Xabi Anza

Yo estaba con Azpiazu. Ya lo recordarán. Allá por mayo, al consejero de Hacienda se le fue un poco la pinza y dijo que había que subir el impuesto de sociedades, que en Euskadi los beneficios de las empresas se gravan poco, y que hay que ser solidarios.

En la campaña previa a las elecciones que le llevaron a su investidura puso en circulación dos ideas que ha repetido machaconamente hasta la actualidad. La primera dice que una eventual modificación del estatus político vasco debe hacerse de manera “transversal”, que es su manera de decir que al menos uno de los dos “grandes” españoles (PSOE o PP; Podemos no existía ni existe a este respecto) deben estar en el acuerdo. La segunda idea es que para modificar ese estatus, hay que seguir un procedimiento: diálogo, negociación, acuerdo y ratificación. Es decir, que el “pueblo” soberano, sólo debe aparecer al final del proceso, para ratificar un acuerdo que debe fabricarse previamente entre élites políticas.

El lunes Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia, se planta en la prestigiosa London School of Economics para seducir con las ventajas fiscales que su territorio ofrece a las empresas. Frente al Brexit Bizkaigetin pero subvencionado.

Y aquí estamos, sacudidos por los nuevos episodios de corrupción: empresas públicas y privadas, altos cargos políticos, el propio PP, las fiscalías, ministros y el propio sistema judicial…

Hauteskundetan aurkezteko gonbita egiten ari zaizkigunei erantzuteko asmoz, hona erantzun moduko argumentario txiki bat.

Una de las cuestiones más llamativas de los frustrados debates de investidura que se suceden en el parlamento español consiste en su simetría imposibilitante. El PP (con el apoyo de C´s) busca el apoyo pasivo del PSOE y no lo consigue. El PSOE, unos meses antes (y también con el apoyo de C´s), se automutila negándose a buscar apoyos a su izquierda. Los acuerdos con C´s, en ambos casos, tienen que ver con cuestiones socioeconómicas y de regeneración democrática. Y a partir de ahí, lo que se escenifica, como bien señala Anton Costas (La Vanguardia, 7 de septiembre), es una contienda ad hominem, es decir, Sánchez contra Rajoy o Rajoy contra Sánchez. Quién es más corrupto, quién la tiene más…

Una de las prácticas más insorportables e indeseables de las que acontecen en el sistema de medios de comunicación es la preeminencia del llamado “periodismo de declaración”. Cada día, abundan los espacios, los minutos, las imágenes y las páginas impresas sobre lo que los diversos agentes sociales, económicos y políticos dicen, lo cual, muy a menudo, nada tiene que ver con lo que realmente hacen. Esta práctica periodística ha contaminado, en muchos casos, a los propios informadores y gabinetes de prensa de la clase política. En otros casos, esos gabinetes son impulsores entusiastas de esa forma de periodismo, lo que supone un importante ahorro de recursos para el conjunto del sistema mediático.

Durante las últimas semanas ha decaído bastante la cobertura informativa sobre Cataluña en los medios de comunicación vascos, sobre todo a partir de la investidura del nuevo presidente Carles Puigdemont. Las semanas anteriores a ese evento, sin embargo, y sobre todo en los medios abertzales y públicos, la cobertura fue sensacional. Esa oleada tuvo como principal argumento si las CUP, finalmente, debían otorgar o no su apoyo a la investidura de Artur Mas. Y en relación con las CUP y con el dilema político que se les presentaba, quisiera llamar la atención sobre tres posicionamientos muy dispares que se han explicitado, en mi opinión, en el seno del abertzalismo.

A cuenta de la polémica en torno al concierto económico he realizado una pequeña investigación. Que me perdonen mis compañeros economistas. Espero no meter mucho la pata.

El universo soberanista está desconcertado. Se percibe el momento como una ventana de oportunidad propiciada por diferentes factores: la crisis múltiple de estado (bipartidismo, corrupción, austeridad…), el espejo de Cataluña y Escocia, la amplia mayoría por el derecho a decidir recién acreditada en las urnas, el fin de la lucha armada, el clamor por la regeneración democrática… Pero, paradójicamente, el derecho a decidir parece estar fuera de la agenda política.