Alerta: un otoño de grandes movilizaciones

Es urgente incrementar la presión social para que la reforma laboral y de las pensiones que votará el Congreso devuelvan derechos arrebatados a la clase trabajadora

A la vuelta del verano, varias decisiones políticas importantes siguen pendientes en los despachos, los parlamentos y también en la calle y los centros de trabajo. Los plazos se estrechan hasta el embudo que supondrá la aprobación de reformas trascendentales en el Estatuto de los Trabajadores, las pensiones, el empleo público y la fiscalidad: todo ello en unas pocas semanas.

¿Y por qué estas urgencias? Porque la Unión Europea aprieta en lo jurídico (abuso del empleo temporal y precario en la Administración) y en lo económico: la concesión de créditos multimillonarios (que habrá que devolver) y de otras ayudas englobadas dentro del Plan Next Generation exige contrapartidas que el Gobierno de Pedro Sánchez debe conceder: recortes en las pensiones (que ya han empezado con el acuerdo entre patronal, UGT, CCOO y Gobierno del pasado 1 de julio), reforma laboral (está en disputa en qué sentido y a qué capítulos va a afectar) y austeridad presupuestaria (es decir, más recortes sociales). Sin olvidar que continuamos en medio de una pandemia que no remite, con todas las consecuencias sociales que conlleva.

Erne egoteko, aktibatzeko eta mobilizatzeko garaia da, parean dagoenaren larritasunaren aurrean. Inoiz baino nabarmenago dago greba orokorraren hipotesia, murrizketak eragozteko eta lan-erreforma berria baldintzatzeko.

Todo ello está relacionado y secuenciado en unas pocas semanas entre septiembre y diciembre (plazo máximo que la UE ha concedido a Sánchez), lo que desencadenará una cascada de causas y efectos. El Gobierno español necesita el apoyo de varios partidos políticos (la llamada mayoría de la investidura de Sánchez, que incluye a PNV y Bildu), que van a notar la presión y la exigencia de no aprobar ningún recorte en las pensiones y de derogar las últimas reformas laborales.

Ahí se inscribe la alianza entre ELA, la CIG gallega y la Intersindical catalana para compartir movilizaciones e implicarse en la presión a los respectivos partidos políticos de Euskal Herria, Catalunya y Galiza. Esta dinámica ya vivió dos capítulos importantes con la campaña No nos vendáis en Madrid del pasado 25 de marzo y la concentración frente al Ministerio de Trabajo (22 de junio, bajo el lema Por la derogación de las reformas laborales).
Este otoño hay mucho en juego: se determinará si las políticas públicas de los próximos años profundizan en los recortes y el aumento de la desigualdad iniciado con la crisis de 2008 o si, por el contrario, esa tendencia se revierte hacia una sociedad más justa, que vaya cerrando sus brechas salariales, de género y de cualquier otro tipo. Por eso, este otoño va a ser clave y la movilización social cobrará un protagonismo capital para inclinar la balanza en favor de las mayorías populares y de la clase trabajadora. Es tiempo de estar alerta, activarse y movilizarse ante la gravedad de lo que hay enfrente. Está más presente que nunca la hipótesis de una huelga general para impedir recortes y condicionar la nueva reforma laboral.

Europar Batasunak arlo juridikoan (Administrazioan aldi baterako enplegu prekarioa gehiegikeriaz erabiltzea) eta arlo ekonomikoan estutzen du: milioi askoko kredituak (itzuli egin beharko direnak) eta Next Generation Planaren barruko beste laguntza batzuk emateak Pedro Sanchezen Gobernuak eman beharreko kontrapartidak eskatzen ditu: pentsioetan murrizketak (uztailaren 1eko patronalaren, UGTren, CCOOren eta Gobernuaren arteko akordioarekin hasi direnak), zer lan-erreforma den gehien eragiten duena (aurrekontuari dagokionez), eta zer lan-erreforma den (aurrekontuari dagokionez).

Pensiones: NO AL MEI

El prólogo a este otoño fue una mala señal: la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno español, la patronal y CCOO y UGT supondrá retrocesos en la jubilación anticipada y plantea la incorporación de un mecanismo que permita al gobierno de turno modificar los parámetros fundamentales del sistema (edad de jubilación, cuantía de la pensión, revalorización,…): “El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -subraya Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA- es un cheque en blanco regalado al Gobierno para recortar las pensiones”.

