“El gobierno ha regalado más de 22.000 millones de euros a las eléctricas”
El precio de la luz en el mercado mayorista se disparó en enero en medio de una ola de frío hasta convertirse en el segundo más alto de la historia. Este incremento es fruto del injusto y antisocial sistema de fijación de precios de la electricidad. A finales de los 90, se justificó la privatización y liberalización del sector energético asegurando que el aumento de la competencia supondría precios más bajos para los consumidores. Dos décadas después ha quedado claro que la privatización de la energía sólo ha servido para beneficiar a las grandes empresas del sector mientras los consumidores quedan totalmente desprotegidos ante ellas. En este contexto, cada vez más voces exigen un cambio en el sistema de fijación del precio de la electricidad y la publificación del sector energético. Pablo Cotarelo, reconocido experto en política energética -impulsor de Ekona-, arroja algunas luces sobre un asunto de especial complejidad e importancia para la ciudadanía. No en vano la pobreza energética, es decir, el número de personas que no pueden afrontar el gasto de algo tan básico como la luz o calentar sus hogares, va en aumento.
-En enero, en plena ola de frío, la factura de la luz alcanzó precios históricos. ¿A qué fue debido?
-Pablo Cotarelo: Como casi todo el mundo intuye, la forma para fijar los precios en el sector energético es bastante compleja. La factura de la luz que llega a nuestras casas se compone de 4 partes: una es la parte del mercado de la energía; otra, la relacionada con los peajes y el funcionamiento del sistema; la tercera son cargas que el sistema eléctrico viene soportando del pasado, y la última parte sería la impositiva, fundamentalmente, el IVA y el impuesto de electricidad.
De las 4 partes que tiene la factura eléctrica, la alterada por el temporal Filomena fue la del mercado de la energía, porque responde a un sistema de fijación del precio diario que sigue un sistema marginalista, es decir, la última instalación que entra a cubrir la demanda cada hora de cada día es la que marca el precio al que se retribuyen a todas las instalaciones que cubren la demanda a esa hora. Por tanto, cuanto más demanda hay, o cuando las condiciones meteorológicas impiden que haya producción renovable, las instalaciones más caras son las que terminan marcando el precio de la electricidad. Y ésta es la situación que se dio durante el temporal. Por eso, el precio subió tanto durante esas fechas. Los días posteriores la situación volvió a la normalidad del sistema, tal como está planteado.
“Jarrera herrikoi edo ezkertiar batetik, ezinbestekoa da sektore elektrikoaren kontrol publikoaren alde egitea, bai ikuspegi estrategikoan, bai geopolitikoan ere. Dena dela, energiaren publikotasuna bultzatu beharko litzateke, edo, gutxi gorabehera, energia sektorean pisu publiko askoz handiagoa izatea. Horretarako bidea hartu behar da”.
-¿Este sistema de fijación de precios es habitual en los países de nuestro entorno?
-El sistema español depende de las directivas de la Unión Europea. Y sí, el sistema marginalista de la parte de energía de la factura funciona también en la inmensa mayoría de los países de la UE aunque, en nuestro caso, hay una anomalía importante.
En relación al resto de componentes de la factura, cambia la parte impositiva, los impuestos sobre la electricidad, que aquí son superiores.
-¿Qué anomalía es ésa que comentas?
La anomalía en el sistema español es que hay más penetración de energías renovables que en la mayoría de los países europeos, y esto, de alguna manera, genera distorsiones y peculiaridades.
El sistema marginalista está diseñado en términos económicos para sistemas de actores homogéneos que participan en un mercado. Ahí sí puede tener un cierto sentido porque se prima la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos: de alguna manera, los actores compiten para ver quién puede reducir más los costes.
El problema en el Estado español es que los actores tienen unas características muy diferentes; la
energía nuclear y las energías renovables introducen peculiaridades -entre comillas- que hacen bastante difícil de entender que se siga utilizando este sistema. Sus características son muy diferentes a las de las centrales térmicas, que son las que compiten en costes (y para las que tiene cierto sentido un sistema marginalista).
De hecho, cada vez hay más voces, incluso dentro de los sectores más conservadores, que están empezando a pedir otro sistema de fijación de esta parte del precio de la factura.
