Presupuestos para los servicios públicos, ojalá
Sin embargo, las partidas presupuestarias del 2026 muestran lo contrario. En Educación el presupuesto apenas aumenta en 8 millones respecto al presupuesto actualizado de 2025. En Salud, aumenta en 182 millones. Esa cantidad es la que se anunció para cubrir las deficiencias existentes el año pasado, no una nueva partida para fomentar mejoras. Además, las partidas en Educación y Sanidad están lejos de alcanzar las medias europeas, ya que en 2025 se destinó a Educación el 3,81% del PIB (4,7% en la UE), y en Salud, el 5,05% (7,6% UE).
Además de las cantidades, hay que analizar el modo en que se gastan esas partidas, y lo que se concluye es que los servicios públicos siguen siendo para las instituciones un ámbito de negocio. Lo llaman colaboración público-privada. En consecuencia, más de 100.000 personas trabajan prestando servicios esenciales (cuidados, tercer sector, limpieza, energéticas...) en empresas privadas que reciben dinero público y obtienen beneficios a costa de precarizar las condiciones laborales y limitar esos servicios. Los presupuestos no hacen más que avalar esa estrategia.
Recordemos que el Gobierno Vasco es la mayor ETT, con el 42% de temporalidad: en Osakidetza hay 27.000 personas temporales y en Educación 25.000. Se deben consolidar las plantillas, y eso requiere más recursos y voluntad política. Los servicios tampoco mejorarán si no se reducen las ratios entre personas trabajadoras y paciente/alumnado/ciudadano para responder a una población cada vez más diversa, envejecida y con mayores necesidades.
Todo ello cuando las condiciones laborales del personal de Lakua (con alguna excepción como la Ertzaintza o Educación) siguen a la baja. Desde 2022-2025, la subida salarial ha sido un 8% menor que el IPC. El Gobierno sigue escudándose en que es Madrid quien decide. Si esto fuera así, ¿por qué el personal público del estado tiene un salario distinto al del Gobierno Vasco?
El acuerdo de investidura entre PNV y el PSOE como las propuestas del Gobierno en sectores como Educación o Ertzaintza muestran que si hay voluntad, o se fuerza mediante huelgas, se encuentran fórmulas para decidir aquí dichas condiciones. Fórmulas que, si no se establecen para todos los colectivos, el propio Gobierno discrimina a unos colectivos respecto a otros. Por ejemplo, mientras en Osakidetza el personal lleva 15 años sin renovar su convenio, en la Ertzaintza, aún siendo notablemente mejorables, se han actualizado.
Por ello, si Pradales y d’Anjou quieren reforzar los servicios públicos, es fundamental que los presupuestos introduzcan las siguientes mejoras: Por un lado, se necesita un incremento significativo de la inversión que revierta la privatización de los servicios, empezando por los cuidados, y equipare la inversión sanitaria y educativa a la de la UE. Por otro lado, necesitamos unos presupuestos que garanticen que las condiciones de trabajo se determinen aquí, marquen las necesidades de empleo y se consolide al personal temporal, cerrando la puerta a la privatización.
Si hay voluntad, se buscan fórmulas para ello. Ejemplo de ello es que el propio proyecto de ley del presupuesto establece una disposición para cubrir y consolidar puestos de difícil cobertura en Osakidetza. ELA quiere que esa voluntad se amplíe a otros colectivos, así como recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2022, mejora de ratios, acabar con el exceso de burocracia y aliviar las cargas de trabajo.
Por último, en euskera hay que incluir una partida que garantice la euskaldunización del personal, y se necesitan partidas económicas para acordar planes de igualdad y de rejuvenecimiento de las plantillas.
Sin esas medidas, los presupuestos de 2026 no fortalecerán los servicios públicos, sino que servirán para que se debiliten aún más. Ojalá pudiera dar la razón al Lehendakari y al consejero de Hacienda y Finanzas.