ELA muestra su disconformidad con la proposición de Ley para el profesorado de religión presentada por Navarra Suma y apoyada por Geroa Bai

ELA se reafirma en su rechazo a los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano, y la situación de excepcionalidad que se le concede a la Iglesia Católica en diversas materias, entre ellas en la Educación. En ese sentido, ELA cree que la competencia educativa en su totalidad, así como el currículum educativo y la contratación del personal, debe corresponder en exclusiva y sin ningún condicionamiento al Gobierno de Navarra. En esa misma línea, el sindicato considera que debe suprimirse la enseñanza de las religiones confesionales e instamos al Gobierno de Navarra y a los partidos que lo apoyan a superar el actual marco normativo de la LOMLOE, el cual apuesta por el mantenimiento de la asignatura de religión confesional.

Asimismo, el sindicato considera que, el hecho de que a partir de septiembre la religión se reduzca al mínimo de 1 hora semanal que permite la LOMLOE en Educación Infantil y Primaria, no debe impedir que se busque una solución consensuada y negociada con la representación sindical para el personal que tiene firmado con la Administración un contrato laboral de carácter indefinido. Esta solución debe conjugar los derechos laborales del profesorado de religión y los derechos laborales del resto del profesorado de la educación.

ELA muestra su disconformidad con la proposición de Ley presentada por Navarra Suma y apoyada por Geroa Bai, una proposición que en caso de no ser modificada ni complementada podría resultar discriminatorio respecto al resto del profesorado.

Por todo lo anterior, ELA insta al Departamento de Educación a que lleve a cabo un proceso de negociación real con la representación sindical. En opinión del sindicato este proceso debe cumplir con toda la normativa propia del personal docente al servicio de la Administración de Navarra, al igual que el resto del profesorado. Asimismo, el proceso debe incluir una transición que finalice con la desaparición de la asignatura confesional y en el que se respete los derechos laborales de las y los actuales docentes de religión, un colectivo que en 2013 sufrió despidos por parte del arzobispado y del gobierno de UPN aplicando la indemnización mínima de 20 días establecida en la reforma laboral de Rajoy.