Se trata de una medida de mucha gravedad. Su aprobación sería un golpe definitivo a un sistema que ya, de por sí, deja en situación de pobreza y exclusión a decenas de miles de pensionistas, sobre todo mujeres. No hay que olvidar (aunque CCOO y UGT intenten ocultarlo) que si no hay acuerdo en el diálogo social antes del 15 de noviembre para concretar dicho mecanismo, el gobierno tendrá vía libre para aplicar recortes en el cálculo de pensiones, en la edad de jubilación o en la revalorización de las pensiones.

Por ello, el otoño será decisivo para conseguir que se derogue el Factor de Sostenibilidad y no se incorpore ningún Mecanismo que, con el mismo fin, lo sustituya. El llamado MEI es una espada de Damocles, una gran baza para que los futuros gobiernos puedan recortar las pensiones a su gusto, disfrazando una decisión política con falsos argumentos técnicos.

Asimismo, deben derogarse los recortes aprobados en las reformas de 2011 y 2013, entre ellos el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años (firmado en su día por CCOO y UGT). Asimismo, debe ocupar un lugar la pensión mínima de 1.080 euros mensuales, así como eliminar la penalización del cómputo de cotizaciones en los contratos a tiempo parcial (día trabajado igual a día cotizado).

Son todas ellas medidas perfectamente aplicables, siempre que se combata la filosofía del Pacto de Toledo, cuyos principios políticos abocan inexorablemente al recorte continuo, siguiendo los dictados de las grandes compañías de seguros y planes privados de pensiones. “Se trata de un debate político, no técnico”, subraya Lakuntza, “que tiene que ver con el reparto de la riqueza y con el nivel de ingresos que queremos garantizar, como sociedad, a las personas pensionistas”.

73 kontratu behar dira lanpostu bakarra sortzeko (Estatu osoko datuak ez dira oso desberdinak izango Euskal Herrian). Are zirraragarriagoa da ikustea behin-behinekotasun bortitz hori are handiagoa dela sektore publikoan pribatuan baino.

Reforma Laboral

En este contexto se inscribe la negativa del Gobierno español a derogar las reformas laborales de la década pasada, tanto la de Rajoy como la de Zapatero. Esta última fue la que permitió que a través de los convenios estatales se impida negociar convenios territoriales en Euskal Herria. Estas reformas pusieron las bases para facilitar el despido colectivo, por lo que están siendo utilizadas por muchas empresas para tratar de destruir empleo y disciplinar a la clase trabajadora (en Tubacex, por ejemplo).

Como se recordará, PSOE y Podemos se comprometieron, antes de llegar al Gobierno, a derogar la reforma laboral de 2012, pero una vez llegados al poder han rebajado sustancialmente esa promesa y solo están dispuestos a acometer una reforma parcial, que además se va aplazando ‘sine die’ y cada vez va a estar más limitada por las exigencias de la UE a cambio de los fondos Next Generation. En las próximas semanas, el Gobierno español está obligado a tomar decisiones, por lo que la presión debe realizarse ahora, con el fin de inclinar esa nueva reforma laboral a favor de la clase trabajadora y no en su contra.

Las decisiones del Congreso deben condicionarse ahora, incluidos los votos del PNV y EH Bildu (así como del resto de partidos que formaron la llamada mayoría de la investidura: BNG, ERC…). ¿Y qué puntos de las últimas reformas laborales deberían cambiarse? En este aspecto, el debate es amplio, desde la derogación total hasta la modificación de los puntos más dañinos. En cualquier caso, hay elementos irrenunciables que deberían guiar las movilizaciones de este otoño:

  • Garantizar la ultraactividad indefinida. Es decir, que las condiciones acordadas no decaigan automáticamente al finalizar la vigencia del convenio y que, en caso de inaplicación de convenios, el acuerdo con la representación sindical sea obligatorio.
  • Derecho a negociar las condiciones laborales en Euskal Herria, evitando que pactos estatales firmados en Madrid empeoren lo acordado en las empresas vascas.
  • Prohibición de despidos colectivos en empresas con beneficios, lo que se lograría recuperando la preceptiva autorización administrativa para los ERE.

PNV y Bildu deberían condicionar su apoyo al Gobierno a cambio de que se cumplan estas reivindicaciones elementales. Un apoyo al Gobierno de Sánchez sería un duro golpe para la clase trabajadora vasca.

