100 años: De la huelga de La Canadiense al pensionazo

Nuestras madres y padres nos legaron la jubilación a los 65 años, y la siguiente generación a la nuestra heredará ese logro reducido y vapuleado, si no lo remediamos en los próximos tiempos

Hace justamente un siglo, más de 3.000 obreros se hacinaban en los calabozos del castillo de Montjuic (Barcelona), detenidos por el Ejército español después de que el Gobierno del conde de Romanones decretara el estado de guerra para obligar a las personas en huelga a volver al trabajo. Casi nadie hizo caso, y la represión se recrudeció, principalmente en Barcelona, hasta límites hoy difícilmente imaginables.
La situación social era explosiva, y como bálsamo para frenar el ímpetu revolucionario de la clase trabajadora, el ministro de Trabajo del rey Alfonso XIII se vio obligado a dictar varios decretos. El más famoso de ellos fue el que fijó la jornada laboral de ocho horas diarias, una efeméride cuyo centenario se ha recordado estos días en muchos medios de comunicación. No obstante, el otro decreto, el que por primera vez fijaba la edad de jubilación en 65 años, ha sido bastante menos recordado. Quizá porque esa conquista, de la que también se cumple un siglo, fue hace pocos años arrebatada de nuevo a la clase trabajadora, precisamente por los mismos representantes políticos y sindicales que dicen defenderla.

RECORTE DE DERECHOS

Efectivamente, el 27 de enero de 2011, UGT, CCOO y el Gobierno de Zapatero acordaron un recorte general de las pensiones que retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, además de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de los 15 a los 25 últimos años cotizados, entre otras medidas.

Con la excusa de salvar las pensiones, las empezaron a suprimir, poco a poco, apelando a la teoría del mal menor que tan pésimos resultados ha dado siempre a la clase trabajadora.

Luego vino el Gobierno de Rajoy, que desligó la revalorización de las pensiones del IPC e impuso el llamado factor de sostenibilidad, otra artimaña para recortar las cuantías a percibir durante la jubilación. Mientras aquel frío enero de 2011, UGT, CCOO y Zapatero empezaban a cavar la tumba de las pensiones, ELA, LAB y otros sindicatos llevaron a cabo una huelga general que sigue siendo una referencia de resistencia contra unos recortes que semana a semana, ocho años después, siguen combatiendo muchas asociaciones de pensionistas de Euskal Herria.

¿Cómo puede ser que una conquista social tan importante como la jubilación a los 65 años fuera alcanzable en 1919 y un siglo después parezca imposible de recuperar? Para encontrar la respuesta, quizá lo más apropiado sea retroceder un siglo y conocer el grado de movilización y compromiso de una clase trabajadora consciente de sus posibilidades, de que la utopía no estaba tan lejos... pero también muy realista sobre las opciones existentes: nada vendría dado sin lucha. Ni la jubilación a los 65 años ni la jornada de ocho horas cayeron del cielo ni fueron graciosas cesiones de Alfonso XIII.

Gurasoengandik jaso genuen erretiroa 65 urterekin hartzeko araua. Gure ondorengo belaunaldiak lorpen hura murriztuta eta hondatuta jasoko du, konpontzen ez badugu.

LA SEMILLA DE LA MOVILIZACIÓN

La épica del centenario arranca el 5 de febrero de 1919, cuando se inicia la huelga de la empresa Barcelona Traction Light and Power, más conocida como La Canadiense por la nacionalidad de su primer accionista. Sin embargo, el contexto previo es importante. La Revolución Soviética de 1917, la fallida revolución socialista de Alemania (que le costó la vida a Rosa Luxemburgo en 1919) y la efervescencia del anarquismo ibérico (350.000 afiliados a la CNT) fueron el telón de fondo de grandes protestas sociales como la que protagonizaron las mujeres catalanas ante la inflación de los productos básicos, o las revueltas del campo andaluz en agosto en 1918.

En ese escenario, varios oficinistas de La Canadiense fueron despedidos por reclamar su salario en febrero de 1919. La fábrica producía la fuerza eléctrica para toda la metrópoli barcelonesa (entonces 700.000 habitantes), desde su central ubicada en la avenida del Paralel. Todavía hoy sus tres antiguas chimeneas sobresalen por encima de los edificios de una de las zonas más emblemáticas de la capital catalana, como vestigios de una época de grandes luchas obreras. Hay quien las conoce como el ‘skyline’ de los desfavorecidos.

Al grito de “igual trabajo, igual salario”, la CNT convocó una huelga que el 21 de febrero se extendió por toda Barcelona, a pesar de que UGT no la secundó. La ciudad quedó a oscuras, faltaba el suministro de gas y escaseaba el agua. El Gobierno central optó por militarizar las fábricas para garantizar los suministros, declarando el estado de guerra para reclutar forzosamente a las plantillas en huelga. La gente desobedeció, y más de 3.000 personas fueron encarceladas en Montjuic.

