ELA exige a las empresa que no contraten a las mutuas para la gestión de las contingencias comunes
El secretario general Adolfo Muñoz “Txiki” y las responsables del área de salud laboral, Leire Txakartegi y Leire Heredia han denunciado la connivencia de las mutuas con los empresarios hora de interpretar y aplicar la normativa y perseguir a las trabajadores y trabajadoras. A su juicio, las mutuas han ido ganando cada vez más competencias y poder. Reforma tras reforma, han ido asumiendo más funciones que correspondían al sistema público sanitario, sobre todo en la gestión de las contingencias comunes. Se estima que más del 50% de las empresas de Hego Euskal Herria tiene concertadas las contingencias comunes con las mutuas. Se ha ahondado así en la privatización del sistema de salud.
Las últimas reformas (reforma laboral y de pensiones) no han hecho más que confirmar esta tendencia de aumento de poder y control por parte de las mutuas. Al día de hoy éstas son sus competencias, entre otras:
- La gestión de las contingencias profesionales, incluidas la prestación sanitaria, farmacéutica, tramitación y pago de la prestación, etc.
- Control en las contingencias comunes (citaciones, propuesta de pruebas diagnósticas rehabilitadoras, propuestas de alta y el alta a efectos económicos en casos de incomparecencias).
- Gestión del bonus, rebaja de las cotizaciones de la Seguridad Social.
- Gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y lactancia natural.
Este proceso privatizador de asunción de mayores competencias y de defensa de sus intereses corporativos está afectando asimismo a los trabajadores y trabajadoras de las propias mutuas. Más allá de rechazables actitudes personales y prácticas impropias, tenemos que denunciar que están siendo objeto de recortes en sus condiciones laborales, trabajando bajo una presión creciente y por objetivos. Todo esto está derivando en un progresivo deterioro de la calidad del servicio que están prestando, con el consiguiente riesgo para la salud de la clase trabajadora.
Infradeclaración y negocio.
Para ELA, a práctica habitual de no reconocimiento del origen laboral de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales por parte de las mutuas es una realidad sangrante en Hego Euskal Herria. En muchas ocasiones las mutuas están recurriendo las propias decisiones de enfermedad profesional de la Seguridad Social obligando a la persona enferma a judicializar el tema.
Las mutuas están primando su propio negocio privado sobre la función pública que tienen encomendada legalmente, que es la de velar por la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras de las empresas asociadas. Esta práctica irregular ha llevado a que la diferencia acumulada entre los ingresos y gastos del sistema mutual del Estado Español fuera de 5.000 millones de euros en 2010. Esta situación es de escándalo. El propio Tribunal de Cuentas concluyó (informe nº 829 de 2009) que “la gestión y las prácticas contractuales de las mutuas no se ajustan a los principios de objetividad y transparencia a los que deben adecuarse los sujetos integrantes del sector público estatal”.
Evidentemente el coste sanitario de todo lo que no es asumido por las mutuas se traslada al sistema sanitario público, financiado por el conjunto de la población vía impuestos. Así, tal como acaba de concluir un reciente estudio, el coste para el sistema sanitario público de las enfermedades de origen laboral no atendidas por las mutuas ronda los 106 millones de euros en la CAPV. (No tenemos datos de Navarra)
Consecuencias para los trabajadores y trabajadoras
Son muchas las prácticas abusivas en que están incurriendo las mutuas:
- No reconocimiento del origen laboral de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, derivando a los trabajadores y trabajadoras al sistema sanitario público.
- Control de la Incapacidad Temporal, con reintegración temprana al trabajo de las y los trabajadores emitiendo altas indebidas, así como ordenando tratamientos médicos alternativos de dudosa base médica, todo ello como política de reducción de las prestaciones económicas al máximo posible.
- No reconocimiento del riesgo durante el embarazo, no interviniendo sobre el origen del riesgo y en muchos casos, forzando la derivación a baja común.
- Tramitación del BONUS de las empresas con el objeto de reducir el “coste a las empresas” rellenando los formularios exigidos sin participación real de las y los delegados de prevención.
