El personal funcionario, garantía de la sociedad
Curiosamente, esta campaña se inició por la Vicelehendakari , responsable del funcionariado de este país.¿ Qué sentido tiene que quien debe, en teoría, defender a los trabajadores y trabajadoras de pública se ponga al frente de un ataque sin fundamento contra ellos para poner a la sociedad en su contra? Pues porque esta campaña no es objetiva ni neutral y, sobre todo, no es casual.
No es casual que este gobierno haya ido deshaciendo la Función pública sustituyéndola por Sociedades públicas, Entes públicos de derecho privado y últimamente en Agencias, organismo inventado por el PSOE en el Estado e inmediatamente aplicado por el Gobierno Autónomo con verdadero entusiasmo y generosidad .Así, antes, desmantelaron HABE, las Escuelas Agrarias, el SIMA, etc y ahora crean Agencias como la del Agua , Medio Ambiente, Meteorología, Turismo y otras que tienen en mente como el Instituto Vasco de Finanzas.
No es casual, respecto a la política de personal, que se haya ido desregulando exigencias legales, como la supresión de la obligación de convocar OPEs anuales tras los correspondientes concursos de traslados (modificando la ley de función pública),jugando con la minoría sindical, en una actitud verdaderamente antidemocrática, para imponer por Decreto su nefasto modelo de Análisis Funcionales que desvirtúan la carrera administrativa y los conceptos retributivos.
No es casual tampoco que por Decreto impusieran igualmente la llamadas Áreas Funcionales que fueron anuladas por los Tribunales pero que ellos “cuelan” por la vía de los hechos. Asimismo impusieron la “entrevista conductual” para tener manos libres en adjudicaciones de comisiones de servicio y concursos de traslados, ahora también anuladas por el TSJV y modifican las Relaciones de puestos de trabajo a su antojo sin motivar los cambios para obtener esos mismos efectos.
No es casual que los trabajadores y trabajadoras laborales lleven desde el año 2001 sin convenio y el personal funcionario desde 2005( este último impuesto con la minoría sindical), despreciando la negociación colectiva y a la representación sindical democráticamente elegida por trabajadores y trabajadoras.
No es casual que el incremento del 3,5% de este año se haya convertido en casi una cuestión de estado, cuando en realidad se trata de una subida generalizada del 2%, un 1% pactado hace años a percibir hasta que las pagas extras coincidan con el mundo laboral. Todo trabajador, excepto el personal funcionario tienen doble paga los meses de junio y diciembre. Respecto al 0,5%, impuesto por la Administración Vasca en contra de la mayoría sindical, va a un fondo de pensiones de nueva creación (ITZARRI). Prefirieron gobernar en solitario una pequeña EPSV a adherirse a una ya implantada hace años en otras administraciones vascas ( ELKARKIDETZA), simplemente porque no la podrían controlar a sus anchas.
Los funcionarios y funcionarias no defendemos solo algo tan evidente como la salud, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana.....sino que defendemos primordialmente algo tan transcendental como la garantía de los ciudadanos, individual y colectivamente, de que sus asuntos y problemas ( becas, concesión de licencias, inspecciones diversas) van a gozar de una tramitación y resolución adecuadas a la legalidad, con objetividad, en condiciones de igualdad y al margen de la discrecionalidad del poder político de cada momento. No somos servidores ni instrumentos al servicio de los políticos de turno sino de todos y cada uno de los ciudadanos, es decir, de la sociedad.
La inamovilidad del puesto de trabajo, que para alguno resulta “anacrónico”, proporciona al personal funcionario la garantía imprescindible de su propia independencia frente al poder político, en aras del ejercicio de sus funciones en libertad, sometido únicamente a la legalidad y al trato igualitario del ciudadano en su aplicación de la misma.
Si ahora nos encontramos con situaciones de acoso laboral, no hay que tener mucha imaginación para suponer lo que sería en el caso que, sin esa garantía, el puesto del trabajador y trabajadora públicos estaría exclusivamente en manos de la voluntad del político, lo que irremediablemente nos llevaría a un despotismo laboral bajo el cual se anularían las garantías del ciudadano.
No es, pues, un privilegio el derecho vitalicio al mantenimiento del puesto de trabajo y por tanto, no solo no resulta socialmente inaceptable sino que, bien al contrario, la sociedad debe exigir la conservación del sistema y, también que el acceso y la carrera se realicen con escrupuloso respeto a los principios de mérito, capacidad e igualdad bajo el imprescindible de objetividad.
De esta responsabilidad e independencia del trabajador público se deriva “la necesidad” del poder político de ir minando esta figura ante la opinión pública con el fin de que vayan “tragando” el desmantelamiento de la Administración y acepten de buen grado, casi con satisfacción la creación de entidades que no exigen tanto control del político que las crea, ni en el acceso de personal, ni en los controles económicos, ni en los procedimientos a seguir, etc.
En una frase, quieren justificar su afán de poder incontrolable en que el funcionariado es una figura obsoleta e incluso insolidaria con la sociedad cuando la realidad es que su propia función es la de protección de la misma, ejecutada con rigor y solo bajo los mandatos de la ley.
En definitiva, el derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo fue, en su día, un logro democrático frente a las veleidades y abusos del poder político cuyos diferentes gobiernos cesaban a los trabajadores del anterior y contrataban a los afines a su ideario, resultando, por tanto, esta campaña absolutamente calculada, minuciosamente ejecutada y con el objetivo antidemocrático de eliminar los obstáculos legales y actuar según sus propios intereses coyunturales.
Merced Villa Sánchez
Delegada de ELA en el Gobierno Vasco