“Iberdrola Qatarko Soberano Funtsak kontrolatzen du gehienbat, azkenaldian gauzak aldatu ez badira, eta Endesa ENELekoa da, Italiako Ekonomia Ministerioak kontrolatzen duen enpresa bat. Hau da, edozein herrialderentzat hain garrantzitsua eta estrategikoa den ondasun bat atzerritarren esku dago”.
-¿En comparación con otros países de la UE, en nuestro país pagamos más, menos o similar por la luz?
-En 2014 realicé un estudio sobre cuáles eran los costes que soportamos por encima de lo normal, y había dos cuestiones que sobresalían, al margen de la parte impositiva.
Por un lado, hay una serie de costes o de cargas provenientes del pasado, de difícil justificación desde el punto de vista de la ciudadanía, que están enfocados a asegurar los ingresos y la sostenibilidad de las empresas del sector. Es el caso de los pagos por capacidad, los contratos de interrumpibilidad o, incluso, el alquiler de los contadores.
Y luego, por otro, está lo que en inglés se denomina windfall profits, que en castellano se traduciría como beneficios caídos del cielo, que están relacionados con el excedente que hemos pagado desde la
liberalización del sector, en el año 1998, debido a la diferencia del cálculo de la retribución entre el sistema anterior y actual de las instalaciones nucleares e hidroeléctricas.
Este sobrecoste para la ciudadanía, que yo calculé con bastantes penurias, era de más de 22.000 millones
de euros acumulados entre 1998 y 2013. Y eso, evidentemente, es probable que haya aumentado hasta el día de hoy.
Este tipo de sobrecostes carecen de justificación. Es una cantidad enorme de dinero que ha sido transferido de la sociedad al sector eléctrico de manera innecesaria o ilegítima, según estándares de carácter social.
-En 1998, cuando se privatizó y liberalizó el sector energético, se vendió a la ciudadanía que los precios de mercado de los sectores privados serían más competitivos, en beneficio de los consumidores. ¿Esto ha sido así? ¿A quién beneficia este sistema?
-En términos generales podemos afirmar que la privatización y liberalización del sector eléctrico ha sido negativa para la ciudadanía. Es evidente que ha beneficiado a las empresas del sector; fundamentalmente, a las más grandes.
Además, durante todo este periodo se ha dado la terrible paradoja de que el sector eléctrico español ha pasado de ser controlado por el poder de un Estado, el español, a estar controlado por el poder de varios, y extranjeros. Lo que en un proceso supuestamente liberalizador llama bastante la atención.
En el caso de Endesa, sin ir más lejos, se ve que los intereses, tanto de la empresa española como de los usuarios españoles, han estado en el último lugar de la cola en el proceso de toma de decisiones. Evidentemente, esto es perjudicial para los intereses de la población, incluso en términos indirectos.
-¿Quién está detrás de Endesa, Iberdrola..., del oligopolio eléctrico, en definitiva?
-Las dos grandes empresas eléctricas del estado español, que controlan más del 80% del mercado, son Iberdrola y Endesa.
Iberdrola está controlada mayoritariamente por el Fondo Soberano de Qatar, si las cosas no han cambiado últimamente, y Endesa pertenece a ENEL, que es una empresa controlada mayoritariamente por el Ministerio de Economía de Italia. Es decir, un bien tan importante socialmente y estratégico para cualquier país está en manos extranjeras.
“Espainiako Estatuko herritarrek 22.000 milioi euro baino gehiagoko gainkostua ordaindu dute 1998 eta 2013 urteen artean. Jakina, kopuru hori handitu egingo da gaur arte”.
-Siempre que se habla de las empresas eléctricas se menciona el fenómeno de las “puertas giratorias” para explicar los favores que reciben de los gobiernos. En tu opinión, ¿las puertas giratorias explican el trato privilegiado a las eléctricas o hay otras razones detrás?
-Yo creo que el problema es más estructural que eso, suponiendo que el fenómeno de las puertas giratorias no sea un problema estructural de la política española.
No sólo el sector eléctrico sino el conjunto de la economía de este país tiene un problema importante que está relacionado con la herencia procedente del franquismo. Una de las características fundamentales de esa herencia es el rentismo y el expolio, en general, tanto de actores concretos como en términos de la relación capital-trabajo y en términos ambientales.
