Neocolonialismo en nombre de la descarbonización

Iritzia Clàudia Custodio, miembro de la ODG (Observatori del Deute en la Globalització)

En un contexto de emergencia climática, crisis energética, guerras y desigualdades crecientes, las instituciones del Norte global han hecho un viraje hacia el lenguaje de la securitización a la vez que promueven la transición verde. En la Unión Europea, la descarbonización se ha presentado como una transición gemela, verde y digital, que van a liderar las grandes corporaciones. Esta transición requiere una enorme cantidad de materias primas para fabricar los dispositivos que permiten capturar energías renovables, electrificar y digitalizar. En el marco del tecno-optimismo –la creencia de que podemos solucionar la emergencia climática mediante la innovación tecnológica en el paradigma del crecimiento económico infinito– se ha intensificado el interés por el negocio de la transición verde, por capturar las etapas de la cadena de valor de las tecnologías verdes y digitales, y ha comenzado una carrera de las grandes potencias por las materias primas críticas.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que la extracción global de materias primas deberá multiplicarse por cuatro entre 2020 y 2040. Sin embargo, en el caso del litio se multiplicaría por 42, para el cobalto por 25, para el níquel por 21 y por 19 en el caso del manganeso. Este incremento de la demanda está directamente asociada a las tecnologías de descarbonización –turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos, vehículos eléctricos, etc–. Sin embargo, es importante destacar que el incremento viene dado, sobre todo, por la transición hacía la movilidad eléctrica.

La carrera mundial para acaparar los recursos necesarios para la transición está encabezada por China. Y es que los minerales para esta transición se encuentran repartidos en el mundo de forma desigual y China tiene reservas de muchos de ellos. Por ejemplo, lidera la producción mundial de tierras raras (60%) y de grafito (64%). Pero China no solo tiene reservas de minerales, sino que también controla su procesamiento y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos (65%), de paneles solares y aerogeneradores (60%), de vehículos eléctricos (40%). Además, ha expandido sus inversiones en otros territorios con riqueza mineral como Australia, Chile, República Democrática del Congo o Indonesia.

Disputa por la hegemonía

Ahora, Europa y los Estados Unidos quieren seguir su estepa y disputarle la hegemonía, con sus planes de transición verde. Estados Unidos presentó en agosto de 2022 la Ley de Reducción de la Inflación para acelerar la descarbonización y promover la re-localización de industrias en su territorio, por medio de suculentos incentivos para la industria de tecnologías limpias.

A su vez, la UE se ha apresurado a legislar en la misma dirección: en los próximos meses entrará en vigor la Ley de Materias Primas Críticas, una normativa que se enmarca en el Plan Industrial del Pacto Verde y que fue aprobada el año pasado en tiempo récord para asegurar el suministro de materias primas. Y es que sus reservas minerales son limitadas y actualmente tiene un dependencia casi total del exterior. Esta regulación establece cuáles son los minerales considerados críticos (34) para la economía de la Unión, y el listado se revisa cada tres años. La novedad es que se ha añadido otro listado adicional, con 17 minerales estratégicos, aquellos que tienen una importancia estratégica para la transición verde y digital y la defensa, pero en los que existe una brecha entre el suministro global y el incremento proyectado de la demanda.

Bajo el paraguas de la autonomía estratégica, marca unos objetivos ambiciosos para 2030: extraer el 10% y procesar el 40% de materias primas críticas en territorio de la UE, que el 25% provenga del reciclaje, y que máximo un 65% de cada mineral estratégico provenga de un mismo país tercero. No solo quiere acopiarse de las materias primas sino también controlar las cadenas de suministro, por lo que plantea recuperar algunas de las industrias deslocalizadas durante el auge neoliberal. En otras palabras, la vuelta al Made in Europe. Y China no se ha quedado de brazos cruzados. Por poner un ejemplo, en diciembre de 2022, prohibió la exportación de tecnologías de procesamiento de tierras raras.

Ahora bien, cabe destacar que los minerales que incluyen no son solamente necesarios para la transición verde y digital si no también para la defensa y fabricación de armamento. De hecho, así lo reconoce el texto de la regulación. Por eso no sorprende que en la lista de minerales estratégicos aparezca el Titanio, que prácticamente no se usa en tecnologías renovables, pero sí para la industria armamentística.

Legislación a medida de la industria minera

La regulación sigue la lógica de diversificar el suministro de materias primas manteniendo el modelo de crecimiento económico, y va acompañada de instrumentos varios para conseguirlo. Propone formar un Club de Materias Primas al cual está invitado todo el mundo excepto China y aliados, pero sin especificar como funcionaría. Además, promueve la firma de acuerdos de asociación estratégicos (Strategic Partnerships) con países que tienen minerales críticos. El más reciente ha sido con Ruanda, un país con riqueza mineral y que además sirve a la UE para importar cobalto que en realidad se extrae en el país vecino, la República Democrática del Congo. Asimismo, la política comercial y de inversiones busca acelerar la firma de acuerdos comerciales bilaterales con capítulos de materias primas y energía, como en el caso del tratado UE-Chile. Aunque estos acuerdos se presentan como beneficiosos para ambas partes, la realidad es que aseguran el mercado y “un espacio de inversiones seguro” para las grandes corporaciones, mientras perpetúan desigualdades para la población local de los países en cuestión.

La legislación europea para acelerar la extracción de materias primas parece hecha a dedo para la industria minera. No en vano, empresas del sector gastan más de 21 millones de euros anuales en arduas tareas de lobby.

Actualmente, la UE ya consume alrededor del 25-30% de los metales producidos en todo el mundo, a pesar de representar solo el 6% de la población mundial. Los recursos minerales del planeta son finitos y su extracción tiene graves impactos. En este contexto, hay que transformar el modelo económico: la urgencia no puede justificar la lógica neocolonial. Para una descarbonización con justicia global, es necesario plantear una reducción drástica de la demanda mineral y explorar vías de extracción secundaria. La reindustrialización puede ser en parte necesaria, pero no de la mano de las grandes corporaciones.

Existen algunas propuestas de reindustrialización interesantes pero sufren para acceder a recursos. Este es el caso de la fábrica de Florencia GKN, bajo control de los obreros desde hace dos años y medio después del cierre por parte de la multinacional que fabricaba componentes para coches, y que ahora quiere fabricar paneles fotovoltaicos y baterías para cargo-bicicletas… Estas son las iniciativas que debemos explorar: desde la base, con planificación estratégica pública, libres de la captura corporativa, para llegar a la suficiencia que garantice vidas dignas para todas las personas y la continuidad de la vida en el planeta.