstico de Thomas Piketty: “La izquierda no se ha esforzado por proponer alternativas; en algún momento aceptaron la idea de que el libre flujo de capital, la libre circulación de bienes y la competencia eran suficientes para lograr la prosperidad y que todos y todas nos beneficiemos de ella. Pero, en cambio, lo que hemos visto es que esto ha beneficiado principalmente a los grandes grupos económicos”.
Los ricos no pagan IRPF
En otras palabras, es la teoría de la lluvia fina, como la define Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha) y autor del libro Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing). “Los partidos de uno u otro signo han estado pensando siempre en las elecciones y han hecho propuestas pensando en el voto; nunca han planteado una reforma fiscal seria, no han justificado el pago de impuestos en la necesidad de proteger a los ciudadanos, o mejorar el estado de bienestar. Y se han quedado en propuestas demagógicas de que bajar impuestos siempre es bueno. Cuando bajar impuestos siempre supone menos recaudación; y también hay que analizar a quién se le bajan los impuestos, porque en toda esta carrera de bajar impuestos vemos que las más beneficiados siempre son las clases más acomodadas”.
Según la última encuesta del CIS, “casi el 80% de la ciudadanía –afirma Cruzado en una entrevista al eldiario.es– piensa que el sistema no es justo y que no se paga en función de lo que se tiene; también en todos los capítulos de gasto social la ciudadanía piensa que hay que dedicar más esfuerzo. Hay otra pregunta importante: los impuestos deben pagarse principalmente con impuestos directos y no con impuestos indirectos, que son más injustos. En esto también hay una mayoría social”.
Para ilustrar la injusticia del sistema fiscal actual, Cruzado suele poner un ejemplo muy evidente: “Un rentista con un millón tributa igual que un contribuyente con una renta del trabajo de 42.000 euros; hay que igualar esa tributación”. Es decir, debe desaparecer la doble escala diferenciada entre rentas del capital (que eufemísticamente se les llama rentas del ahorro, con toda la intención) y las rentas del trabajo. Llevada esta encuesta social al ámbito político, Cruzado subraya que “esto debería hacer reflexionar a los partidos, que a menudo se distancian mucho de lo que piensan incluso sus propios votantes”.
De una manera más moderada, pero en ese mismo sentido, incluso el ex consejero de Hacienda de Navarra, Mikel Aranburu, admitió recientemente en Diario de Noticias que “la mayor parte de los beneficios fiscales del impuesto de sociedades no cumplen con su cometido, y lo mejor es quitarlos”. Algo similar ocurre “con las deducciones por vivienda o plan de pensiones”, que ni abaratan la vivienda ni refuerzan el sistema de pensiones. Pues bien, las inminentes reformas fiscales en la CAPV y Navarra insisten en dar mayores ventajas a los propietarios de vivienda (arrendadores) y a las empresas, siempre con el resultado de que la recaudación se reduce en un contexto de control fiscal y recortes por parte de la Unión Europea (las denominadas normas de austeridad vuelven a estar vigentes en 2025).
“Si uno tiene una buena educación, buena salud y un buen empleo –afirma Piketty–, pero necesita destinar la mitad de su salario a pagar un alquiler a los hijos de propietarios que reciben ingresos por alquileres durante toda su vida, creo que hay un problema. La desigualdad de la propiedad crea una enorme desigualdad de oportunidades en la vida. Algunos tienen que alquilar toda su vida. Otros reciben rentas durante toda su vida. Algunos pueden crear empresas o recibir una herencia de la empresa familiar. Otros nunca llegan a tener empresas porque no tienen siquiera un mínimo de capital inicial para empezar. Es importante darse cuenta de que la distribución de la riqueza se ha mantenido muy concentrada en pocas manos en nuestra sociedad”.
Propuestas por la igualdad
Carlos Cruzado, por su parte, recuerda que, tras la II Guerra Mundial, “en Estados Unidos y en otros países se aprobaron tipos impositivos de hasta el 90% para los ingresos de grandes fortunas, con el fin de frenar la acumulación de riqueza”, y no es tan lejana la época en la que en la CAPV y Navarra los tipos más altos eran del 66%. Actualmente, sin embargo, son del 49% en el primer caso y del 52% en el segundo, además de la interminable carrera hacia la reducción de los impuestos de sucesiones y patrimonio, que son precisamente los que pueden impedir la perpetuación de las grandes fortunas en las mismas manos durante siglos.