- Indefensión de la persona trabajadora por la connivencia entre las mutuas y los servicios de prevención.
En aquellos casos en que la empresa tenga contratada con la mutua la gestión de las enfermedades comunes, a esta lista habría que añadir los efectos derivados del control de dichas bajas. En estos casos, la mutua somete a la persona trabajadora a una continua presión (citaciones continuas de asistencia obligatoria, propuestas de alta prematuras…), en una clara e inaceptable intromisión en las funciones de los servicios médicos del sistema público de salud.
Nuevo acuerdo en la mesa de diálogo social en Madrid en este punto
Para ELA, el acuerdo alcanzado en materia de mutuas por CCOO, UGT y la patronal española en la mesa de diálogo social supone una nueva vuelta de tuerca que ahonda en la privatización del sistema de salud y genera aún mayor indefensión a las y los trabajadores. En concreto, han trasladado al Gobierno su acuerdo para que elabore una regulación de la mutuas basado en los siguientes principios, entre otros:
a) Mejorar el cuidado de la salud de las y los trabajadores y contribuir a la competitividad de las empresas. Para su desarrollo, plantean:
- Incentivar a las empresas para la mejora en la prevención de riesgos laborales
- Un programa específico para la gestión de la incapacidad temporal, basado en:
- La colaboración de las mutuas con el INSS y los servicios públicos de salud para el control de los procesos y su acortamiento.
- La fijación de objetivos e indicadores períodicos y mensurables, de mejora de la gestión.
- Repercutir en las empresas mutualistas los ahorros derivados de las mejoras de gestión y reducción de cargas burocráticas.
b) Promover el desarrollo de la participación efectiva de las asociaciones empresariales y sindicales más representativas en los órganos de dirección de las mutuas.
c) La elaboración de un ratio de evaluación del absentismo tanto en el sector público como en el privado con el objetivo de eliminar el absentismo injustificado.
Todo esto supone:
- Mayores competencias para las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común.
- Ahondar en la privatización del sistema público de salud. Se plantea para ello la colaboración entre las mutuas y el INSS.
- Priorizar la “competitividad de las empresas”, es decir, ayudarles a recortar el absentismo y las bajas. Todo ello casa muy mal con el pretendido objetivo de “mejorar el cuidado de la salud” de trabajadoras y trabajadores.
- Plantear indicadores numéricos para ir recortando el número de bajas y su duración. Es decir, se prima el criterio económico frente al sanitario.
- Se abre la puerta a que los ahorros derivados de las “mejoras de gestión” repercutan en las empresas . ¿Se está hablando de una posible reducción de las cotizaciones sociales?
- Se habla asimismo de “incentivos a las empresas” para la mejora en la prevención de riesgos laborales, es decir, para que cumplan la ley.
Por tanto, los sindicatos integrantes de la mesa de diálogo social abren la puerta, una vez más, a un mayor empoderamiento de las mutuas, a cambio, supuestamente, de su participación en las Juntas Directivas de las mutuas.
Cuestionamos la efectividad y los efectos positivos de esta mayor participación. Quieren asumir un mayor poder institucional en este ámbito. La pregunta que se plantea es para qué quieren esa participación.
Objetivos de la campaña:
ELA:iniciará el 25 de enero una campaña de denuncia del a actuación de las mutuas. En las próximas semanas se repartirán miles de hojas informativas y se trasladará a la negociación colectiva la exigencia a la empresa de no contratación de las mutuas para la gestión de las contingencias comunes.
ELA emplaza a los Gobiernos de la CAPV y de Navarra para que desarrollen las políticas públicas necesarias para defender un sistema público e integral de salud, Osakidetza y Osasunbidea, que abarque la prevención y la reparación de los daños a la salud, tanto en el trabajo como fuera de él, y que proteja del mismo modo a quien tiene empleo y a quien no.
Exige, también, que llevan a cabo el control necesario sobre las mutuas que actúan en nuestro territorio.y solicitar que los excedentes de los fondos de las mutuas que actúan en Hego Euskal Herria vengan aquí directamente, para poder decidir sobre su destino en nuestro ámbito.