Este tipo de enfoque explica que un sector estratégico como éste -que en todo su esplendor podemos considerar bastante extractivo- sea la joya de la corona. Hay que tener en cuenta, además, que son un activo relativamente seguro porque tienen un mercado cautivo importante y un tratamiento preferente por parte de todos los gobiernos que ha habido en la democracia. Habrá que ver hasta qué punto siguen en esa línea o no, pero, históricamente, eso ha sido así.
Volviendo al tema de las puertas giratorias, existir existen, aunque las empresas eléctricas no han tenido que hacer mucho esfuerzo para que la clase política o los gobiernos hayan sido bastante generosos con ellas.
-Cada vez hay más voces que exigen cambios normativos en el funcionamiento del mercado eléctrico. ¿Cuáles debería ser, en tu opinión, los más urgentes?
-Desde mi punto de vista, una reforma integral del sistema eléctrico debería incluir una participación pública muchísimo mayor que la actual.
En estos momentos se están llevando a cabo tanto a nivel europeo como a nivel español muchísimos cambios normativos en todo el sector energético, incluido el eléctrico. Sin embargo, confluyen dos movimientos o caminos que, en mi opinión, son un tanto contradictorios.
Por una parte, desde la Unión Europea se sigue avanzando en la construcción de un mercado
eléctrico integrado o único. Y, al mismo tiempo, se están intentando desarrollar lo que se denominan
las comunidades energéticas, que priman tanto la participación pública como la ciudadana en un entorno local (municipios, áreas metropolitanas y rurales) para mejorar la eficiencia en el uso de la electricidad y la introducción de las energías renovables.
En mi opinión, en el universo más macro y más grande es necesaria la participación del sector público y que algunas de las partes más importantes del sector eléctrico sean públicas, por dos razones fundamentales. Por una parte, para que sean más sociales y respondan a los intereses de las clases populares y trabajadoras. Por otra, porque los actores privados -ciudadanos o las cooperativas que ahora mismo están en funcionamiento- no tienen la capacidad financiera necesaria para asumir las grandes transformaciones pendientes; para realizar, en definitiva, la transición energética en términos de sostenibilidad y de generación de empleos estables y de calidad.
El escenario al que nos enfrentamos en los próximos años es bastante binario. Por un lado, la inversión necesaria para realizar la transición energética es enorme, por lo que los actores del ámbito privado que puedan realizarlas son muy pocos. Y es previsible que se de un proceso de concentración empresarial aún mayor que el actual. Por otro, si la situación diera un giro de 180 grados y los activos empezaran a pasar al sector público, evidentemente el proceso sería totalmente opuesto.
La concentración de activos y la toma de decisiones, es decir, los intereses de lo público y lo privado, son básicos para definir el mundo del futuro.
En un momento como el actual, en el que la introducción de herramientas como las digitales incrementan aún más la complejidad del sistema, el acaparamiento y el control casi en forma de monopolio, las decisiones energéticas del sector privado serían todavía más perniciosas para los intereses de la mayoría de la población.
-ELA ha exigido un cambio en el sistema de fijación del precio de la electricidad y la publificación del sector energético. En tu opinión, ¿son reivindicaciones posibles, más allá de un deseo?
-Desde una posición popular o de izquierdas es necesario e imprescindible abogar por un control público del sector eléctrico, tanto en términos estratégicos como geopolíticos. La toma de decisiones de las grandes empresas eléctricas en el Estado no puede estar en manos ajenas, respondiendo a intereses ajenos.
Todo debería apuntar hacia la publificación de la energía o, como poco, a un peso público mucho mayor en el sector energético. Es imprescindible y necesario transitar hacia ello.
-¿Cuál es el camino o la estrategia para llevarlo a cabo?
-El problema es que hasta ahora nadie se ha planteado de manera seria llevar a cabo la publificación del sector energético, la reversión de la privatización y liberalización de 1998.
Y el cómo es cada vez más difícil, precisamente por el tema de la complejidad y de los activos. Sin embargo, no creo que éste sea el peor de los momentos porque el sector está en crisis.
En realidad, está en crisis permanente, como la banca, y necesita al Estado para extraer rentas de donde pueda y le dejen; para seguir sobreviviendo, en definitiva, en los términos que la supervivencia significa en el capitalismo actual.
Es una supervivencia bastante curiosa porque, por una parte, se quejan de que no obtienen ingresos suficientes por las tarifas y el sistema que impone el Estado y, por otra, están repartiendo dividendos millonarios año tras año. Al final, el capitalismo global genera este tipo de monstruos.