EAJk eta Bilduk Sanchezen Gobernuari emandako babesa baldintzatu beharko lukete, lan erreformak bertan behera uztearen truke. Hala ez bada, kolpe latza izango litzateke euskal langileriarentzat.

 
Empleo público

El dato es impactante: en 2019, último año de crecimiento antes de la pandemia, la Seguridad Social registró 29,5 millones de altas en la contratación y 29,1 millones de bajas. Es decir que con esta elevadísima rotación sólo se crearon 400.000 puestos de trabajo. Eso da una media aproximada de que se necesitan 73 contratos para crear un sólo puesto de trabajo (datos del conjunto del Estado que no serán muy diferentes en Euskal Herria).

Todavía más impactante es comprobar que esa brutal temporalidad es aún mayor en el sector público que en el privado. Y que las Administraciones vascas son alumnas aventajadas en esta carrera infame por aumentar la precariedad de sus plantillas: más de 70.000 personas tienen contrato temporal (alrededor del 40%) en los Gobiernos de Gasteiz e Iruña, las diputaciones y los ayuntamientos de Euskal Herria.

Por si fuera poco, y bajo la presión de sentencias europeas que penalizan esta enorme precariedad en el empleo público, el Congreso de los Diputados aprobó el 23 de julio un decreto (el ‘Icetazo’, para entendernos) que no da ninguna garantía de consolidación del empleo. Su único objetivo es la propaganda, confundir a las personas afectadas y a la opinión pública con falsos argumentos y eludir en un futuro hipotéticas sanciones europeas o sentencias desfavorables en los tribunales.

De entrada, dicho decreto es un ataque más del Estado al autogobierno vasco y además abre la puerta al despido de miles de personas en las Administraciones vascas. Lo más grave es la urgencia de este proceso: para finales de octubre, la tramitación de esta ley habrá finalizado y deberá votarse en el Congreso. ¿Qué harán PNV y EH Bildu?

Negarse a la aprobación del ‘Icetazo’ es un imperativo político, porque además hay alternativas para conseguir la consolidación de miles de empleos y el refuerzo de los servicios públicos, que se han demostrado aún más imprescindibles durante la pandemia. Estas son, entre otras, las propuestas que podrían llevarse a cabo:

  • Negociación en cada ámbito de procesos selectivos de consolidación: la antigüedad, la experiencia y /o el conocimiento adquirido durante años de trabajo serán tenidos en cuenta.
  • Medidas para evitar la reproducción de este abuso en la contratación temporal, y penalizaciones y sanciones a las administraciones que no cumplan.

Espainiako Gobernuak, patronalak eta CCOOk eta UGTk adostutako pentsioen erreformak atzerapausoak ekarriko ditu erretiro aurreratuan, eta txandakako gobernuak sistemaren funtsezko parametroak aldatu ahal izateko mekanismo bat sartzea planteatzen du.

Reforma fiscal, modelo de sociedad...

Aparte de estos tres grandes apartados que se van a dilucidar este otoño en el Congreso (reforma laboral, pensiones y empleo público), los Gobiernos de Urkullu y Chivite no quieren ni oír hablar de cambiar el modelo en cuestiones esenciales, como el sistema púbico de cuidados o una reforma fiscal urgente, que aumente de manera importante los impuestos a pagar por las rentas empresariales y del capital, en especial por los beneficios de las empresas y por el patrimonio y las grandes fortunas.

La continuidad de las políticas presupuestarias rácanas, la apuesta por unos servicios públicos bajo mínimos y por unas prestaciones sociales que incluso se pretenden recortar (como ocurre con la propuesta de reforma de la RGI) muestran la negativa a pasar a limpio las enseñanzas de la crisis de 2008 y de lo que ha ocurrido con la pandemia del coronavirus.

Vivimos un momento clave. De aquí a final de año se van a tomar decisiones que van a condicionar nuestro futuro, nuestras condiciones de vida y de trabajo. Por ello, es urgente dar un salto en la presión social para conseguir que las decisiones políticas den respuesta a las necesidades sociales y a nuestras reivindicaciones. Así se hizo en la Huelga General del 30 de enero de 2020, cuyas reivindicaciones están plenamente vigentes. Este otoño será de grandes movilizaciones.

Un otoño caliente. Lo necesitamos.