“Muy pocas residencias gastan más de 6 ó 7 euros por día y residente en comida”
Manuel Rico, periodista y autor del libro ‘¡Vergüenza! El escándalo de las Residencias’, realiza una inquietante y oscura fotografía de las residencias de ancianos en el Estado español. Un sector con una escasez endémica de personal, falta de control público sobre el servicio que prestan y ejecución de prácticas de ingeniería fiscal para reducir el pago de impuestos. El cuidado de las personas mayores se ha convertido en un gran negocio, fuera del control público, que está provocando terribles consecuencias asistenciales, laborales y sociales.
¿Qué diagnóstico haces de la situación de las residencias de personas mayores en el Estado español?
La situación es una auténtica vergüenza. Las residencias están infrafinanciadas y tienen menos personas empleadas de las que deberían. La intensa privatización va acompañada de recortes de personal y deficiencias en la calidad de la asistencia.
Para el capital privado es un negocio redondo puesto que recibe financiación pública, sin apenas control por parte institucional. Con el agravante de que incluso la Fiscalía ha hecho caso omiso de las denuncias pertinentes acaecidas en cada comunidad.
Todo ello da como resultado una situación catastrófica porque abre las puertas a la mercantilización de los cuidados de las personas mayores.
“Zahar-etxeetarako ez dago ez finantziazio, ez langile nahikorik. Pribatizazio gogorra hedatzearekin batera lantaldea murriztu dute eta arretaren kalitateak okerrera egin du”.
En tu libro denuncias que la situación se ha agravado, aún más, desde la entrada de multinacionales y fondos de inversión en el sector.
Con unos tipos de interés persistentemente bajos y unas tasas de crecimiento escasas, el sector de los cuidados ofrece a los inversores privados una combinación única: el mercado crece sin descanso y el cliente más importante es el Estado, que siempre paga, incluso en tiempos de crisis.
Hay mucho beneficio y no hay control. Así las cosas, inversores anónimos se están haciendo con una parte relevante del negocio de la asistencia y evaden impuestos sobre sus beneficios obtenidos con dinero público, trasladando sus ganancias a territorios off-shore.
De esta manera, una cantidad creciente del gasto público en cuidados va a parar a las arcas de las empresas transnacionales, que se apropian, así, de una parte importante de la infraestructura social del país.
Denuncias que las administraciones están descuidando la atención a las personas mayores que necesitan cuidados.
Evidentemente esta situación es posible porque los gobiernos dejan que el proceso siga su curso y no establecen normas mínimas de calidad en la atención a los ancianos y ancianas.Existe una enorme falta de control sobre los servicios que realmente prestan estas multinacionales.
Este panorama se repite por toda Europa: hay muy pocos inspectores y están sobrecargados. En el Estado español, por ejemplo, había a finales de 2019 poco más de 200 inspectores para controlar más de 5.200 centros.
No es de extrañar que las empresas crezcan sin parar en el mercado europeo. En el Estado, casi el 89% de las residencias están gestionadas por empresas privadas. En Gran Bretaña la cifra es del 76% y en Alemania del 43%.
“Egoitzetan gertatu zen heriotza kopuru handiaren arrazoia izan zen Lehen Arretak zahar-etxeei bizkar emanda diharduela, eta bi sektoreen arteko koordinaziorik ez dagoela. Protokoloek eragotzi egin zuten medikuek berehala esku-hartzea, eta lantaldea urriegia zen”.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Tradicionalmente, el cuidado de las personas mayores era una tarea caritativa de las iglesias y los municipios. Una situación que cambió en la década de los noventa del siglo pasado, cuando la necesidad de plazas creció fuertemente en una sociedad envejecida, y la mayoría de los gobiernos siguieron la creencia de que las empresas privadas podían realizar las tareas públicas de forma más eficiente que el estado o las organizaciones sin ánimo de lucro.
Esto comenzó en el Reino Unido y Francia, y más tarde fue seguido por la mayoría de los países de Europa Occidental. En torno a 1995 se introdujeron en España los conciertos y las primeras adjudicaciones para gestionar de forma privada residencias de titularidad pública.
Miles de ancianos y ancianas fallecieron en las residencias durante la pandemia. ¿A qué fue debido, en tu opinión, esta tragedia?