Queda claro, sin embargo, que la batalla contra la desigualdad pasa por implantar reformas fiscales efectivas, tal y como recoge ELA en su último análisis de fiscalidad (La clase trabajadora sostiene el sistema fiscal, octubre de 2024. Ver gráfico adjunto). Entre otras propuestas, el IRPF máximo debería regresar al 66% (estudiando su ampliación al 80% para rentas superiores al millón de euros anual); ampliar la progresividad con más tramos; y reducir las desgravaciones en EPSV y Planes de Pensiones.
Para repartir la riqueza hay que molestar a alguien
Así lo explica Leire Gallego, responsable de Acción Social de ELA: “Una reforma fiscal justa exige establecer un mínimo en el Impuesto sobre Sociedades para que las empresas paguen al menos el 25% de sus beneficios contables, sin excepción alguna; además, en el IRPF debe suprimirse el trato especial que se da a las rentas de capital, que tributan mucho menos que las rentas de trabajo”. Además, debe implantarse un impuesto extraordinario a los beneficios excesivos o extraordinarios. Todo ello debe ir acompañado de la acción internacional, con una armonización impositiva al alza en la UE y una lucha real contra los paraísos fiscales. Por supuesto, la lucha contra el fraude debe ser prioritaria, dotando de medios y personal para ello, y en aras de una mayor transparencia en el debate político, las medidas fiscales deberían decidirse en el Parlamento Vasco y de Navarra (incluidos los impuestos indirectos que se deciden en Madrid).
Regresando a Thomas Piketty, “cambiar la estructura de la riqueza en la sociedad implica cambiar la estructura del poder de negociación; quienes no tienen riqueza, están en una posición negociadora muy débil, tienen que aceptar lo que se les ofrece” (un mal salario, un empleo peligroso, una vivienda insalubre). En otras palabras, reducir la desigualdad solo se logrará con medidas decididas; para repartir la riqueza primero hay que obtenerla de quien la ostenta, y eso significa molestar a alguien, generalmente muy poderoso. Alguien que, como Imaz, puede conseguir con un artículo de opinión que un Gobierno suprima un impuesto para que unos pocos agranden sus inmensos beneficios.
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2023ko zerga ekarpenaren txostena
Repsolek bere ahalegin gisa saldu nahi du gasolina hartzean ordaintzen ditugun zergak
Segur aski bere zerga-politika iruzurtia zuritzeko propaganda-saiakera gisa, Repsolek Zerga-kontribuzioaren txostena izenekoa argitaratu du aurten, eta arrakasta handia izan du, Interneteko bilatzailean lehen aukera gisa agertzen baita petrolio-enpresak ordaintzen dituen zergei buruz galdetzen dugunean. Eta txostenean agertzen zaigun zifra 10.466 milioi eurokoa da, urte bakar batean zergetan ordaindutakoa; hau da, Imazek eta bere jarraitzaile guztiek zabaltzen duten “infernu fiskala”ren tesia bermatzen da. Haatik, kopuru horren % 83 (8.721 milioi), berez, gainerakook ordaintzen dugu: hau da, Repsoleko gasolindegi batean depositua betetzen dugun bakoitzean geure gain hartzen ditugun Hidrokarburoen Zerga eta BEZa dira, baina multinazionalak berak bere poltsikotik ordainduko balu bezala azaltzen du. Eta ez dugu ahaztu behar Estatuak soldatapeko langile bakoitzari atxikitzen dizkion gizarte-kotizazioak, Repsolek 10.466 milioiko kopuru magiko horretan sartzen dituenak.
Xehetasunetara jaitsiz, Imazen konpainiak dio 2023an 506 milioi ordaindu zituela bere irabaziengatik, eta 2.797 milioi eurokoak izan zirela Espainiako Estatuan (hau da, % 18 enpresaren datua ontzat emanez). Ez dirudi hainbeste, batez ere kontuan hartzen bada Espainiako Estatuak bere diru sarreren erdia baino gehiago ematen diola Repsoli, baina Libia (557 milioi) edo Norvegia (413 milioi) bezalako herrialdeek antzeko kopuruak biltzen dituzte multinazionalak bere lurraldeetan lortzen dituen etekinengatik.
Dena den, Repsol-Petronor ez da salbuespena, ezta gutxiago ere. Bizkaiko datuak hartuta (tasa efektiboa kalkulatzeko eskuragarri dauden bakarrak), lurralde horretan kokatutako enpresek % 9 ordaintzen dute beren mozkinengatik, Sozietateen gaineko Zergan zehaztutako % 24tik oso urrun. Agerikoa da kopuruak antzekoak izango direla Euskal Herriko gainerako lurraldeetan ere.