El puerto de Pasaia, otro error
Una vez que las instituciones han decidido construir el superpuerto de Pasaia se dan a conocer datos relevantes, como el ingente coste de la infraestructura. Parece el mundo al revés. Pero esto no es sino parte de un proceso en el que se ha negado el debate social respecto a la necesidad de abordar una obra de tanto calado.
Las instituciones no han argumentado sus posiciones, ni discutido las razones ofrecidas por quienes rechazamos el proyecto. No ha existido participación ciudadana, imponiendo un proyecto que una parte muy importante de la sociedad rechaza. Una vez más, una actitud muy poco democrática.
Las razones para oponerse a esta nueva megainfraestructura son fundadas. En primer lugar, no hay motivos económicos que justifiquen un gasto de esta naturaleza. Ni el Puerto actual está saturado ni se cumplen las previsiones realizadas en años anteriores respecto al aumento de los movimientos de mercancías. Bastan dos datos para justificar estas afirmaciones:
- En 2007 el tráfico de mercancías fue de 5,07 millones de toneladas, notablemente por debajo de los 5,96 millones registrados en 2003.
- El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios indica que la capacidad de movimiento del puerto supera las 12 millones de toneladas.
En segundo lugar, existen razones medioambientales. La obra se pretende construir en una zona protegida. No se ha elaborado la Evaluación Conjunta del Impacto Ambiental (ECIA). Ningún documento oficial ha analizado las consecuencias medioambientales del Plan. Eso sí, se pretende hacer creer a la población que nos encontramos ante un “ecopuerto” (¿qué es eso?).
En los últimos años han sido múltiples las carencias en materia medioambiental del actual Puerto de Pasajes. Además, se ha convertido en un almacén de materiales de acerías, originando ocupación de espacio y perjuicios medioambientales. El futuro puerto mantiene esta función no portuaria que, además, es contraria a la tendencia internacional.
La actual coyuntura económica debería ser una razón más para poner en tela de juicio un proyecto cuyo coste estimado es de 2.500 millones de euros. Llama la atención que se decida semejante dispendio económico, que contrasta con los menos de 900 millones de euros del presupuesto total de gasto de la Diputación de Gipuzkoa para 2009.
La actual fase económica exige un cambio radical de rumbo. Las políticas neoliberales nos han llevado al punto en el que estamos. Y son estas políticas las que hay que cambiar. Entre ellas la alocada carrera de construir enormes infraestructuras que no dan respuestas a las necesidades económicas y sociales, y que tienen consecuencias irreparables.
Pero las instituciones vascas no están por la labor de cambiar el sistema, no quieren modificar las políticas. Por eso insisten en su nefasta política fiscal y en su cicatera política de gasto social.
El superpuerto de Pasaia es más de lo mismo. ELA reclama un cambio radical de las políticas presupuestarias. Es necesario aumentar el gasto social. Se requieren más derechos sociales (en servicios sociales, en el tramo de 0 a 3 años, en la sanidad pública, en vivienda, etc.), lo que conlleva mucho más gasto público.
El gasto en servicios públicos tiene claras ventajas respecto a las infraestructuras: supone una mejora de la calidad de vida de la gente, impulsa un modelo económico sostenible, y genera muchísimo más empleo.
Un ejemplo: la comparación del coste del Puerto de Pasaia con otras alternativas. Los 2.500 millones de euros (dando por buena la cifra oficial) es un valor equivalente a todo lo que se gasta en la CAPV en un año en la suma de la actividad extrahospitalaria pública (ambulatorios o centros de salud), de la actividad hospitalaria (pública y privada) y residencias (públicas y privadas).
Es obvio que la atención sanitaria y las residencias benefician muchísimo más a la población que un Puerto innecesario. También está claro que las actividades sociales son bastante más sostenibles.
Mención aparte requiere el argumento de que hay que defender el puerto porque genera empleo. El argumento es muy frágil. ¿Hay que defender cualquier actividad que genere empleo? Por ejemplo, las actividades fraudulentas, delictivas y mafiosas generan empleo. ¿Hay que mantenerlas por eso? No todas las actividades económicas merecen la misma valoración. No es lo mismo crear empleo en fábricas de armas (por ejemplo, se ha prohibido la fabricación de las bombas de racimo) que en guarderías.
No todas las actividades generan el mismo número de empleos. Dando por buenas las “previsiones”, más que dudosas, la construcción del superpuerto generará 3.000 empleos durante nueve años. En los tres sectores sociales antes citados trabajan más de 40.000 personas, con lo que el potencial de empleo del gasto social es un 50% superior al de la construcción del Puerto.
La conclusión y posición de ELA es clara: no hacer el Puerto y aumentar el gasto social, para mejorar el bienestar de la gente y generar más empleo en actividades sostenibles.
Mikel Noval
Xabier Perez Herrero