Sin embargo, la huelga no decayó, hasta que la dirección de La Canadiense tuvo que aceptar siete condiciones: readmisión de los despedidos, aumento de sueldos, garantías para evitar represalias, jornada de ocho horas, abono del jornal íntegro en caso de accidente, 50.000 pesetas en indemnizaciones, y los salarios perdidos durante la huelga.
El 19 de marzo, más de 20.000 personas aceptaron desconvocar la huelga, una vez liberados todos los trabajadores encarcelados, en un histórico mitin-asamblea que llenó la plaza de Toros de Barcelona, ocasión en la que Salvador Seguí se erigió para siempre en un mito del anarquismo.

VICTORIA POPULAR

El triunfo de la clase trabajadora desencadenó la ira de la patronal, que acusó de debilidad al Gobierno. Fue el inicio del pistolerismo en las calles de Barcelona, los rompehuelgas, el Somatén y otras historias siniestras... Tras 44 días de huelga, y con el 70% de la actividad de Cataluña paralizada, el Conde de Romanones se dio cuenta de la fuerza obrera e implantó por ley la jornada de ocho horas con el decreto del 3 de abril de 1919.

Mucho más oculto suele quedar el recuerdo del decreto real que implantó la jubilación a los 65 años, promulgado el 11 de marzo de 1919, y que también obedece a la presión que sufría el Gobierno ante las crecientes movilizaciones obreras, cuyo mayor exponente en aquel momento fue la huelga de La Canadiense. Autores como Juan Baró Pazos han recalcado la importancia de aquel conflicto barcelonés (“marcó un antes y un después”) en la lucha por las pensiones públicas.

En todo caso, el Gobierno ya estaba para entonces trabajando sobre el llamado Retiro Obrero Obligatorio, una medida que ya se estaba implantando en otros países europeos. Alexander Elu Terán, en su estudio sobre las primeras pensiones públicas en el Estado español, subraya que “la obligatoriedad del seguro social de vejez ofrecía algunas ventajas como instrumento de pacificación social”. Por un lado, se fijó la jubilación a los 65 años -con adelanto para “las profesiones agotadoras”-. En otros países, el retiro estaba entonces fijado en los 70 años (Gran Bretaña), 65 (Bélgica) ó 60 (Francia).

Además, aquel decreto sobre Retiro Obrero fijaba las cuantías y las fuentes de financiación para aquellas rudimentarias pensiones. Se trataba de una fórmula de capitalización, es decir, cada persona trabajadora acumulaba individualmente unas cantidades que luego iba cobrando una vez llegada la jubilación (cabe recordar que el sistema actual es de reparto: las pensiones se abonan con los ingresos que ese mismo año entran en el sistema mediante cotizaciones de las personas empleadas).

Otra diferencia sustancial es que todas las personas trabajadoras entre los 16 y los 65 años tenían garantizada la misma cuantía para su pensión: una peseta diaria a partir de su jubilación. Dicha cantidad era aportada por dos fuentes distintas, el Estado (una peseta por mes trabajado) y la patronal (3 pesetas por mes trabajado). En 1919, por tanto, en el primer ensayo de la jubilación en el Estado español, las personas trabajadoras estaban exentas de costearse su propia pensión, lo que por un lado explica la virulencia con que las empresas se opusieron a dicha medida, pero también ilustra la fuerza con que el movimiento obrero se empeñó en esta lucha social.

Orain dela mende bat, Espainiako Gobernuak (Alfonso XIII ordukoa erregea zen) 65 urteko jubilazioa legez onartu zuen, eta pentsioak, lehen aldiz, indarrean jarri zituen, langile guztientzat. Akaso errege haren neurri aurrerakoia ote zen, bere bihotz-onaren froga? Ezta pentsatu ere. Bartzelonako La Canadiense lantegiaren 44 eguneko greba erraldoiaren ondorio zuzena zen. Orduan posiblea zena, zergatik ia ezinezkoa ikusten dugu gaur, ehun urte geroago? Eta are larriagoa: ehun urte eutsi ondoren, nola onartu dugu jubilazioaren adina 67 urtera arte atzeratzea?

COMPROMISO INTERGENERACIONAL

Llegados a este punto, no estaría de más interpelarnos a nosotras mismas sobre la responsabilidad generacional que recae sobre nuestras espaldas. Y no es una pregunta cómoda. Nuestras madres y padres nos legaron la jubilación a los 65 años, y la siguiente generación a la nuestra heredará ese logro reducido y vapuleado, si no lo remediamos en los próximos tiempos. “Aita, ¿por qué el abuelo se jubiló a los 65 años y yo me jubilaré a los 67?” No es una pregunta que queremos escuchar. Hay tarea, por tanto.