He estado con numerosos familiares que sufrieron la pérdida de un ser querido durante la pandemia y todos coinciden en poner el foco en tres aspectos fundamentales. Primero: una Atención Primaria que estuvo de espaldas a la vida de las residencias y falta de coordinación entre ambos sectores. Segundo: la responsabilidad política, con unos protocolos que impidieron la intervención médica inmediata. Y, finalmente, la responsabilidad empresarial, con una plantilla deficitaria de personal.
“Administrazioak balizko lau eginkizun ditu: Zerbitzua arautu, zerbitzua eskaini, zerbitzua ikuskatu eta arauak betetzen ez direnean zigortu. Zerbitzua eskaintzeari uko egin diote eta esku pribatuetan utzi dute, baina beste hiru eginkizunak ezin ditu albo batera utzi”.
¿Quién controla el sector de las residencias en el Estado?
Los ocho gigantes del sector son fondos de inversión (DomusVi, Orpea, Vitalia Home y Colisée); dos son multimillonarios españoles (Ballesol y Clece); otro francés (Amavir), y el último, Sanitas, entidad británica sin ánimo de lucro.
La Iglesia mantiene una gran alianza con estas grandes multinacionales, adquiriendo el principal papel operador en el sector con 40.000 plazas vinculadas a las congregaciones de monjas. Hermanitas de los Ancianos Desamparados (14.408 plazas en 114 centros), Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (3022 plazas en 43 centros) y Hermanitas de los Pobres (1586 plazas en 22 centros).
¿Y en el País Vasco y Navarra?
El grupo que más plazas gestiona es DomusVi, con 1197 camas. Detrás le siguen Caser (812 camas), Sanitas (768 camas), Colisée (262 camas), Clece (254 camas) y Ballesol (119 camas).
En Navarra el grupo que más plazas gestiona es Amavir, con 639 camas. Le sigue Sanitas, con 241 camas, y DomusVi, con 138 camas.
El papel de la Iglesia también cobra su relevancia. Las Hermanitas de los Pobres gestionan un centro en Bilbao, mientras que las Hijas de la Caridad gestionan tres residencias. Papel destacado tienen las Hermanitas Hospitalarias, que gestionan cuatro residencias bajo la marca Aita Menni (tres, de titularidad foral).
En Navarra, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados tiene tres centros, con 259 camas en total. Las Hermanitas de los Pobres llevan una residencia y las Hijas de la Caridad gestionan otra.
Parece evidente que el papel de la Iglesia en este ámbito muestra una terrible alianza con las grandes fortunas y las multinacionales.
Bizkaiko Egoitzetako langilea: “Pertsonak duintasunez ez tratatzearen sentsazioa dut, lana destajuan egitearen sentsazioa. Beti dago hutsune handia plantillan, beraz, txandak bikoiztu behar ditugu. Oso estresagarria da psikologikoki eta fisikoki. Horren ondorioz, pertsona batzuk gaixotu egiten dira, eta hori bukatzen ez den soka bihurtzen da, horrek lagun gehiago falta izatea dakarrelako. Ondorioak egoiliarrek ordaintzen dituzte, fabrika bateko piezak balira bezala tratatzen direlako. Eta hori guztia arrazoi argi batengatik: enpresak langileen kostuak murrizten saiatzen dira, errentagarritasuna handitzeko. Eta Administrazioak beste aldera begiratzen du. Lankide askok uko egiten diote lan honi, ezin dutelako jasan”.
Volvamos a la responsabilidad de la Administración. ¿Qué debería hacer en relación a los cuidados y qué esta haciendo?
La Administración tiene cuatro posibles funciones: regular el servicio, prestar el servicio, inspeccionar el servicio y sancionar los incumplimientos. Las administraciones han renunciado a prestar el servicio, derivándolo a la gestión privada. Y aunque de las otras tres funciones restantes no puede renunciar, en la práctica, está ausente.
La falta de inspecciones o sanciones fuertes contribuyen a que este negocio siga creciendo.
“Erabiltzaileen eta hauen senideen oso ohiko kexua da otorduak kaskarrak direla. Arraroa da egoitzek eguneko eta pertsonako 6-7 eurotik gora gastatzea”.
¿Cuáles son los pilares que sustentan este lucrativo negocio?
En primer lugar, el dinero público. Las empresas privadas tienen tres formas de financiarse con dinero público: la gestión indirecta de un centro, la concertación de plaza o la prestación económica vinculada a un servicio o cheque-residencia.Cualquiera de las formas elegidas dan como resultado que estas empresas viven gracias al dinero público.
