Alazne Alonso: "Por un derecho público y universal a ser cuidado"

Todas las personas necesitamos de algún tipo de cuidado en algún momento de nuestras vidas, para hacer cosas tan básicas como asearnos, alimentarnos... Sin embargo, algo que en un principio debiera ser reconocido como un derecho universal de todas las personas, el derecho a ser cuidadas, no lo está siendo, ni lo será. No será reconocido como un derecho universal a pesar de que el Gobierno Español esté anunciando que va a establecer un nuevo derecho universal de dependencia y a pesar del acuerdo alcanzado por el Gobierno Español con CCOO, UGT y la CEOE. Este acuerdo marca la dirección que tendrá el futuro Sistema Estatal de Dependencia, y según lo que se plantea en el mismo no se va a ofrecer una cobertura universal y pública.

En el acuerdo no se garantiza ningún derecho real, ya que los contenidos son muy genéricos. Lo que sí queda claro es que se establecerá un sistema de copago, es decir, se plantea un sistema en el cual la financiación pública es complementada con aportaciones de las personas beneficiarias del servicio (o personas dependientes). Por tanto, no es cierto que se establezca un nuevo derecho universal, esta afirmación es falsa.

Si el objetivo fuese establecer un sistema universal de dependencia, éste debería cubrir a todas las personas dependientes sin exclusión. Sin embargo lo que se desprende del acuerdo es precisamente lo contrario, la no universalidad. Se excluye a las personas inmigrantes de recibir un servicio, sin embargo sí se cuenta con la aportación de este colectivo (que paga sus impuestos) para la financiación de esta cobertura. Además, también excluye al colectivo de personas dependientes menores de 3 años. ¿Qué pasa con las personas de estos colectivos que padezcan algún tipo de discapacidad?

El nivel de gasto que señala el gobierno para cuando entre en vigor todo el sistema es del 1% del PIB, porcentaje que es irrisorio e insuficiente para cubrir todas las necesidades que hay.

La entrada en vigor total del acuerdo se producirá en el 2015, este plazo parece más una tomadura de pelo que otra cosa. ¿Qué pasa con todas las personas mayores y con discapacidad qué hoy en día necesitan atención?

Por lo que se refiere a la atención de las personas dependientes, el acuerdo no garantiza que la cobertura sea pública, ya que abre la vía de la privatización al recoger en el mismo que se regulará el desarrollo de seguros privados de dependencia, lo que supone reconocer la insuficiencia de los derechos públicos. Con todo esto lo que queda patente es que en ningún caso se está ofreciendo una cobertura pública.

El acuerdo invade la competencias de las instituciones de Navarra y de la CAPV en esta materia, que son exclusivas. Se plantea que la ley que regule la atención a la dependencia sea una Ley Básica, de modo que se acaben con las diferencias territoriales que existen en esta cobertura, además de la homogeneización de estos servicios.

Parece que con este acuerdo los firmantes estén más preocupados por prohibir que en algunas Comunidades se mejoren los derechos de estas personas que por solucionar los problemas de éstas.

Por lo tanto, del contenido del acuerdo se sacan dos conclusiones claras. Por un lado, que las personas en situación de dependencia van a seguir sin tener derecho a recibir un cuidado por parte de las instituciones, y por otro, que las mujeres seguirán siendo las que se hagan cargo de las personas con dependencia. No habrá igualdad para las mujeres mientras sigan estando obligadas a cuidar, y con acuerdos como éste se sigue perpetuando la desigualdad que sufren las mujeres.

Es necesario que tanto en la CAPV como en Navarra se aborden sendas leyes de dependencia, que garanticen los derechos reales al cuidado de todas las personas en situación de dependencia, creando para ello un sistema público y universal en Hego Euskal Herria. Las instituciones vascas deben rechazar la participación en el sistema estatal de dependencia.

Alazne Alonso. Responsable del área de la mujer de ELA