"En Galicia no tenemos nada que envidiar en explotación a Bangladesh o Marruecos"
Ana Castro Pombo y Josefa Remuiñan Sánchez trabajaron durante años en el Grupo Deus, consorcio de empresas de la industria textil que confeccionaba ropa de marcas como Zara, El Corte Inglés, Massimo Dutti o Lacoste. “En los talleres auxiliares al servicio de las grandes marcas la situación es de total explotación. El convenio colectivo, de ámbito estatal, no se cumple. Se supone que la jornada es de 8 horas, pero se meten muchísimas más, extras, que no se cobran. La presión es enorme: te imponen un número de prendas para hacer durante una jornada, y hasta cumplir con ese objetivo no puedes abandonar la fábrica. Y los salarios, además de bajos, se cobran con retraso”. “En explotación, no tenemos nada que envidiar a Bangladesh, China o Marruecos”, denuncian con razón.
El Grupo Deus cerró el año pasado, tras un proceso fraudulento y lleno de irregularidades. “Durante 2016 los retrasos en los pagos empezaron a ser cada más grandes. Primero un mes, luego cuatro, seis... Hasta que las trabajadoras dijimos basta. Teníamos una representación sindical de 15 delegadas, unas de UGT y otras de CCOO, pero en realidad se trataba de un chanchullo de la dirección con algunas trabajadoras y los sindicatos implicados. Nunca se realizaron votaciones en la fábrica: entre la empresa y esos sindicatos falsificaron las actas; también se falsificaron firmas de las personas que supuestamente formaron parte de la mesa electoral. Esta cuestión fue denunciada ante la Guardia Civil. El procedimiento judicial sigue abierto, pero no hay duda de que UGT y CCOO no tenían legitimación”.
“Xunta enpresa handien esanetara dago. Milioika euro ematen dizkie enpleguaren mantenuaren inguruko inolako neurririk eskatu gabe. Eta, tamalgarriena zera da: gero enpresa horiek Galiziatik joaten direla esku-lan merkeagoaren bila, patrikak beteta dizuzten arren”.
En febrero del 2017, Ana y Josefa se encontraron sin previo aviso con carteles en los vestuarios que anunciaban la presentación de un ERE para despedir a 153 trabajadoras. “El 3 de abril la empresa entregó las cartas de despido, sin pagar nada de los salarios adeudados, ni de la indemnización, ni vacaciones, ni pagas extra... El día 24 de abril la empresa presentó un concurso de acreedores en el que solicitó el despido del total de la plantilla que quedaba trabajando y el cierre definitivo de las instalaciones”.
Plantando cara
Las trabajadoras, reunidas en torno al sindicato CIG, denunciaron la situación ante la Inspección de Trabajo y en los juzgados. “Inspección de Trabajo tuvo que acudir respaldada por la Guardia Civil. Nos interrogaron una a una para conocer cuál era la realidad laboral. Denunciamos las irregularidades que había. En octubre del 2017 salió la primera sentencia que declaró que los despidos eran improcedentes. Este grupo empresarial agrupaba diferentes empresas, que están recurriendo la sentencia una y otra vez. Hasta que la sentencia no sea firme no podemos cobrar las indemnizaciones”. Estas antiguas trabajadoras de Deus destacan que este grupo de empresas funciona en base a prácticas irregulares y mafiosas. “Tienen más de 20 sociedades, y algunas de las trabajadoras despedidas continúan en otros talleres, abiertos bajo otros nombres. Tampoco hay que olvidar que en el momento del ERE tenían una deuda de 8 millones de euros con Hacienda y la Agencia Tributaria”.
Ana y Josefa vivieron en primera persona los chantajes de este entramado empresarial. Josefa recuerda perfectamente la conversación que tuvo con una de las responsables antes de entrar a trabajar. “Se aprovechan de las necesidades de la gente. A mí me quedaban dos meses de paro por cobrar. Me propusieron comenzar a trabajar, seguir cobrando el paro y el sueldo, en negro. Pregunté: ‘¿qué pasa si viene Inspección de Trabajo?’. Me respondió: ‘Cuando viene la Inspección me avisan antes. Además, tenemos un cuarto en el que te podrías ocultar . Me negué”, relata.
Deslocalizaciones con respaldo de la Xunta
Galicia es cuna de algunas de las mejores marcas de moda, empresas muy conocidas con grandes beneficios anuales. Dores Martínez, responsable del sector textil en el sindicato CIG, conoce de primera mano cómo actúan estas empresas. “Personas como Adolfo Dominguez son un claro ejemplo. Basan su fortuna en la explotación laboral, las ayudas públicas y el fraude. Se aprovechan de las reformas laborales para despedir con mayor impunidad. Dice que a las trabajadoras si no les exiges todos los días se relajan. Mientras, cobra un dineral de dinero público en ayudas, sin que éstas estén condicionadas al mantenimiento del empleo”.
Un ejemplo es lo sucedido con el Grupo Caramelo, que fabricaba ropas de lujo. En 2017 cerró todas las empresas que tenía en Galicia tras haber recibido 30 millones en subvenciones públicas. “No dudan en deslocalizar la confección de las prendas, siempre buscando la mano de obra más barata posible. Y tienen a la Xunta como cómplice”, denuncian.
Cada vez quedan menos talleres textiles en Galicia. Dores Martínez se muestra muy preocupada. “Estos últimos años se han destruido cientos de empleos. Dentro de poco la mayoría de la producción vendrá de los talleres auxiliares repartidos en Portugal, Marruecos o Asia. Es decir, de cualquier sitio en el que la explotación sea mayor”.