El Tribunal Superior de Justicia de la CAV ha declarado que el Gobierno Vasco impuso unos servicios mínimos excesivos
En concreto, el juzgador sostiene que los servicios mínimos ampliados por Lakua con una segunda orden fueron abusivos en 1º de ESO, 2º de ESO, 3º de ESO, 4º de ESO y primero de Bachillerato. El aumento de los servicios mínimos de segundo de bachillerato lo considera legítimo con el argumento de la prueba de acceso a la universidad USaU-PAU, pero el juez matiza que este argumento no puede extenderse al resto de niveles.
Recordemos que la huelga indefinida se inició en marzo, cuando la dirección comunicó que el colegio iba a fusionarse con el centro Jesutinak de Bilbao y despedir al menos a 44 trabajadores y trabajadoras. La representación de la plantilla solicitó reunirse con el Gobierno Vasco hasta en una docena de ocasiones sin obtener respuesta. Hoy por hoy, como consecuencia de la mala gestión realizada por la dirección y la desconfianza generada en las familias la fusión ha quedado en nada y ha provocado el cierre del centro. Los y las 69 trabajadores y trabajadoras estén a la espera de que se resuelva el expediente de despido colectivo iniciado en julio. Han sido despedidos y despedidas otros y otras 20 trabajadores y trabajadoras indirectas, personal subcontratado de comedor y limpieza.
Al inicio de la huelga el Gobierno fijó unos servicios mínimos. Posteriormente, mediante una orden triplicó las iniciales en todas las etapas de Secundaria y Bachillerato. Eso supuso dejar en nada el derecho de huelga de los y las trabajadoras. ELA denunció esta segunda orden y los tribunales le han dado la razón.
Para ELA es grave la actitud mostrada por el Gobierno con los y las trabajadoras despedidas en centros concertados. Lejos de impulsar soluciones como una nueva ubicación para las plantillas o la subrogación, les deja sin ningún tipo de protección. Es más, cuando hacen uso del único instrumento que tienen para defender sus puestos de trabajo, es decir, cuando utilizan la huelga, el Gobierno atenta contra ese derecho con medidas abusivas. En el caso de JM, además, Lakua amplió la posibilidad de llevar al alumando a otras centros, fuera de la época de matriculación y antes de finalizar el curso, y a pesar de tener garantizado el derecho a la educación.
En cinco años, ocho centros concertados han cerrado en la CAV y más de 250 trabajadores y trabajadoras han sido despedidos/as. El Gobierno también ha tenido en ellos la misma actitud que en el colegio JM. ELA cree que el Gobierno tiene que tener en cuenta tanto al alumnado como al personal y dar una solución adecuada a todos.
Más aún sabiendo que con frecuencia los edificios en los que se ubican estos centros escolares se quieren utilizar para hacer negocio, ya que en muchos casos se encuentran en el centro de los núcleos urbanos. El Gobierno debe adoptar las medidas y precauciones necesarias para evitar esta situación.