La Ley Tapia permitirá al Gobierno Vasco imponer proyectos de empresas privadas a los ayuntamientos
Con esta normativa, que se ha denominado como Ley Tapia, el Gobierno Vasco podrá imponer los proyectos que rechazan los ayuntamientos. Para que esto sea posible han ideado la figura de Proyectos de Interés Público Superior, para imponer proyectos sin aprobación en municipios en los que PNV y PSE no tienen mayoría. No han concretado cuáles serán estos proyectos, pero los han definido como “instalaciones de utilidad pública e interés social ambiental”. Se trata de infraestructuras que, por diferentes motivos, generan oposición social y que sólo pueden llevarse a cabo por imposición. Con Arantza Tapia a la cabeza, el Gobierno Vasco quiere pasar por encima de toda oposición, imponiendo proyectos sin participación, para llevar a cabo proyectos que no defienden los intereses de la ciudadanía. Serán proyectos que responden exclusivamente a los intereses privados de unos pocos: pozos de gas, incineradoras, líneas de alta tensión, grandes parques eólicos y fotovoltaicos...
ELA rechaza esta modificación de la legislación por las formas utilizadas y por la imposición que supone. Queremos denunciar que esta nueva legislación es absolutamente antidemocrática y que se trata de imponer los intereses de unos pocos por encima del interés público real, aquellos que son realmente beneficiosos para las personas.
Nos hemos movilizado junto a diferentes agentes sociales para decir que no aceptamos la Ley Tapia, y exigir la derogación de esta norma absolutamente antidemocrática. Pero mientras nos movilizábamos, preparaban la segunda parte de la Ley Tapia, en la opacidad y con las mismas artimañas. En esta ocasión los cambios se llevarán a cabo en el Proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, y así redondearán la Ley Tapia y serán los que tomen todas las decisiones.
PNV y PSE aprobarán en este segundo ataque que los proyectos de empresas privadas se puedan imponer a los ayuntamientos, y no sólo los relacionados con el medio ambiente, podrán ser proyectos de cualquier tipo. Se justifican diciendo que “podrán declararse otro tipo de proyectos cuya necesidad, interés público, general y social se justifique y cuya ejecución resulte urgente”. Claro, siempre que gusten al Gobierno Vasco y defiendan los intereses de los partidos que lo integran.
En noviembre se aprobó la propuesta de Ley de de Cambio Climático y esta modificación ya estaba introducida. Pero el Gobierno Vasco no lo hizo público. Y al responder a una denuncia de ELA guardaron bien estas intenciones ocultas.
El 22 de diciembre denunciamos que el Gobierno Vasco quiere construir una planta de tratamiento de residuos plásticos mediante pirólisis en Zumarraga y que si lo necesitan utilizarán la Ley Tapia para ello. Rápidamente respondió el Gobierno Vasco diciendo que detrás de este proyecto hay una empresa privada y que no es competencia suya. Para entonces ya habían preparado la segunda parte de la Ley Tapia para poder imponer sus proyectos, no sólo a los proyectos públicos de interés general, sino también proyectos de empresas privadas. Pero siguiendo con la falta de transparencia que emana del Gobierno Vasco, prefirió acusar a ELA de mentir (sabiendo que teníamos razón) a revelar sus mentiras.
Por todas estas razones, ELA insiste en que la Ley Tapia es un instrumento para imponer infraestructuras con una gran oposición ciudadana, que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud, y que benefician a intereses privados. No nos sorprende, ya sea un proyecto público o privado, ¿cuándo a dejado el Gobierno Vasco de defender los intereses privados de las empresas, aún por encima del interes común de la ciudadanía?