El desmantelamiento de la administración pública vasca
En las últimas semanas hemos sido testigos de numerosos ataques a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del Gobierno Vasco. Desprestigiar a los y las funcionarias es un tópico recurrente y fácil. Y es, además, útil en una situación económica difícil, como la actual, ya que lo que sus impulsores buscan es situar en el centro del debate una discusión tan perversa como falsa: “los y las funcionarias son unos privilegiados que deben rebajar sus condiciones de trabajo en solidaridad con el resto de trabajadores y trabajadoras”.
Quienes promueven la discusión en estos términos pretenden dar por buena una premisa que es falsa. Mediante esta premisa se pretende insinuar que “la aceptación de una rebaja en las condiciones de trabajo de los y las funcionarias tendría como consecuencia directa una mejora de las condiciones de trabajo del resto de la sociedad”. Y añaden que, “de no aceptar esta rebaja, los y las funcionarias mostrarían su condición de trabajadores insolidarios con quienes peor lo pasan”.
Esta discusión pretende ocultar algunos de los aspectos más importantes de esta crisis como es que la flexibilidad extrema de nuestro mercado laboral hace que sean los y las trabajadoras precarias (más de un 30% de la población asalariada) la primera consecuencia de esta crisis. Así, en el Estado el aumento del paro en los últimos meses (un millón de personas más paradas, hasta llegar a tres millones) se ha producido en su mayoría por finalizaciones de contratos eventuales o por despidos improcedentes. Esa flexibilidad es fruto de una decisión política y ha sido impulsada por las patronales y asumida por los Gobiernos. Y como no quieren hablar de esto, que es responsabilidad directa de ellos, entre otras cosas porque ya claman a favor de una nueva reforma laboral, pretenden desviar la atención a un tema mucho más jugoso, como es una solidaridad mal entendida entre trabajadores y trabajadoras con empleo fijo (los y las funcionarias) con respecto a los que no lo tienen.
Que sea la Patronal privada la que encabeza este debate no es de extrañar, lo que chirría es que este ataque venga liderado por el propio Gobierno Vasco, y más en concreto por la Vicelehendakari, responsable de la función pública de este país. ¿ Qué sentido tiene? La respuesta está, sin duda, en el ataque sostenido en el tiempo que desde el propio Gobierno Vasco se lleva a cabo desde hace años para desmantelar lo público.
Este Gobierno ha ido deshaciendo la Función Pública sustituyéndola por Sociedades públicas, Entes públicos de derecho privado y, en la última fase, en Agencias; (organismo inventado por el PSOE en el Estado e inmediatamente aplicado por el Gobierno Autónomo con verdadero entusiasmo y generosidad). De este modo desmantelaron HABE, las Escuelas Agrarias, el SIMA, etc. Y ahor, crean Agencias como Medio Ambiente, Meteorología, Turismo y otras que tienen en mente como el Instituto Vasco de Finanzas.
Respecto a la política de personal, se han ido desregulando exigencias legales, como la supresión de la obligatoriedad de convocar Opes anuales tras los correspondientes concursos de traslados (modificando la Ley de Función Pública). Y han utilizado la minoría sindical para imponer por Decreto su nefasto modelo de Análisis funcionales que desvirtúa la carrera administrativa y los conceptos retributivos. También por Decreto han impuesto las llamadas Áreas funcionales, anuladas por los Tribunales, pero que el Gobierno Vasco “cuela” por la vía de los hechos. Y han impuesto la “entrevista conductual” para tener manos libres en adjudicaciones de comisiones de servicio y concursos de traslados, ahora también anuladas por el TSJV. El objetivo de todo esto es uno: desregular para poder manejar a su antojo.
La plantilla de la Administración General del Gobierno Vasco no desarrollamos nuestro trabajo en ámbitos tan visibles como la salud, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana. Pero trabajamos velando por algo fundamental, como es la garantía de los y las ciudadanas, individual y colectivamente, para que sus asuntos (becas, subvenciones, concesión de licencias, inspecciones diversas) gocen de una tramitación y resolución adecuadas a la legalidad, con objetividad, en condiciones de igualdad y al margen de la discrecionalidad del poder político de cada momento. No somos instrumentos al servicio de los políticos de turno sino de todos y cada uno de los ciudadanos, es decir, de la sociedad.
La garantía del puesto de trabajo, que para algunos resulta “anacrónica”, es un elemento imprescindible que permite desarrollar el trabajo bajo criterios de legalidad y de trato igualitario a la ciudadanía, con independencia frente al poder político. Este derecho fue, en su día, un logro democrático de control frente a las veleidades y abusos del poder político, el cual, tras un cambio de gobierno cesaba a la plantilla completa del anterior y contrataba a los afines a su ideario. No es pues, un privilegio.
El derecho al mantenimiento del puesto de trabajo de los y las funcionarias, junto con el acceso a la administración bajo los principios de capacidad, igualdad y mérito, son los pilares que garantizan el libre ejercicio de los derechos de los y las ciudadanas. Es seguramente esto, lo que lleva al poder político a ir minando esta figura ante la opinión pública. Desprestigiar para poder desmantelar la función pública, sin oposición y casi con satisfacción. Y, al mismo tiempo, promover la creación de entidades que no exigen control político, económico, ni en el acceso del personal, ni en las subcontrataciones.
La desregulación del mercado de trabajo, promovida por las patronales y aceptada por el Gobierno, es también objetivo del poder político, en su faceta de patronal pública. Esta campaña calculada y minuciosamente ejecutada durante años, tiene como objetivo ir erosionando lo público, tanto en lo referido a los modos de gestión interna, como externamente, en los servicios que ofrecen a la sociedad. Este afán de adelgazar esconde la inconfesable intención de eliminar los obstáculos legales que les impiden actuar según sus propios intereses.
Merced Villa Sánchez
Delegada de ELA en el Gobierno Vasco