Sólo sirve para privatizar políticas y financiar a UGT, CCOO y CEN

Desde 1998 se han aprobado cinco Planes de Empleo por parte de CEN, UGT y CCOO; el primero, para los años 1999-2001; el segundo, para el periodo 2002-2004 (417,1 millones de presupuesto); el tercero, para 2005-2007 (431,6 millones), el cuarto, para 2009-2012, con una prórroga posterior para 2013 y 2014 (43,4 millones de euros) y el quinto de 2021 a 2024 con una asignación de 701,7 millones de euros.

Todos estos Planes han tenido como elemento común la asignación de grandes cantidades de dinero público, la promesa de grandes logros a la hora de firmarlos y un diagnóstico autocomplaciente y lleno de propaganda una vez finalizada su vigencia. El objetivo de todos estos Planes de Empleo no ha sido impulsar una verdadera política de empleo, sino desarrollar un modelo clientelista.

El Gobierno liderado por el PSN la anterior legislatura recuperó esta fórmula de financiación vía presupuestos de UGT, CCOO y la CEN, algo que no sucedía desde que UPN salió del Gobierno de Navarra.

Entre las muchas partidas presupuestarias que se encuadran en el quinto Plan de Empleo, la mayoría corresponden a la gestión de políticas que ya venía haciendo la Administración Pública y que ahora pasan a formar parte del Plan de Empleo, cobrando cuotas de poder de gestión pública sus firmantes. Es decir, este Plan implica la privatización de políticas públicas como la equidad de género, siniestralidad laboral, políticas activas de empleo o determinadas subvenciones que se dan a las empresas.

Los Planes de Empleo y el sistema de diálogo social permiten a la Patronal vetar todo acuerdo que vaya a perjudicar sus intereses. Por eso, no se abordan las causas que permiten que cada vez haya más trabajadores y trabajadoras navarras que sufren situaciones de precariedad laboral. De hecho, el actual Plan de Empleo no menciona la precariedad en todo el texto, al igual que sucede con elementos clave para combatir la desigualdad, la fiscalidad o el reparto de la riqueza.

La realidad es que en Navarra hay 134.300 empleos precarios. Este dato se obtiene teniendo en cuenta tres elementos: la temporalidad, los bajos salarios (inferiores a 18.200 euros) y la salud laboral. Esto es, más de la mitad de las personas asalariadas sufren la precariedad. En concreto, desde que entró en vigor el actual Plan de Empleo:

• El número de mujeres con contrato parcial ha subido 7,1 puntos, hasta que casi una de cada tres (el 29,1%) no tiene jornada completa.

• La tasa de temporalidad ha subido del 18,8% al 22,7% (al 27% en el caso de las mujeres).

• La pérdida de poder adquisitivo ha sido del 2,6% solo en 2022.

• En 2022 murieron 20 personas en accidente laboral.

El diálogo social y los Planes de Empleo en Navarra han consistido en un entramado opaco donde se intercambia financiación pública por paz social, y donde se acaban legitimando las políticas antisociales de los gobiernos. Por todo esto, ELA considera que sería un error repetir otro Plan de Empleo para 2025, tal y como ha manifestado la Consejera de Derechos Sociales Carmen Maeztu.