En segundo lugar, la precariedad laboral. El principal gasto de una residencia son los costes laborales, que dependen de la plantilla (ratios) y de salarios.
En cuanto a los ratios, solo cuatro territorios están por encima del 0,5% (ratio total): Baleares, Araba, Gipuzkoa y Andalucía (estas dos últimas, en plazas concertadas). El Acuerdo estatal por un Nuevo Modelo de Residencias contempla un ratio de 0,31 cuidador/a para el 2024 y de 0,43 para el 2030. La plataforma Estatal de Familiares propone, por su parte, un ratio mínimo de 0,80 cuidadores/as.
En cuanto a los salarios y a la jornada laboral, el convenio estatal establece una jornada de 1792 horas anuales, y el salario base de una gerocultora en el año 2021 fue de 13.960 euros.
Los convenios de Bizkaia y de Gipuzkoa son mucho mejores gracias a las luchas impulsadas y sostenidas por ELA. En Gipuzkoa: 1592 horas anuales y salario base para el 2022 de 23.506 euros. En Bizkaia: 1592 horas anuales y salario base en 2020 de 20.451 euros.
En tercer lugar, la mala alimentación. Después de los gastos de personal, el otro gran coste de una residencia es la comida. Una de las quejas más frecuentes de usuarios/as y familiares es la baja calidad y/o escasez de los alimentos. Es muy difícil encontrar residencias que gasten más de 6 ó 7 euros por día y residente en alimentación.
Y en cuarto lugar, los centros residenciales. El tamaño y el tipo de habitaciones son dos cuestiones que afectan directamente al negocio. En el conjunto del Estado los centros menores de cien plazas son el 76,1%; el 77%, en Euskadi, y el 79,4%, en Navarra. Las grandes empresas quieren rentabilizar al máximo espacio y recursos, de forma que intentan siempre que el mayor número de habitaciones dobles esté garantizado. Pero esto atenta directamente contra el derecho a la intimidad de los mayores, aunque lo intenten vestir de integración social.
“Ardura duten gobernu eta administrazioek urratsak egin behar dituzte talde handi hauek ez dezaten sektore hau baliatu kontrolik gabeko etekin iturri bihurtzeko. Administrazioek mozkinen gehienezko muga ezar dezakete; Europar Batasunak ere ez luke aitzakiarik jarriko”.
¿Dónde se produce la mayor violación de los derechos de las personas, tanto residentes como trabajadoras?
En las residencias en manos de los grandes grupos o fondos buitres. En sus páginas web no engañan, van a lo que van: a conseguir grandes beneficios con los mínimos costes. Y eso, cuando se habla de ladrillo, puede estar bien, pero en este sector se está tratando con personas, añadiendo su gran vulnerabilidad.
Hay que dar pasos desde los distintos gobiernos y administraciones competentes para que estos grandes grupos no vean en este sector un gran yacimiento de beneficios sin control. Las Administraciones pueden fijar un tope de beneficio industrial y ni siquiera la Unión Europea podría poner excusas a ello.
“Baikor izan nahiko nuke: sektorea hobetzeko tartea badago, baina horretarako borroka, borroka eta borroka behar da. Egoerari aurre egin behar zaio, egungo errealitatea eskandaluzkoa baita”.
¿Qué papel deben jugar los sindicatos y organizaciones sociales para cambiar esta situación?
A mí me gustaría dar un mensaje de optimismo: hay camino para la mejora del sector, pero eso pasa por pelear, pelear y pelear.
En los últimos años las trabajadoras de las Residencias de Gipuzkoa y de Bizkaia han protagonizado duros y largos conflictos que supusieron un salto adelante en cuanto a condiciones laborales y pusieron en el centro del debate la calidad del servicio que se está prestando. Esa es la línea en el ámbito sindical. No queda otra.
También me parece interesante que se vayan tejiendo alianzas entre sindicatos, asociaciones de familiares y de pensionistas.
Así mismo, yo animo a presionar para que los grupos políticos promuevan reformas legislativas. Y en el ámbito judicial, a utilizar de forma sistemática la vía contenciosa en cada incumplimiento institucional.
Hay que plantar batalla porque la situación actual es un auténtico escándalo.