Sigue el estado de excepción (Astekaria 138, iritzia)

Si la reacción del gobierno y los tribunales ante la lista de Herritarren Zerrenda era un test de la salud democrática del régimen español, la decisión del Tribunal Constitucional ha sido la última prueba de este chequeo. El resultado no puede ser más negativo y muestra que, como se podía temer, el cambio de gobierno no ha traído la necesaria regeneración democrática. Saca pecho, en cambio, el pacto antiterrorista como expresión del consenso de que, cuando se trata de temas que afectan a Euskal Herria, todo vale.

Curiosamente, la anulación de esta candidatura popular coincide con la publicación del Informe anual de Amnistía Internacional que, en el apartado referido al Estado español, se hace eco de las amenazas a la libertad de expresión y de reunión en el País Vasco, llama la atención sobre las acusaciones de torturas en sede policial y denuncia la reforma legal que amplía la incomunicación de las personas detenidas. Gravísimas denuncias que importantes medios de comunicación españoles "con el "progresista" El País a la cabeza" han pasado por alto. Parece que una cosa es clamar contra la vulneración de derechos humanos que "otros" practican en la guerra de Irak y otra denunciar las que practican "los nuestros" "sean policías, políticos o jueces" en la guerra propia. Lo que pueda enturbiar siquiera mínimamente el consenso "antiterrorista" queda proscrito.

Evidentemente, esta situación nada tiene que ver con un estado de derecho. Las cerca de cincuenta mil personas que han promovido la lista HZ, quienes la integran y quienes son privados de poder votarles, están en teoría en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Y sin embargo, de hecho, tales derechos les son arrebatados. No, como se dice, por el estado de derecho, sino por el estado de excepción.

Porque el núcleo del llamado pacto antiterrorista es el acuerdo de PP y PSOE en que el estado tiene que actuar con todos los medios a su alcance contra ETA y contra su "entorno" (enemigo difuso en el que el estado termina incluyendo a personas y proyectos que nada tienen que ver con la violencia), y que todo lo que se haga contra ese magma (torturar, clausurar, ilegalizar, encarcelar...) bien hecho estará y nadie pedirá cuentas por ello.

Es un estado de excepción de facto, que convierte en gente sin derechos a las personas y colectivos que el poder decide en cada momento. Porque un sistema que niega a las minorías el derecho a expresarse políticamente no es democrático, por mucho que tenga la apariencia y la estructura formal de un estado de derecho.