Jornada de huelga en las residencias de Álava

Las movilizaciones comenzaron hace tres años, lo que ha permitido constituir en septiembre la mesa negociadora de residencias y viviendas comunitarias. Sin embargo, la patronal sigue bloqueando la negociación apostando por la precarización. Así, ofrece unas condiciones laborales inferiores a las de Bizkaia o Gipuzkoa. De hecho, la patronal quiere que cuando finalice el convenio en 2026, el salario mensual sea de 1.220 euros (sin ninguna garantía del IPC) y se establezca jornadas de 1.742 horas.
Los sindicatos no están dispuestos a aceptar esas condiciones, porque perjudica a la plantilla y a las personas residentes. Exigen un incremento del 50% en todas las categorías, garantizando el IPC para 2022 y el poder adquisitivo a toda la plantilla, y un descenso de 200 horas en la jornada para el 2022. “Mientras no quieran sentarse a negociar para dignificar el sector, las trabajadoras seguiremos en las calles y seguiremos luchando”, remarcan.